¿Más responsabilidad o más trámites?

20/09/10 Según la autora, con el dinero que recauda por distintos permisos para obras, que aumentaron hasta el 500 %, el Gobierno de la Ciudad podría implementar un sistema eficiente de controles.

POR MAGDALENA EGGERS - ARQUITECTA, EXPERTA EN NORMATIVA

Cuando ocurre un accidente salimos a buscar culpables: el ciudadano culpa al gobierno, el gobierno culpa a los profesionales responsables, y los profesionales responsables culpan al sistema.

El ciudadano propone medidas, el gobierno aprueba algunas medidas y los profesionales cumplen cada vez más medidas. Es la forma en que se solucionan las cosas en la ciudad de Buenos Aires.

Con cada infortunio, el Estado agrega acciones que los profesionales deben cumplir, no por su rol de actor responsable ante la sociedad, si no para traspasarle el problema a otro; porque cada requisito que se incorpora tiene por objetivo deslindar responsabilidades.

Así pasó con la exigencia de Factibilidades de Servicios provistos por las empresas proveedoras de servicios públicos, con el Registro de Demoledores y Excavadores –que dicho sea de paso demostró que no servía, por el simple hecho de que los que se registran no necesitan contar con incumbencia profesional ni capacitación alguna sobre el tema– y con la consulta obligatoria para saber si el Gobierno quiere catalogar una propiedad. Los profesionales tenemos que hacer cada vez más trámites, en lugar de ser el mismo Gobierno el que establezca en qué zonas se debe incrementar la infraestructura urbana, ejercer el control suficiente sobre las medidas de seguridad en las obras, o confeccionar un catálogo de edificios a proteger que involucre concepto de ámbito patrimonial, catálogo cultural o piezas individuales a proteger con un sentido más abarcativo que la antigüedad de una edificación.

Llueven nuevas propuestas, como las verificaciones al momento de la excavación. Que si no las hacen especialistas, significan un trámite más y una responsabilidad menos para la gestión de turno.

Pero no nos desanimemos, porque hay solución: este año el Gobierno incrementó un 415% (sí, lo que antes se cobraba $ 5,86/m2 ahora cuesta $ 30,14/m2) los Derechos de Construcción, que sirven para sostener el sistema de Registro e Inspección de Obras. Con ese dinero se podría incrementar al triple (seamos benévolos) la cantidad de personal abocado al Registro y todos sus trámites, de manera que el profesional consiguiera el Permiso de Obra, si tiene la documentación completa, en el acto (como dice la ley), y pueda disponer de todo ese tiempo que ahora le lleva esto para controlar mejor su obra. También se podría aumentar al triple la cantidad de inspectores –todos profesionales con matrícula acorde– y sobraría dinero para capacitarlos y que adquirieran conocimientos concretos sobre qué controlar. Quedaría todavía dinero para adecuar al edificio del Gobierno en donde se exige el cumplimiento de normas de seguridad en toda la ciudad, para que éste mismo las cumpla, dando ejemplo a la ciudadanía.

Además de lo que ya se recauda desde este año en concepto de impuesto a los residuos áridos, que se supone es para implementar un destino razonable a los deshechos de las obras.

A nivel urbano también tenemos buenas noticias: se agregó un valor de consulta a las obras a realizar en zonas de Protección Histórica (que antes no se cobraba, por ser la consulta un requisito obligatorio), a razón de $ 1/m2 de la obra a analizar. A juzgar por la cantidad de trámites, lograríamos en un par de meses que un equipo capacitado efectuara un relevamiento de toda la ciudad, para que por fin el Gobierno pudiera completar el Catálogo de predios a proteger, al que lo obliga el Código de Planeamiento Urbano, teniendo en cuenta que a fin de año vence el plazo que fija la Ley 3.056 (por el que cada propietario debe hacer su propia consulta).

También a partir de julio de este año, las consultas de enrase (que hasta hace unos años costaban $ 200), ahora cuestan $20/m2, así que por un típico edificio de 2.000m2 hay que pagar unos $ 40.000. Con el dinero proveniente de esos trámites se debería encarar un estudio serio (manzana por manzana) a nivel de planificación para toda la ciudad. Así, en pocos meses estaría disponible una propuesta a conciencia de rezonificación, algo que a los vecinos les cuesta años cambiar y que deja como resultado parches aislados a modo de manotazos de ahogado.

Para las habilitaciones también hay dinero: respecto de la Ley Tarifaria del año 2005, el costo de las solicitudes tuvieron un fuerte incremento, ya que variaron entre el 200% y el 500% de acuerdo a la superficie a habilitar. De esa manera, el sistema de Permisos y Verificación de Habilitaciones acrecienta sus arcas y podría capacitar al personal y duplicar (otra vez seamos contemplativos) la cantidad de inspectores en la calle.

Así, por fin podríamos tener un Estado que pueda controlar y regular lo que hoy está en manos del mercado y de algunos profesionales inescrupulosos.