Por Lucía Álvarez y Gustavo Sarmiento
El gobierno porteño aún no reglamentó la Ley 3562, creada especialmente para verificar obras y evitar tragedias como la que ocasionó el desplome del gimnasio de Villa Urquiza. La responsabilidad recae actualmente en la AGC.
A un año del derrumbe del gimnasio Orión en Villa Urquiza, que dejó tres muertos y una decena heridos, la causa judicial sigue abierta y sin procesamientos. En este tiempo, al menos otras seis personas fallecieron y unas 30 terminaron lesionadas por falta de controles a las obras impulsadas por el boom inmobiliario. Pero el síntoma más grave es la desidia del gobierno porteño para modificar el problema de raíz: la gestión PRO continúa sin aplicar la Ley 3562 que regula las inspecciones en demoliciones y excavaciones, y que fue sancionada por la Legislatura en septiembre del año pasado, tras el derrumbe del boliche Beara, en el barrio de Palermo. La norma significó una respuesta expeditiva de los diputados porteños ante la situación de emergencia, pero tal como explicaron a este diario desde la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la autoridad de aplicación, a casi un año de su publicación en el Boletín Oficial, todavía está sin reglamentar. “Se está convocando a los consejos de profesionales”, argumentaron.
La ley determina cuándo y cuántas inspecciones deben realizarse y crea un Registro Público de Demoledores y Excavadores que nunca se puso en marcha. Además detalla responsabilidades del representante técnico en la supervisión de la obra, incorpora sanciones para los propietarios en caso de no contratar una empresa inscripta en el registro y obliga a la AGC a publicar en su sitio web los expedientes de cada construcción.
Como un modo de compensar el retraso, voceros de la agencia alegaron haber ampliado los controles y subrayaron la creación de un móvil barrial de obras cuyo objetivo es recolectar las denuncias de vecinos. Sin embargo, la eficacia de este sistema está en duda. Desde abril de 2011, el único vehículo a disposición recorrió construcciones sólo de las comunas 5, 6, 12, 14 y 15, clausuró 16 de ellas y labró casi 30 actas de infracción
“El problema es el mismo. El ejecutivo no ha implementado medidas transcendentes y no consigue ordenar la recepción de denuncias, que siguen dispersas”, aclaró la presidenta de la Comisión de Planeamiento urbano de la legislatura porteña, la diputada Silvina Pedreira. Por su parte, Stella Romero, de la asociación “Salvemos Villa Urquiza” alertó: “Hace un mes hice una denuncia de una obra que no tiene pantalla de protección, por lo que le cabe clausura automática. Saqué fotos, mandé el mail, y al día de hoy sigue igual. Como esa hay miles”.
Días después del derrumbe del Gimnasio Orión, esa ONG presentó en la Legislatura, junto con la Defensoría del Pueblo, un pedido de informes sobre permisos de construcción y controles, que se respondió recién la semana pasada. “El nivel de comunicaciones y coordinación de la AGC es un desastre. Por ejemplo, en Ceretti al 2000 clausuraron una obra por falta de pantallas de protección. En abril violaron la norma y siguieron entrando materiales. Llamé a la fiscalía y vino la policía, que levantó un acta. Cuando estábamos todos en la puerta vino un inspector de la AGC. Dijo que venía a ver la obra por la denuncia que yo había hecho meses atrás y que ya estaba clausurada”, contó.
La Ley 3610 creó la comisión que preside Pedreira, para la reforma del Código de Edificación. De esa revisión, que busca soluciones en el largo plazo, participan la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Consejos de Profesionales, funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y la Defensoría del Pueblo, que impulsó esa reforma.
La UOCRA informó a Tiempo Argentino que cada semana denuncia, con carácter de urgente, unas cinco obras de demolición y excavación. Las advertencias son enviadas al gobierno porteño, aunque no reciben respuesta. “El Ejecutivo no tiene estructura dinámica ni coordinación entre las áreas. Nosotros somos sólo 13 personas, que llegamos a ver la totalidad de las obras en Capital, de forma permanente, cosa que ellos no hacen”, indicó a este diario una fuente sindical. “Ciudad sacó gran propaganda diciendo que habilitaba un teléfono para denuncias, pero el problema no es recibirlas, sino qué se hace con eso. El tema está en que las cajonean”, agregó. <
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