http://www.lanacion.com.ar/1353145-demoliendo-buenos-aires
Pablo Sirvén
LA NACION
Sábado 26 de febrero de 2011
Los extremos sociales, ricos y pobres, parecen haberse complotado para llevarle la contra a un conocido eslogan porteño ("construyendo Buenos Aires") al plasmar en la práctica una versión maximizada del clásico "Demoliendo hoteles", de Charly García, que sería "demoliendo Buenos Aires".
Avanzar por muchas calles porteñas equivale a mirar una dentadura infantil donde los dientes de leche se caen y en su lugar asoma una sonrisa pícara llena de agujeros. Percibir esas ausencias en medio de las hileras de construcciones, en cambio, se asemeja más a una mueca triste donde los espacios vacantes lloran melancolía por los edificios y casas de distintas épocas y procedencias estilísticas que ya no están.
En su eliminación, se llevan consigo para siempre fragmentos valiosos de la identidad de un barrio y sustraen referencias estéticas que conformaron buena parte de un paisaje visual, arquitectónico y cultural que impregnó nuestras vidas. La sensación es dual porque a la tristeza que provoca ver cómo desaparecen para siempre huellas de las generaciones que nos precedieron, se superpone la alegría de comprobar que la ciudad está viva y que la construcción, que tantas fuentes de trabajo demanda, atraviesa una nueva era de esplendor.
Pero todo crecimiento que no es racionalmente conducido, como un niño que es librado a sus propios instintos y caprichos, sin los cuidados de un mayor, se expone a más riesgos que felicidades.
Refiere Horacio Salas en su libro El Centenario (Planeta, Buenos Aires, 2009) que hace un siglo el historiador Enrique Ves y González vio con gran clarividencia lo que nos sucedería a los porteños de hoy en materia edilicia. "En el año 2010 -aseguraba- todo será completamente nuevo. Un habitante de la época actual apelaría en vano a sus recuerdos porque nada habría quedado en pie." Hasta aquí bastante acertado, pero se equivoca en las razones. "Esa demolición implacable -pretende adivinar- no tendrá el menor asomo de vandalismo. Habrán sido sencillamente exigencias imperiosas de las severas fórmulas de edificación."
Las noticias de los últimos tiempos relacionadas de una u otra manera con esa furia por demoler, que no encuentra límites, llegan hasta el exceso trágico: las habilitaciones irregulares, las inspecciones precarias y la vista gorda para que cada quien haga lo que le plazca con el acervo edilicio de la ciudad que ya produce víctimas y daños concretos, graves e irreversibles. Los muertos en el gimnasio de Villa Urquiza y en el boliche de la avenida Scalabrini Ortiz; la pluma que perdió sustento en Las Cañitas y cayó sobre edificios en los que provocó muy serios destrozos, pero milagrosamente ninguna víctima, y los tres balcones que se desprendieron de un edificio de Lanús Oeste son demasiadas evidencias de que algo no funciona bien. Es que la ansiedad codiciosa por lograr de cada metro cuadrado la máxima rentabilidad, en el menor tiempo posible, corre a mayor velocidad que la defensa del bien común.
No hay más que caminar un poco para ver cómo Buenos Aires se desprende aceleradamente de sus tradicionales ropajes para ponerse otros más convencionales y baratos, menos distinguidos, cuando no más feos. Viejas casonas, petit hoteles y casas chorizo son volteados aquí y allá, mientras otras tienen sus ventanas y puertas tapiadas con cemento y ladrillos para que ningún "okupa" anide dentro de ellas. Baldíos, empalizadas de lata con inscripciones que nos anuncian nuevos emprendimientos, camiones que van y vienen de tremendos pozos que hacen temblar o fisuran las edificaciones aledañas dan cuenta de un colosal movimiento de tierra que no es producto de ningún fenómeno natural, sino de la picota pertinaz del hombre que busca arrancar de cada solar la mayor ganancia.
Aunque hay varios organismos nacionales y de la ciudad creados para custodiar el patrimonio urbano, falta voluntad política para hacerlos funcionar a rajatabla, y pesan más los intereses económicos en juego. La Dirección de Interpretación Urbanística, que depende del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, aprueba qué tipo de intervenciones pueden hacerse sobre el patrimonio, privado o público, que esté protegido. Es su responsabilidad crear las APH (áreas de protección históricas) y catalogar edificios, monumentos o plazas. Hay, incluso, una norma temporaria que impide tirar abajo edificaciones anteriores a 1941.
"Deberían realizar un relevamiento del patrimonio de toda la ciudad, pero no hay intención de hacerlo -apunta Santiago Pusso, vicepresidente de la ONG Basta de Demoler, conocida por sus activas acciones para preservar edificaciones significativas-. El Ministerio de Cultura ha sido prácticamente relegado de las decisiones por la actual gestión, que es complaciente con la destrucción. A nivel nacional, es la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos quien regula sobre el patrimonio protegido, pero se ha mostrado inactiva en casos de demoliciones de patrimonio desprotegido, y complaciente y falta de autoridad en casos de patrimonio protegido, por ejemplo el Palacio de Correos." En efecto, quienes hayan pasado cerca del edificio (rebautizado por el kirchnerismo como Centro Cultural del Bicentenario) verá con horror cómo ha sido arrasada buena parte de sus maravillosos interiores hasta convertirlo en una suerte de cáscara vacía donde sólo quedan en pie las paredes externas y poco más.
El paisaje urbano se resiente. La proliferación de comercios y cartelería en plantas bajas trastocan el ecosistema residencial y a cambio brindan un aspecto de mercado persa en el que todo se entremezcla. El desorden avanza por las veredas y las calles: los acampes estacionados en paseos públicos con grupos en protesta ya no llaman la atención; macizos mojones intentan preservar de atentados como el de la AMIA; a los árboles les arman alrededor aparatosos corralitos de cemento o de rejas y hasta las bicisendas defienden sus estrechos territorios de los autos con gruesos cordones amarillos.
No por casualidad, la World Monuments Fund incluyó al casco céntrico porteño entre los "sitios en riesgo 2010", un listado de cien sitios culturales mundiales en peligro.
Las depredaciones arquitectónicas se dan en los extremos sociales, mientras la clase media se lamenta en voz baja o mira para otro lado: donde fluye el dinero en cantidad, los proyectos faraónicos de châteaux (con discutibles detalles de ornamentación y columnas y portales artificiales de escenografía hollywoodense), edificios con amenities (comodidades de lujo extras) y hoteles boutiques (chiquitos, pero con onda) ambicionan las mejores ubicaciones, no importa lo que haya que desarmar para lograrlo.
Donde el dinero, en cambio, falta para cubrir las necesidades más vitales, el instinto capitalista se abre paso salvajemente para usurpar terrenos y hacer realidad el sueño de ser propietario, acicateado por la morosidad de las autoridades en regular el uso del espacio público. Algunos no lo hacen para conseguir su primer techo, sino que son pobres que pretenden rentas miserables de otros más pobres. La Presidenta llegó a ponderar un verdadero absurdo: el crecimiento hacia arriba de la villa 31, en edificios de varios pisos muy precariamente construidos, que un día podrían venirse abajo como castillos de naipes.
Así, en una punta y la otra del arco social, la depredación se da a la vista de todos, espasmódica y anárquica, sin pautas armónicas con sus respectivos entornos, naturalizando que los derechos más elementales en materia de preservación de la ciudad sean arrasados con impunidad.
La ausencia de un criterio regulado por el Estado suplantó el eclecticismo tradicional de Buenos Aires (la rica fusión articulada de estilos arquitectónicos de distintas procedencias, que plasmaba en ladrillos nuestros orígenes tan diversos de variadas inmigraciones) por una suerte de cocoliche cada vez más venido a menos. Se ensancha la brecha edilicia entre pobres y ricos también geográficamente: los barrios de categoría se agrupan en el norte de la ciudad; el Sur se empobrece por la miseria ostensible o asordinada.
En el siglo XIX, a "la gran aldea" no la caracterizaba la belleza. Décadas de enfrentamientos, guerras entre el interior y Buenos Aires y una ley de capitalización que tardó sangre, sudor y lágrimas en salir determinaron que la "Reina del Plata" se desperezara muy despaciosamente antes de decidirse a crecer con brío y con pretensiones de reflejarse en el espejo europeo.
Una serie de felices coincidencias -la gestión en la municipalidad de Torcuato de Alvear, inspirado en el modelo francés y con la ayuda inestimable del creativo paisajista Carlos Thays; las políticas de Estado continuadas en el período 1880-1930 y el continuo ir y venir a París, por placer o para encarar estudios o negocios por parte de la más alta aristocracia porteña- tuvieron efectos monumentales sobre la arquitectura de la principal ciudad-puerto del país, que hacia el Centenario ya se enorgullecía de sus colosales palacios públicos y privados (los edificios del Congreso y Tribunales, el Teatro Colón, el Correo Central, las residencias suntuosas de las familias patricias). Así, al original estilo colonial español se fueron sumando los aires del neoclasicismo europeo con entremezcladas brisas francesas, italianas e inglesas. Esa exuberancia arquitectónica que fue adquiriendo la ciudad sumó después el Art Nouveau, el Art Déco y el racionalismo, entre otras corrientes arquitectónicas.
Cuando se pasan las páginas de los dos enormes volúmenes de Bustillo/Un proyecto de arquitectura nacional (Fundación YPF, Buenos Aires, 2010), que concentran la frondosa y esencial obra arquitectónica que legó al país el arquitecto Alejandro Bustillo (1889-1982), se aprecian postales entrañables y fácilmente identificables por cualquier argentino como el complejo Casino y Hotel Provincial, de Mar del Plata; el Centro Cívico y el hotel Llao Llao, de Bariloche; la sede central del Banco Nación, frente a la Plaza de Mayo; el Museo de Bellas Artes y tantas más. Se nota en Bustillo una idea fuerza que trasciende a cada uno de esos edificios. "La obra -solía decir- habla al que sabe verla, ella se defenderá por sí misma."
Marta Levisman clasificó el abundante archivo de diez mil dibujos y mil fotos de este arquitecto-artista-filósofo que vivió lúcido hasta los 93 años y que, como algunos de sus pares, concebía su profesión como la manera más ostensible de configurar la idea de un país en sus construcciones, cáscaras maravillosas que, mientras nos contienen, nos proyectan como sociedad hacia el mundo y hacia nosotros mismos.
Buenos Aires es un cuerpo lastimado que expresa, con sus crecientes tajos y heridas, el abandono desaprensivo y el saqueo de sus joyas arquitectónicas a la que la sometemos. Urge recuperar el sentido de sus grandes constructores y urbanistas antes de que los demolidos seamos nosotros mismos.
sábado, 26 de febrero de 2011
ALERTAN POR REMATES DE POLIDEPORTIVOS ESCOLARES
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-52239-2011-02-26.html
http://www.genteba.com.ar/component/content/article/75-slide-politica/41614-nenna-presento-amparo-contra-remate-de-polideportivo-escolar
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=29370&Itemid=116
Buenos Aires, 25 de febrero (Télam).- El Gobierno porteño planea rematar en los próximos días al menos cuatro predios donde funcionan polideportivos escolares, ubicados en el barrio de Villa Urquiza, dentro de la traza que iba a tener la ex Autopista 3 (AU3), según una denuncia del legislador Francisco “Tito” Nenna, que presentó un recurso de amparo ante la Justicia.
Los remates de los terrenos "fueron anunciados por la prensa gráfica y permanecen en la página web del Banco Ciudad y hasta existe la convocatoria para el lunes próximo, a las 12, de una subasta pública llamada por la subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano", dijo el legislador.
Por este caso en particular, Nenna presentó un recurso de amparo en la Justicia contra el remate del polideportivo de la Escuela 2 del Distrito Escolar 15, ubicado en la calle Holmberg al 2700, y señaló que “no hay que dejar que el PRO anteponga sus criterios empresariales al derecho social a la educación".
Los predios afectados, además del de Holmberg, están ubicados en Pedro Rivera 4219 33 43 51, perteneciente a la Escuela 24 D.E. 15 "Francisco Morazán"; el de Holmberg 2844 48, de la Escuela 15 D.E. 15 "Manuel Antonio Acevedo", y el de Tomás Le Bretón 42404452, dependiente de la Escuela 4 D.E. 15 "Provincia de Buenos Aires".
Al respecto, el diputado porteño alertó que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, "promueven remates de polideportivos escolares" en la traza de la ex AU3, en Villa Urquiza.
La AU3, que iría de norte a sur de la Capital Federal, fue planeada por el entonces intendente de la ciudad durante la última dictadura militar, el brigadier Osvaldo Cacciatore; sin embargo, la obra nunca llegó a concretarse.
La Legislatura de la Ciudad sancionó, en diciembre del 2009, una ley que planteaba la recuperación de esa traza e incluía un artículo que advertía que en el caso que se requiera el uso de predios afectados a actividades deportivas, la ciudad se haría cargo de encontrar espacios alternativos.
En ese contexto, Nenna advirtió que "el macrismo promete un sólo polideportivo para todas las escuelas afectadas pero su aprovechamiento sería prácticamente inaplicable".
El legislador explicó que los estudiantes "tendrían que movilizarse en micro hasta el polideportivo, cuando antes caminaban a lo sumo unos metros, y la combinación intercolegial para el uso sería complicada". (Télam)
http://www.genteba.com.ar/component/content/article/75-slide-politica/41614-nenna-presento-amparo-contra-remate-de-polideportivo-escolar
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=29370&Itemid=116
Buenos Aires, 25 de febrero (Télam).- El Gobierno porteño planea rematar en los próximos días al menos cuatro predios donde funcionan polideportivos escolares, ubicados en el barrio de Villa Urquiza, dentro de la traza que iba a tener la ex Autopista 3 (AU3), según una denuncia del legislador Francisco “Tito” Nenna, que presentó un recurso de amparo ante la Justicia.
Los remates de los terrenos "fueron anunciados por la prensa gráfica y permanecen en la página web del Banco Ciudad y hasta existe la convocatoria para el lunes próximo, a las 12, de una subasta pública llamada por la subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano", dijo el legislador.
Por este caso en particular, Nenna presentó un recurso de amparo en la Justicia contra el remate del polideportivo de la Escuela 2 del Distrito Escolar 15, ubicado en la calle Holmberg al 2700, y señaló que “no hay que dejar que el PRO anteponga sus criterios empresariales al derecho social a la educación".
Los predios afectados, además del de Holmberg, están ubicados en Pedro Rivera 4219 33 43 51, perteneciente a la Escuela 24 D.E. 15 "Francisco Morazán"; el de Holmberg 2844 48, de la Escuela 15 D.E. 15 "Manuel Antonio Acevedo", y el de Tomás Le Bretón 42404452, dependiente de la Escuela 4 D.E. 15 "Provincia de Buenos Aires".
Al respecto, el diputado porteño alertó que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, "promueven remates de polideportivos escolares" en la traza de la ex AU3, en Villa Urquiza.
La AU3, que iría de norte a sur de la Capital Federal, fue planeada por el entonces intendente de la ciudad durante la última dictadura militar, el brigadier Osvaldo Cacciatore; sin embargo, la obra nunca llegó a concretarse.
La Legislatura de la Ciudad sancionó, en diciembre del 2009, una ley que planteaba la recuperación de esa traza e incluía un artículo que advertía que en el caso que se requiera el uso de predios afectados a actividades deportivas, la ciudad se haría cargo de encontrar espacios alternativos.
En ese contexto, Nenna advirtió que "el macrismo promete un sólo polideportivo para todas las escuelas afectadas pero su aprovechamiento sería prácticamente inaplicable".
El legislador explicó que los estudiantes "tendrían que movilizarse en micro hasta el polideportivo, cuando antes caminaban a lo sumo unos metros, y la combinación intercolegial para el uso sería complicada". (Télam)
miércoles, 23 de febrero de 2011
Piden prisión para el responsable de una obra
http://www.clarin.com/ciudades/Piden-prision-responsable-obra_0_432556870.html
23/02/11
El fiscal dijo que se habían detectado serias fallas. Y solicitó la prisión preventiva.
PorPablo Novillo
La fiscalía que interviene en la causa por el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza pidió la prisión preventiva para el ingeniero Guillermo Heyaca Varela, procesado porque estaba a cargo de la obra del terreno de al lado, que produjo la tragedia en la que murieron tres personas .
El derrumbe ocurrió el 9 de agosto, en Mendoza 5030. En el terreno vecino se estaba construyendo un edificio, y el responsable de la obra era Heyaca Varela. Pero, según aseguró una pericia de Bomberos, ese trabajo se realizó sin respetar las medidas de seguridad , como el apuntalamiento de tabiques y medianeras. Por eso, el gimnasio se vino abajo: murieron Guillermo Fede (37 años), Luis Lu (27) y Maximiliano Salgado (18). Además hubo once heridos.
El ingeniero fue procesado la semana pasada por “estrago doloso” , un delito que prevé de tres a diez años de prisión. Sin embargo, la jueza penal María Fontbona de Pombo le permitió esperar el juicio oral en libertad.
Según el escrito presentado por José María Campagnoli, fiscal del distrito Saavedra-Núñez, a la jueza, la prisión preventiva corresponde por “la total indiferencia del acusado para lo que era un desastre en ciernes en el que sólo por milagro cabía esperar que no hubiera víctimas fatales: máxime cuando inspecciones realizadas en el lugar con anterioridad ya habían destacado las serias falencias”. La referencia tiene que ver con una denuncia que había hecho semanas antes la UOCRA, por la falta de condiciones de seguridad.
Además, Campagnoli asegura que una vez ocurrida la tragedia “Heyaca Varela dio más muestras de su indiferencia: no se acercó a la obra ni se puso a disposición de las autoridades”. Y agrega que en 2006 el profesional ya había sido sancionado por irregularidades en otras obras . Por eso advierte que el acusado podría “sustraerse al accionar de la Justicia”.
En el escrito no se pide la preventiva para los otros dos procesados: Daniel Menta, el dueño de la constructora para la que trabajaba el ingeniero, y José Pataro, propietario de la máquina excavadora que operaba en el lote lindero al gimnasio.
23/02/11
El fiscal dijo que se habían detectado serias fallas. Y solicitó la prisión preventiva.
PorPablo Novillo
La fiscalía que interviene en la causa por el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza pidió la prisión preventiva para el ingeniero Guillermo Heyaca Varela, procesado porque estaba a cargo de la obra del terreno de al lado, que produjo la tragedia en la que murieron tres personas .
El derrumbe ocurrió el 9 de agosto, en Mendoza 5030. En el terreno vecino se estaba construyendo un edificio, y el responsable de la obra era Heyaca Varela. Pero, según aseguró una pericia de Bomberos, ese trabajo se realizó sin respetar las medidas de seguridad , como el apuntalamiento de tabiques y medianeras. Por eso, el gimnasio se vino abajo: murieron Guillermo Fede (37 años), Luis Lu (27) y Maximiliano Salgado (18). Además hubo once heridos.
El ingeniero fue procesado la semana pasada por “estrago doloso” , un delito que prevé de tres a diez años de prisión. Sin embargo, la jueza penal María Fontbona de Pombo le permitió esperar el juicio oral en libertad.
Según el escrito presentado por José María Campagnoli, fiscal del distrito Saavedra-Núñez, a la jueza, la prisión preventiva corresponde por “la total indiferencia del acusado para lo que era un desastre en ciernes en el que sólo por milagro cabía esperar que no hubiera víctimas fatales: máxime cuando inspecciones realizadas en el lugar con anterioridad ya habían destacado las serias falencias”. La referencia tiene que ver con una denuncia que había hecho semanas antes la UOCRA, por la falta de condiciones de seguridad.
Además, Campagnoli asegura que una vez ocurrida la tragedia “Heyaca Varela dio más muestras de su indiferencia: no se acercó a la obra ni se puso a disposición de las autoridades”. Y agrega que en 2006 el profesional ya había sido sancionado por irregularidades en otras obras . Por eso advierte que el acusado podría “sustraerse al accionar de la Justicia”.
En el escrito no se pide la preventiva para los otros dos procesados: Daniel Menta, el dueño de la constructora para la que trabajaba el ingeniero, y José Pataro, propietario de la máquina excavadora que operaba en el lote lindero al gimnasio.
miércoles, 16 de febrero de 2011
El macrismo eludió explicar cómo se controlan las excavaciones
http://tiempo.elargentino.com/notas/macrismo-eludio-explicar-como-se-controlan-las-excavaciones
Javier Ibáñez, director de la Agencia Gubernamental de Control, fue a la Legislatura y no respondió a las inquietudes de los diputados. Ya hay tres procesados por el derrumbe del gimnasio Orión, en Villa Urquiza, en agosto de 2010.
La mejor política es el silencio. Otra vez, el gobierno PRO decidió no dar explicaciones, esta vez ante los legisladores porteños, sobre la falta de controles a las construcciones impulsadas por el boom inmobiliario en la ciudad. Ayer, el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez, asistió a la Legislatura y fue interpelado por diputados porteños sobre los hechos ocurridos el sábado pasado en el barrio de Las Cañitas, cuando una pluma cayó sobre cuatro edificios, pero se negó a contestar cualquiera de sus preguntas.
La negligencia se da en un contexto en el que la justicia ordenó procesar a los tres acusados por las muertes ocurridas tras el derrumbe del gimnasio Orión, en Villa Urquiza, en agosto de 2010, y mientras se investiga a funcionarios del gobierno de la Ciudad encargados de los controles a las obras. Según explicó a Tiempo Argentino, Roberto Damboriana, abogado de Pablo Galli, dueño del gimnasio que colapsó, los tres procesados por el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 45 por “estrago doloso” son Guillermo Heyaca Varela, el ingeniero a cargo de la obra; Daniel Menta, el dueño de la constructora; y José Pataro, propietario de la máquina retroexcavadora.
Ibáñez asistió ayer a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar un decreto sobre la regulación de natatorios públicos y semipúblicos. El legislador Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires, interrogó en cuatro oportunidades al responsable de la AGC sobre las razones del desmoronamiento en Las Cañitas y sobre la existencia de normativas que regulen la actividad de las grúas, pero en todos los casos se ignoraron sus interrogantes. Por eso, en los próximos días su despacho enviará un pedido de informes.
Allí se interrogará específicamente sobre cuál es la normativa y el ente encargado de hacer inspecciones de grúas habilitadas, cuántos controles se realizaron en los últimos meses, cuáles son las faltas más comunes y las clausuras realizadas. También se pedirá información sobre la idoneidad de los operadores, las cargas máximas autorizadas y el estado de situación, es decir, si existe un relevamiento actualizado sobre la cantidad de grúas en actividad, un tema sobre lo que Ibáñez prometió trabajar en las próximas dos semanas. Con respecto a la grúa utilizada por la constructora Obras y Sistemas en el terreno donde se pensaba levantar una torre de 20 pisos, en el complejo Quartier del Polo, la AGC deberá dar cuenta sobre quién verificó el lugar de emplazamiento de la grúa y si hubo conformidad de los vecinos para la instalación de la estructura de más de 200 metros, que invadía sus propiedades.
“Se niegan a responder porque están en falta. La AGC es un nido de corrupción que no ejerce su función por falta de voluntad política”, explicó Epszteyn. Por su parte, Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria), agregó: “Nosotros propusimos a fin de año poner en alerta a la Ciudad. Queremos generar un convenio con las universidades para que ayuden a relevar obras en construcción. La Ciudad está en emergencia y es el talón de Aquiles de la seguridad de los porteños.”
Javier Ibáñez, director de la Agencia Gubernamental de Control, fue a la Legislatura y no respondió a las inquietudes de los diputados. Ya hay tres procesados por el derrumbe del gimnasio Orión, en Villa Urquiza, en agosto de 2010.
La mejor política es el silencio. Otra vez, el gobierno PRO decidió no dar explicaciones, esta vez ante los legisladores porteños, sobre la falta de controles a las construcciones impulsadas por el boom inmobiliario en la ciudad. Ayer, el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez, asistió a la Legislatura y fue interpelado por diputados porteños sobre los hechos ocurridos el sábado pasado en el barrio de Las Cañitas, cuando una pluma cayó sobre cuatro edificios, pero se negó a contestar cualquiera de sus preguntas.
La negligencia se da en un contexto en el que la justicia ordenó procesar a los tres acusados por las muertes ocurridas tras el derrumbe del gimnasio Orión, en Villa Urquiza, en agosto de 2010, y mientras se investiga a funcionarios del gobierno de la Ciudad encargados de los controles a las obras. Según explicó a Tiempo Argentino, Roberto Damboriana, abogado de Pablo Galli, dueño del gimnasio que colapsó, los tres procesados por el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 45 por “estrago doloso” son Guillermo Heyaca Varela, el ingeniero a cargo de la obra; Daniel Menta, el dueño de la constructora; y José Pataro, propietario de la máquina retroexcavadora.
Ibáñez asistió ayer a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar un decreto sobre la regulación de natatorios públicos y semipúblicos. El legislador Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires, interrogó en cuatro oportunidades al responsable de la AGC sobre las razones del desmoronamiento en Las Cañitas y sobre la existencia de normativas que regulen la actividad de las grúas, pero en todos los casos se ignoraron sus interrogantes. Por eso, en los próximos días su despacho enviará un pedido de informes.
Allí se interrogará específicamente sobre cuál es la normativa y el ente encargado de hacer inspecciones de grúas habilitadas, cuántos controles se realizaron en los últimos meses, cuáles son las faltas más comunes y las clausuras realizadas. También se pedirá información sobre la idoneidad de los operadores, las cargas máximas autorizadas y el estado de situación, es decir, si existe un relevamiento actualizado sobre la cantidad de grúas en actividad, un tema sobre lo que Ibáñez prometió trabajar en las próximas dos semanas. Con respecto a la grúa utilizada por la constructora Obras y Sistemas en el terreno donde se pensaba levantar una torre de 20 pisos, en el complejo Quartier del Polo, la AGC deberá dar cuenta sobre quién verificó el lugar de emplazamiento de la grúa y si hubo conformidad de los vecinos para la instalación de la estructura de más de 200 metros, que invadía sus propiedades.
“Se niegan a responder porque están en falta. La AGC es un nido de corrupción que no ejerce su función por falta de voluntad política”, explicó Epszteyn. Por su parte, Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria), agregó: “Nosotros propusimos a fin de año poner en alerta a la Ciudad. Queremos generar un convenio con las universidades para que ayuden a relevar obras en construcción. La Ciudad está en emergencia y es el talón de Aquiles de la seguridad de los porteños.”
domingo, 13 de febrero de 2011
Poncio Pilato: Un poroto!!!
http://www.infobae.com/notas/561092-Se-desplomo-una-grua-sobre-un-edificio-en-el-barrio-porteno-de-Palermo.html
http://www.lanacion.com.ar/1349455-evaluan-danos-y-responsabilidades-por-la-caida-de-la-grua-sobre-un-edificio-en-las-canitas
http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/desplomo-grua-obra-edificios-Canitas_0_426557454.html
http://www.lanacion.com.ar/1349604-cayo-una-grua-sobre-cuatro-edificios
Esta vez lo que se cayó fue una grúa
Un edificio de siete pisos ubicado en Báez 555, en Las Cañitas, pleno barrio de Palermo, tembló ayer bajo el peso de una enorme grúa que se desplomó sobre la estructura de cemento. La grúa realizaba excavaciones en una obra en construcción y se desequilibró en la base por un derrumbe de tierra y castigó al edificio vecino. Aunque no produjo víctimas, el hecho provocó conmoción en el barrio. Como medida preventiva, el edificio fue desalojado y se registraron escenas de pánico. El titular del Frente para la Victoria porteño, Juan Cabandié, criticó al Gobierno de la Ciudad al asegurar que “el boom de la construcción” en la Capital Federal “nunca fue acompañado por los controles necesarios”.
En ese sentido, Cabandié recalcó que se podrían haber reiterado “hechos terribles como el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza y la caída del entrepiso del boliche Beara de Palermo. A pesar de la gravedad de lo sucedido (en esos casos), parece que todo sigue igual”. En el gimnasio murieron tres personas, mientras que en el derrumbe ocurrido en el Beara fallecieron dos chicas.
Cabandié sostuvo que desde que el macrismo se hizo cargo del gobierno “los controles de obras en construcción se hicieron más flexibles”. Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, dijo que “existe una responsabilidad primaria que es la del profesional que estaba a cargo de la obra, pero hay una secundaria que tiene que cumplir el gobierno porteño, que es velar por la seguridad de los vecinos”.
Fatala subrayó que “una estructura del tipo de la que sostenía a la grúa no se cae de un momento a otro” y agregó que “una vez más, la inoperancia de Macri y su falta de gestión transforma lo que es un emprendimiento que seguramente da trabajo y se inscribe en el crecimiento productivo, en un riesgo para la vida”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-162283-2011-02-13.html
http://www.lanacion.com.ar/1349455-evaluan-danos-y-responsabilidades-por-la-caida-de-la-grua-sobre-un-edificio-en-las-canitas
http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/desplomo-grua-obra-edificios-Canitas_0_426557454.html
http://www.lanacion.com.ar/1349604-cayo-una-grua-sobre-cuatro-edificios
Esta vez lo que se cayó fue una grúa
Un edificio de siete pisos ubicado en Báez 555, en Las Cañitas, pleno barrio de Palermo, tembló ayer bajo el peso de una enorme grúa que se desplomó sobre la estructura de cemento. La grúa realizaba excavaciones en una obra en construcción y se desequilibró en la base por un derrumbe de tierra y castigó al edificio vecino. Aunque no produjo víctimas, el hecho provocó conmoción en el barrio. Como medida preventiva, el edificio fue desalojado y se registraron escenas de pánico. El titular del Frente para la Victoria porteño, Juan Cabandié, criticó al Gobierno de la Ciudad al asegurar que “el boom de la construcción” en la Capital Federal “nunca fue acompañado por los controles necesarios”.
En ese sentido, Cabandié recalcó que se podrían haber reiterado “hechos terribles como el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza y la caída del entrepiso del boliche Beara de Palermo. A pesar de la gravedad de lo sucedido (en esos casos), parece que todo sigue igual”. En el gimnasio murieron tres personas, mientras que en el derrumbe ocurrido en el Beara fallecieron dos chicas.
Cabandié sostuvo que desde que el macrismo se hizo cargo del gobierno “los controles de obras en construcción se hicieron más flexibles”. Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, dijo que “existe una responsabilidad primaria que es la del profesional que estaba a cargo de la obra, pero hay una secundaria que tiene que cumplir el gobierno porteño, que es velar por la seguridad de los vecinos”.
Fatala subrayó que “una estructura del tipo de la que sostenía a la grúa no se cae de un momento a otro” y agregó que “una vez más, la inoperancia de Macri y su falta de gestión transforma lo que es un emprendimiento que seguramente da trabajo y se inscribe en el crecimiento productivo, en un riesgo para la vida”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-162283-2011-02-13.html
sábado, 12 de febrero de 2011
Espacios truchos, alturas ilegales
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2016-2011-02-12.html
La falsa alarma por una obra en Paseo Colón permite descubrir a qué le dicen “espacios verdes” en el gobierno porteño, mientras en Caballito denuncian edificios que se van para arriba sin permiso.
Por Sergio Kiernan
El estado de desconfianza hacia el gobierno porteño es tal que varias obras públicas despiertan la alarma entre los vecinos. Como en China, donde te demuelen la casa con vos adentro si no te vas a tiempo y es negocio para algún especulador, en Buenos Aires hay que estar movilizado para que no hagan cosas.
Esta semana, les tocó el turno de asustarse a los vecinos de Parque Lezama, que creyeron que llegaba la topadora a Paseo Colón, altura Brasil. Hace tiempo que flota en el barrio la versión de que van a ampliar la avenida, un absurdo creíble sólo por los antecedentes de los ministros del ramo, que ya hicieron otros absurdos. Las obras se centran en la cuadra donde está el diario Crónica, que fue demolida parcialmente para... para nada, excepto crear un ensanche anómalo e inútil de cien metros de largo. En el sector quedaron paredones y el muñón de una vieja casa cortada y mal cerrada, una real gangrena urbana.
Como el espacio es inútil, el Ministerio de Desarrollo Urbano hizo otra de sus obras inútiles. A las incomprensibles esquinotas de Palermo Viejo se le suma ahora una suerte de veredota-placita seca que no es ni lo uno ni lo otro, apenas un espacio creado por una demolición. El espacio creado es apenas una versión más grandota de esos huecos que quedaron en avenidas como San Juan o Independencia tras el ensanche manu militari de la dictadura. Hasta hay un muñón de casa.
El consuelo es que el creativo detrás de todo esto, el ministro Daniel Chaín, se molestó en aclararles a sus gobernados que no piensa seguir demoliendo en ese lugar. Explícitamente, avisó que no se demolerán la Escuela Taller ni el edificio de departamentos a mitad de cuadra, ni otros edificios del lugar. No extraña la decisión porque tanto la escuela como tres de los cuatro edificios existentes pertenecen a la Ciudad.
Para mejor, todo ensanche sólo serviría para crear aforos caóticos en el fluir de Paseo Colón. El tránsito que viene del Sur hacia el centro se encontrará enseguida con esa barrera inflexible, el puente de la autopista, con lo que tendría que “cerrarse” en menos carriles. Aun si se encarara la carísima reforma del puente para sacarle los pilares y abrir un carril más, enseguida vienen los jardines delanteros del diario Ambito Financiero y un flamante edificio. Y luego, claro, sigue el tejido urbano. Con lo que todo tiene que ver con destapar un poco las bajadas y subidas a la autopista, nada más.
Lo divertido del asunto es que Desarrollo Urbano no pierde ninguna oportunidad de exagerar: el simple parche vial centrado en las autopistas es vendido como una creación de áreas verdes. Seguramente se plantarán árboles y se construirán canteros, lo que no constituye de ninguna manera un área verde, excepto en el ánima de las relaciones públicas. Para crear estos espacios, se removerá y mudará el gran mural de Omar Gasparini, habrá que ver con qué resultados.
CASUALIDADES
Este jueves, miembros del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales visitaron el Centro Obrero Santa Lucía. El lugar fue catalogado, pero hay un raro pedido de reconsideración de alguien que se quedó con ganas de demolerlo. De todas las cosas que le puede pasar a un grupo que va a visitar un edificio en conflicto pasó quizá la más extraña: justo, pero justo a esa hora, pleno día y bajo el sol, a una familia se le ocurrió intrusar el viejo edificio de la avenida Montes de Oca en Barracas. Una coincidencia demasiado llamativa.
EN CABALLITO TAMBIEN
Los vecinos de SOS Caballito siguieron con sumo interés el cambio de legislación en Villa Pueyrredón, que moderó las locas alturas en avenidas cuya trastienda abunda en pasajes pequeños. Algo en que se fijaron en particular fue en que el defensor adjunto del Pueblo Gerardo Gómez Coronado señalaba cuántas obras no tenían planos registrados pese a que tenían permisos de obra de hasta tres años. Lo que denuncian los vecinos de Caballito es que en su barrio ocurre exactamente lo mismo: se construye de más, contando con que la Dirección General de Fiscalización y Control no va a fiscalizar ni controlar nada. Esta Dirección General es la que se come derrumbes con muertos, sin que al gobierno porteño se le ocurra que hay que invertir en crear mecanismos de control reales.
Lo que explican en Caballito es que la Dgfico sólo se mueve si los vecinos denuncian –y repiten la denuncia, más de una vez– y se mueve a una velocidad realmente geológica. Tan tarde llegan, que los edificios superan las alturas máximas permitidas en la zona por la ley 2722 y ya son un hecho consumado. A los genios de la Dirección General sólo se les ocurre en estos casos cobrar una multa, que pasa a ser un costo más, y no tan alto.
Las flamantes denuncias de los vecinos hacen a dos edificios que ya se nota son más altos de lo que deberían. Uno es el del arquitecto Daniel Ramón en Espinosa 1163 –expediente 361579/10– y el otro es el del arquitecto Vicente Sintes en Pujol 1275, con el expediente 61099/08.
CONCURSO LITERARIO
La Junta de Estudios Históricos de Liniers y el Club de Leones invitan a participar en un concurso de cuentos y poesías con el tema “Historia de Inmigrantes”, que cierra el 30 de marzo. Hay categorías por edades y puede participar cualquier autor inédito que escriba en castellano. Informes y bases en juntade liniers@hotmail.com.
La falsa alarma por una obra en Paseo Colón permite descubrir a qué le dicen “espacios verdes” en el gobierno porteño, mientras en Caballito denuncian edificios que se van para arriba sin permiso.
Por Sergio Kiernan
El estado de desconfianza hacia el gobierno porteño es tal que varias obras públicas despiertan la alarma entre los vecinos. Como en China, donde te demuelen la casa con vos adentro si no te vas a tiempo y es negocio para algún especulador, en Buenos Aires hay que estar movilizado para que no hagan cosas.
Esta semana, les tocó el turno de asustarse a los vecinos de Parque Lezama, que creyeron que llegaba la topadora a Paseo Colón, altura Brasil. Hace tiempo que flota en el barrio la versión de que van a ampliar la avenida, un absurdo creíble sólo por los antecedentes de los ministros del ramo, que ya hicieron otros absurdos. Las obras se centran en la cuadra donde está el diario Crónica, que fue demolida parcialmente para... para nada, excepto crear un ensanche anómalo e inútil de cien metros de largo. En el sector quedaron paredones y el muñón de una vieja casa cortada y mal cerrada, una real gangrena urbana.
Como el espacio es inútil, el Ministerio de Desarrollo Urbano hizo otra de sus obras inútiles. A las incomprensibles esquinotas de Palermo Viejo se le suma ahora una suerte de veredota-placita seca que no es ni lo uno ni lo otro, apenas un espacio creado por una demolición. El espacio creado es apenas una versión más grandota de esos huecos que quedaron en avenidas como San Juan o Independencia tras el ensanche manu militari de la dictadura. Hasta hay un muñón de casa.
El consuelo es que el creativo detrás de todo esto, el ministro Daniel Chaín, se molestó en aclararles a sus gobernados que no piensa seguir demoliendo en ese lugar. Explícitamente, avisó que no se demolerán la Escuela Taller ni el edificio de departamentos a mitad de cuadra, ni otros edificios del lugar. No extraña la decisión porque tanto la escuela como tres de los cuatro edificios existentes pertenecen a la Ciudad.
Para mejor, todo ensanche sólo serviría para crear aforos caóticos en el fluir de Paseo Colón. El tránsito que viene del Sur hacia el centro se encontrará enseguida con esa barrera inflexible, el puente de la autopista, con lo que tendría que “cerrarse” en menos carriles. Aun si se encarara la carísima reforma del puente para sacarle los pilares y abrir un carril más, enseguida vienen los jardines delanteros del diario Ambito Financiero y un flamante edificio. Y luego, claro, sigue el tejido urbano. Con lo que todo tiene que ver con destapar un poco las bajadas y subidas a la autopista, nada más.
Lo divertido del asunto es que Desarrollo Urbano no pierde ninguna oportunidad de exagerar: el simple parche vial centrado en las autopistas es vendido como una creación de áreas verdes. Seguramente se plantarán árboles y se construirán canteros, lo que no constituye de ninguna manera un área verde, excepto en el ánima de las relaciones públicas. Para crear estos espacios, se removerá y mudará el gran mural de Omar Gasparini, habrá que ver con qué resultados.
CASUALIDADES
Este jueves, miembros del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales visitaron el Centro Obrero Santa Lucía. El lugar fue catalogado, pero hay un raro pedido de reconsideración de alguien que se quedó con ganas de demolerlo. De todas las cosas que le puede pasar a un grupo que va a visitar un edificio en conflicto pasó quizá la más extraña: justo, pero justo a esa hora, pleno día y bajo el sol, a una familia se le ocurrió intrusar el viejo edificio de la avenida Montes de Oca en Barracas. Una coincidencia demasiado llamativa.
EN CABALLITO TAMBIEN
Los vecinos de SOS Caballito siguieron con sumo interés el cambio de legislación en Villa Pueyrredón, que moderó las locas alturas en avenidas cuya trastienda abunda en pasajes pequeños. Algo en que se fijaron en particular fue en que el defensor adjunto del Pueblo Gerardo Gómez Coronado señalaba cuántas obras no tenían planos registrados pese a que tenían permisos de obra de hasta tres años. Lo que denuncian los vecinos de Caballito es que en su barrio ocurre exactamente lo mismo: se construye de más, contando con que la Dirección General de Fiscalización y Control no va a fiscalizar ni controlar nada. Esta Dirección General es la que se come derrumbes con muertos, sin que al gobierno porteño se le ocurra que hay que invertir en crear mecanismos de control reales.
Lo que explican en Caballito es que la Dgfico sólo se mueve si los vecinos denuncian –y repiten la denuncia, más de una vez– y se mueve a una velocidad realmente geológica. Tan tarde llegan, que los edificios superan las alturas máximas permitidas en la zona por la ley 2722 y ya son un hecho consumado. A los genios de la Dirección General sólo se les ocurre en estos casos cobrar una multa, que pasa a ser un costo más, y no tan alto.
Las flamantes denuncias de los vecinos hacen a dos edificios que ya se nota son más altos de lo que deberían. Uno es el del arquitecto Daniel Ramón en Espinosa 1163 –expediente 361579/10– y el otro es el del arquitecto Vicente Sintes en Pujol 1275, con el expediente 61099/08.
CONCURSO LITERARIO
La Junta de Estudios Históricos de Liniers y el Club de Leones invitan a participar en un concurso de cuentos y poesías con el tema “Historia de Inmigrantes”, que cierra el 30 de marzo. Hay categorías por edades y puede participar cualquier autor inédito que escriba en castellano. Informes y bases en juntade liniers@hotmail.com.
viernes, 11 de febrero de 2011
Precautelar ambiental en cinco barrios porteños
http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=0925d99e8890c7eb9d4517826b6259fb
http://www.protocomunacaballito.blogspot.com/
La Juez Karina Cicero a cargo del juzgado 14 en el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad dicto una medida pre cautelar intimando al Gobierno de la Ciudad y a la empresa AYSA a entregar en un plazo máximo de 10 días toda la documentación referente a las obras estipuladas en el Decreto 220/07 (referente a la construcción de 320kms de cañerías de provisión de agua y cloacales en cinco barrios de la Ciudad ). Luego de este plazo la Juez tiene que decidir sobre una medida cautelar pedida por la ONG Proto Comuna Caballito que solicita la suspensión de la entrega, por la administración porteña, de los permisos y finales de obra en los barrios porteños de Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coglhan por daño ambiental. Hasta que se realicen la totalidad de las infraestructuras comprometidas en 2007 con la firma del Decreto 220/07.
La vorágine construcción especulativa en nuestra Ciudad ha desatado una situación muy grave para quienes vivimos en ella. En efecto, basta recordar que desde el año 2006 han sido numerosas las protestas de los vecinos por la construcción indiscriminada de edificios, sin planeamiento racional ni infraestructura de servicios adecuada. Dejando al mercado como único guía y referente. Abandonando el Estado todo tipo de intervención y regulación que ponga a los intereses de la sociedad en general por sobre los de los especuladores.
En el año 2006, y en virtud de varios precedentes judiciales (que prohibieron de manera transitoria la construcción de edificios en polígonos en los barrio de Caballito y Palermo), El gobierno porteño suspendió la construcción en varias zonas de Buenos Aires, mediante el dictado del Decreto Nº 1.929/06 (Boletín Oficial Nº2.565). A partir de ese momento, se encargó a la empresa proveedora de servicios de agua y cloacas AYSA un estudio sobre la situación de la red sanitaria en el territorio de 6 barrios de Buenos Aires. TEXTO COMPLETO
Dicho informe, señala que “… el estudio fue llevado a cabo en base a la información suministrada por el GCBA en relación a los metros cuadrados permisionados durante el año 2005 y 2006, como así también a los crecimientos esperados durante los próximos 5 y 10 años”.
El informe de enero de 2007 arriba a varias conclusiones interesantes, siendo las más destacables:
· “Con relación al análisis de las mallas y fundamentalmente de las cabeceras que las abastecen, el estudio comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de “transportar y entregar” más caudal del actual y por tal motivo, serán “insuficientes” para satisfacer una demanda adicional”.
· “Según datos de incrustación obtenidos de muestras de caños, en promedio, la capacidad de conducción de las cañerías de las zonas objeto del estudio, se reduce en rango que va del 60 a 80% por lo tanto en igual medida se debe reducir el caudal teórico transportado”.
· “Las mallas involucradas con los refuerzos en algunos casos están trabajando en condiciones de stress y en otros hoy tienen un buen funcionamiento pero con el incremento de la demanda inmediata se verán afectadas las condiciones de servicio”,
· “Además se observó la necesidad de renovar de cañerías de diámetros menores ( 100 mm / 125 mm ) que actualmente funcionan como cabeceras y que no serán capaces de soportar ni la demanda global ni la inmediata”.
· “Teniendo en cuenta el alcance del Decreto, es importante remarcar que existe un número de viviendas ya permisazas, que actualmente se encuentran en ejecución y próximas a finalizarse que incrementarán la demanda en forma INMEDIATA” (el subrayado y la negrita son originales del texto).
En su parte final, el Informe de AYSA propone, para evitar insuficiencias en el servicio, un plan de obras de corto y mediano plazo con un presupuesto de 230 millones de pesos (actualizados son más de 400 millones) con el siguiente detalle:
Por lo tanto, para que en el corto plazo (antes de 2008) la red de aguas y cloacas no sufriera ninguna situación de riesgo había que realizar más de 153 kilómetros de obras, y en el mediano plazo (antes de 2011), más de 165 kilómetros de tendido. Ninguna de estas obras fue nunca realizada. Lo que nos lleva al colapso inminente.
Con posterioridad al estudio antes referido, el GCBA dictó el Decreto Nº 220/07 (Boletín Oficial Nº2.628) TEXTO COMPLETO, donde, ante la crítica situación que planteaba la Empresa de Agua, SE FIRMO UN CONVENIO CON LA EMPRESA DE AGUA TEXTO COMPLETO. Y se comenzó a exigir, para permitir la construcción de edificios, un “Certificado de Factibilidad” de esta última. Además, creaba comisiones técnicas y de participación ciudadana, fijaba procedimientos y se obligaba a “Establecer un cronograma de adecuación de las redes a la nueva norma” (Anexo III).
Así las cosas, corresponde resumir la situación en que nos encontrábamos en el año 2007, al momento de implementarse el Decreto Nº 220:
· Se reconoció que la red de aguas y cloaca era inadecuada aun sin aumentar la demanda.
· Se procedió a exigir, entonces, que las obras tuvieran un “Certificado de Factibilidad” de AYSA.
· Se prometió la realización de importantes obras para mejorar la red por parte de AYSA, con la supervisión del GCBA.
· El GCBA se comprometió a realizar las obras de infraestructuras si estas no fueran realizadas por AYSA.
Desde 2007 a la actualidad este sistema no fue implementado de manera correcta. Se otorgaron los “Certificados de Factibilidad” de manera automática, contradiciendo lo planteado en el informe técnico, ya que no existen constancias fehacientes de la realización de por lo menos, los 153,07 kms. de cañerias necesarias para poder cumplir con las necesidades inmediatas (del 2006) y tampoco con las necesarias para los nuevos emprendimientos constructivos.
No se realizaron las obras de 320 kms de cañerías. Pero los permisos de obra se siguieron otorgando igual, pese al estado de colapso de la red sanitaria. Las obras con permiso vigente desde 2007 hasta la fecha, podrían ser tachadas de nulas en materia administrativa y los funcionarios del GCBA podrían ser denunciados por los delitos de falsedad ideológica en instrumento público.
Ante estas circunstancias, podemos observar que nos encontramos en una situación aun más grave de colapso sanitario que la que existía en 2006, ya que la condición objetiva que diera lugar a esta normativa incumplida sigue vigente: no se hicieron las obras requeridas, los “Certificados de Factibilidad” carecen de fundamento fáctico – jurídico y expresan una situación del estado de la red que no es real y los funcionarios del GCBA no cumplieron con sus funciones. Y se permitieron la construcción de 2 millones de metros cuadrados en esos barrios solo desde que se firmo el Decreto 220/07 hasta el momento.
Este grave y latente problema sanitario puede afectar, en cualquier momento, la calidad de vida de centenares de miles de habitantes de la Ciudad. No se trata de una cuestión menor, sino de una circunstancia que puede generar un daño ambiental irreparable e irreversible.
El Poder Legislativo de la Ciudad ha manifestado una preocupación similar sobre el tema, presentando un pedido de Informes y un Proyecto de Declaración. En el primero de ellos, se manifiesta en sus fundamentos que “El motivo de este pedido de informes es intentar obtener la mayor certeza sobre denuncias vecinales referidas al incumplimiento de diferentes normas y convenios que estarían exponiendo a la Ciudad de Buenos Aires y a sus habitantes a un importante daño y peligro ambiental. Si se confirmase el incumplimiento del convenio firmado con AySA en febrero de 2007, del Decreto 220/07 y de la Ley 2.359 estaríamos ante la desgraciada situación de haber estado contaminando durante 4 años los acuíferos Pampa y Puelche por contaminación por mezcla con agua potabilizada, y lo que es aun peor por residuos cloacales”.
Ante esta difícil situación esperamos esperanzados el fallo de la Dra , Cicero a los efectos de poner orden y hacer cumplir la Ley , garantizando la calidad de vida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Que esta puesta en juego solo por la vil ganancia de unos pocos.
L@s saludo fraternalmente.
Lic. Gustavo Maria Desplats
Coordinador Proto Comuna Caballito
http://www.protocomunacaballito.blogspot.com/
La Juez Karina Cicero a cargo del juzgado 14 en el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad dicto una medida pre cautelar intimando al Gobierno de la Ciudad y a la empresa AYSA a entregar en un plazo máximo de 10 días toda la documentación referente a las obras estipuladas en el Decreto 220/07 (referente a la construcción de 320kms de cañerías de provisión de agua y cloacales en cinco barrios de la Ciudad ). Luego de este plazo la Juez tiene que decidir sobre una medida cautelar pedida por la ONG Proto Comuna Caballito que solicita la suspensión de la entrega, por la administración porteña, de los permisos y finales de obra en los barrios porteños de Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coglhan por daño ambiental. Hasta que se realicen la totalidad de las infraestructuras comprometidas en 2007 con la firma del Decreto 220/07.
La vorágine construcción especulativa en nuestra Ciudad ha desatado una situación muy grave para quienes vivimos en ella. En efecto, basta recordar que desde el año 2006 han sido numerosas las protestas de los vecinos por la construcción indiscriminada de edificios, sin planeamiento racional ni infraestructura de servicios adecuada. Dejando al mercado como único guía y referente. Abandonando el Estado todo tipo de intervención y regulación que ponga a los intereses de la sociedad en general por sobre los de los especuladores.
En el año 2006, y en virtud de varios precedentes judiciales (que prohibieron de manera transitoria la construcción de edificios en polígonos en los barrio de Caballito y Palermo), El gobierno porteño suspendió la construcción en varias zonas de Buenos Aires, mediante el dictado del Decreto Nº 1.929/06 (Boletín Oficial Nº2.565). A partir de ese momento, se encargó a la empresa proveedora de servicios de agua y cloacas AYSA un estudio sobre la situación de la red sanitaria en el territorio de 6 barrios de Buenos Aires. TEXTO COMPLETO
Dicho informe, señala que “… el estudio fue llevado a cabo en base a la información suministrada por el GCBA en relación a los metros cuadrados permisionados durante el año 2005 y 2006, como así también a los crecimientos esperados durante los próximos 5 y 10 años”.
El informe de enero de 2007 arriba a varias conclusiones interesantes, siendo las más destacables:
· “Con relación al análisis de las mallas y fundamentalmente de las cabeceras que las abastecen, el estudio comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de “transportar y entregar” más caudal del actual y por tal motivo, serán “insuficientes” para satisfacer una demanda adicional”.
· “Según datos de incrustación obtenidos de muestras de caños, en promedio, la capacidad de conducción de las cañerías de las zonas objeto del estudio, se reduce en rango que va del 60 a 80% por lo tanto en igual medida se debe reducir el caudal teórico transportado”.
· “Las mallas involucradas con los refuerzos en algunos casos están trabajando en condiciones de stress y en otros hoy tienen un buen funcionamiento pero con el incremento de la demanda inmediata se verán afectadas las condiciones de servicio”,
· “Además se observó la necesidad de renovar de cañerías de diámetros menores ( 100 mm / 125 mm ) que actualmente funcionan como cabeceras y que no serán capaces de soportar ni la demanda global ni la inmediata”.
· “Teniendo en cuenta el alcance del Decreto, es importante remarcar que existe un número de viviendas ya permisazas, que actualmente se encuentran en ejecución y próximas a finalizarse que incrementarán la demanda en forma INMEDIATA” (el subrayado y la negrita son originales del texto).
En su parte final, el Informe de AYSA propone, para evitar insuficiencias en el servicio, un plan de obras de corto y mediano plazo con un presupuesto de 230 millones de pesos (actualizados son más de 400 millones) con el siguiente detalle:
Por lo tanto, para que en el corto plazo (antes de 2008) la red de aguas y cloacas no sufriera ninguna situación de riesgo había que realizar más de 153 kilómetros de obras, y en el mediano plazo (antes de 2011), más de 165 kilómetros de tendido. Ninguna de estas obras fue nunca realizada. Lo que nos lleva al colapso inminente.
Con posterioridad al estudio antes referido, el GCBA dictó el Decreto Nº 220/07 (Boletín Oficial Nº2.628) TEXTO COMPLETO, donde, ante la crítica situación que planteaba la Empresa de Agua, SE FIRMO UN CONVENIO CON LA EMPRESA DE AGUA TEXTO COMPLETO. Y se comenzó a exigir, para permitir la construcción de edificios, un “Certificado de Factibilidad” de esta última. Además, creaba comisiones técnicas y de participación ciudadana, fijaba procedimientos y se obligaba a “Establecer un cronograma de adecuación de las redes a la nueva norma” (Anexo III).
Así las cosas, corresponde resumir la situación en que nos encontrábamos en el año 2007, al momento de implementarse el Decreto Nº 220:
· Se reconoció que la red de aguas y cloaca era inadecuada aun sin aumentar la demanda.
· Se procedió a exigir, entonces, que las obras tuvieran un “Certificado de Factibilidad” de AYSA.
· Se prometió la realización de importantes obras para mejorar la red por parte de AYSA, con la supervisión del GCBA.
· El GCBA se comprometió a realizar las obras de infraestructuras si estas no fueran realizadas por AYSA.
Desde 2007 a la actualidad este sistema no fue implementado de manera correcta. Se otorgaron los “Certificados de Factibilidad” de manera automática, contradiciendo lo planteado en el informe técnico, ya que no existen constancias fehacientes de la realización de por lo menos, los 153,07 kms. de cañerias necesarias para poder cumplir con las necesidades inmediatas (del 2006) y tampoco con las necesarias para los nuevos emprendimientos constructivos.
No se realizaron las obras de 320 kms de cañerías. Pero los permisos de obra se siguieron otorgando igual, pese al estado de colapso de la red sanitaria. Las obras con permiso vigente desde 2007 hasta la fecha, podrían ser tachadas de nulas en materia administrativa y los funcionarios del GCBA podrían ser denunciados por los delitos de falsedad ideológica en instrumento público.
Ante estas circunstancias, podemos observar que nos encontramos en una situación aun más grave de colapso sanitario que la que existía en 2006, ya que la condición objetiva que diera lugar a esta normativa incumplida sigue vigente: no se hicieron las obras requeridas, los “Certificados de Factibilidad” carecen de fundamento fáctico – jurídico y expresan una situación del estado de la red que no es real y los funcionarios del GCBA no cumplieron con sus funciones. Y se permitieron la construcción de 2 millones de metros cuadrados en esos barrios solo desde que se firmo el Decreto 220/07 hasta el momento.
Este grave y latente problema sanitario puede afectar, en cualquier momento, la calidad de vida de centenares de miles de habitantes de la Ciudad. No se trata de una cuestión menor, sino de una circunstancia que puede generar un daño ambiental irreparable e irreversible.
El Poder Legislativo de la Ciudad ha manifestado una preocupación similar sobre el tema, presentando un pedido de Informes y un Proyecto de Declaración. En el primero de ellos, se manifiesta en sus fundamentos que “El motivo de este pedido de informes es intentar obtener la mayor certeza sobre denuncias vecinales referidas al incumplimiento de diferentes normas y convenios que estarían exponiendo a la Ciudad de Buenos Aires y a sus habitantes a un importante daño y peligro ambiental. Si se confirmase el incumplimiento del convenio firmado con AySA en febrero de 2007, del Decreto 220/07 y de la Ley 2.359 estaríamos ante la desgraciada situación de haber estado contaminando durante 4 años los acuíferos Pampa y Puelche por contaminación por mezcla con agua potabilizada, y lo que es aun peor por residuos cloacales”.
Ante esta difícil situación esperamos esperanzados el fallo de la Dra , Cicero a los efectos de poner orden y hacer cumplir la Ley , garantizando la calidad de vida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Que esta puesta en juego solo por la vil ganancia de unos pocos.
L@s saludo fraternalmente.
Lic. Gustavo Maria Desplats
Coordinador Proto Comuna Caballito
miércoles, 9 de febrero de 2011
A 6 meses del derrumbe, esperan justicia
http://www.lanacion.com.ar/1348465-a-6-meses-del-derrumbe-esperan-justicia
Seis meses de dolor clavado en el alma, en el corazón. Eso sienten los familiares de las víctimas del derrumbe del gimnasio Orión de Villa Urquiza, que sólo exigen justicia porque -según dicen- "los responsables de la tragedia están libres", después de pagar $ 10.000 de fianza. También critican al gobierno porteño, al que culpan por no controlar como se debía y de "desaparecer" después de lo que pasó.
"Hace 180 días que no venía acá durante el día. Siempre pienso que mi hijo va a llegar a mi casa, y lo sueño... pero no, él ya no está. Sólo somos lágrimas", dice Wang Lu, la madre de Luis Lu, uno de los fallecidos el pasado 9 de agosto bajo los escombros del gimnasio.
Además de Luis, que tenía 23 años, el derrumbe se cobró la vida de Maximiliano Salgado, de 18 años, y de Guillermo Fede, de 37.
Wang está sentada en un bar frente al terreno donde se situaba el gimnasio, en Mendoza 5030, convocada por La Nacion el sábado al mediodía. A ella la acompañan su marido, Xin Lu; la madre de Maximiliano, Patricia Izraelewiz, y el hermano de Guillermo, Hernán Fede.
Ellos recuerdan como si fuera ayer aquella fría siesta de agosto, cuando el gimnasio cayó hacia un pozo lindante de unos cuatro metros de profundidad, abierto por una excavadora que trabajaba en una obra en construcción.
Las responsabilidades
Por el hecho, la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, del Juzgado de Instrucción N° 45, imputó por "estrago doloso seguido de muerte" al ingeniero responsable de la obra, Guillermo Heyaca Varela; al titular de la constructora Desarrolladora Mendoza SA, Daniel Alberto Menta; al dueño de la empresa de excavaciones Pataro, José Pataro, y a los dos obreros que estaban manejando la excavadora. Los familiares de las víctimas y cuatro heridos que dejó el hecho son querellantes en la causa.
La Nacion intentó comunicarse con Heyaca Varela, Menta y Pataro, pero no obtuvo respuestas.
"Los imputados hoy están en libertad porque pagaron una fianza de $ 10.000", cuenta Hernán Fede, y agrega: "Fue una vergüenza. La jueza no les dio la libertad porque el peritaje de los bomberos afirma que hubo negligencia en la excavación, pero ellos apelaron y la Sala 5a. de la Cámara Penal, a mediados de agosto, los dejó salir bajo fianza."
Pese a que la feria judicial terminó el 31 de enero pasado, hasta hoy los familiares de las víctimas no tuvieron novedades sobre las indagaciones que les tomaron a los imputados entre el 13 y 15 de diciembre.
"Esperemos que a seis meses de la tragedia la Justicia nos dé una noticia que nos deje más tranquilos", añora Fede.
"¿Qué creen que puede pasar?", pregunta La Nacion. "Los culpables van a patear la causa todo lo que puedan. Sabían que estaban haciendo las cosas mal, no es que fueron torpes o improvisados", responde Fede.
Tres funcionarios de distintas áreas de control y fiscalización de obras del gobierno porteño fueron desvinculados de sus puestos por el derrumbe: Raúl Oscar Ríos, que al momento del incidente era titular de la Agencia de Control Comunal; José Angel Báez, quien era director general de Fiscalización y Control de Obras, y Liliana Imaurri, esposa y asesora de Ríos.
La Nacion también llamó a esas oficinas públicas, pero allí adujeron que los actuales responsables (Jorge Ibáñez, por la Agencia de Control, y Mario Boscoboinik, de Fiscalización y Control) "estaban de vacaciones".
"[El jefe de gobierno porteño, Mauricio] Macri se olvidó de esto, pero estoy segura de que la gente no se olvida. Esto es un Cromagnon dos", dice Patricia Izraelewiz, refiriéndose al incendio del boliche, donde en diciembre de 2006 murieron 194 personas que asistieron a un recital de rock.
"Acá hubo negligencia, esta tragedia se podría haber evitado. La ciudad hizo un show ante las cámaras de la televisión, y después nunca más volvieron", afirma Wang, que llegó de China hace 25 años con su marido y un hermano mayor de Luis.
-¿El dueño del gimnasio, Pablo Galli, tuvo responsabilidad?
-El sabía que los locales tenían rajaduras, que había puertas que no se podían abrir porque los marcos estaban cediendo. No evacuó a la gente cuando tendría que haberlo hecho. Lamentablemente ninguno de los testigos que declararon lo imputó directamente, y como Guillermo, Luis y Maxi no pueden hablar, tampoco lo pueden responsabilizar -responde Fede.
"Sólo queremos que los culpables cumplan la condena, que estén presos. Porque nadie nos va a devolver a?", dice Hernán, a quien las lágrimas no lo dejan terminar la frase. "Esto tiene que ser un ejemplo para que dejen de especular con la construcción. Queremos justicia para aplacar un poco nuestro dolor."
Mauricio Caminos
martes, 8 de febrero de 2011
Informe Reservado
http://protocomunacaballito.blogspot.com/2011/02/irtv-desplats-7-de-cada-10-obras-en-la.html
Invitado al programa INFORME RESERVADO TV, el coordinador de la Protocomuna del barrio de Caballito, Gustavo Desplats, se refirió a la situación actual de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires y remarcó que “Los procedimientos están totalmente claros, el arte de construir hace 2 mil años atrás se sabe, está escrito. El problema es la avaricia de algunos, que por ganar 15 o 20 días de construcción, trabajan de maneras que no son correctas y no son las que establecen las normas”. “Si hubiera una ley de ética pública, haría imposible que los primeros y más importantes dos funcionarios de la cartera de planeamiento urbano sean a la vez socios de una constructora inmobiliaria. Es entendible el enojo de los vecinos de Villa Urquiza. Lostri y Chaín están obteniendo una rentabilidad, son inversores inmobiliarios, por el hecho de estar especulando con la construcción se encuentran en ambos lados de la mesa, es imposible que esto ocurra en la democracia”. VER: www.informereservado.tv
“Lamentablemente 7 de cada 10 obras son ilegales, clandestinas, que no cumplen con lo que establece el código, con lo cual pone en riesgo la vida de los obreros que están trabajado como la vida y propiedad de los vecinos linderos”, remarcó. “Lamentablemente desde hace 4 años tenemos la certeza de que la empresa AYSA realizara un informe muy completo en el 2007, que después se convirtió en una normativa en la ciudad, que establece claramente que hay 5 barrios de la Ciudad que son Villa Urquiza, Pueyrredon, Palermo, Coghlan y Caballito, que tienen una gran criticidad en la red de provisión de agua y en la red de recolección y saneamiento cloacal”, continuó Desplats.
Según dijo, “Se firmó un convenio y se estableció que había que realizar 320 kilómetros de obras de cañerías cloacales y de provisión de agua en el territorio de esos barrios. Para poder tener una buena calidad de servicios había que hacer esa cantidad de kilómetros pero todavía siguen sin hacerse”. “El convenio establecía que pasado un año, si esas obras no habían sido realizadas, la responsabilidad de hacerlas era del gobierno porteño, eso coincide a dos meses después de la asunción de Macri. Lamentablemente él no tomó las medidas que deberían haberse tomado, ponerse a hacer las obras, o alguna medida paliativa”, recalcó el coordinador de Protocomuna Caballito.
“Esos 5 barrios suman entre el 35 y 40 por ciento de todos lo que se permitió en los últimos 4 años. Estamos en un grave problema, que esperamos en los próximos días nos ayude la justicia, porque nos hemos presentado ante la justicia, y en este momento están a pocos días de decidir si nos dan o no una medida cautelar con la cual lograríamos que se dejaran de entregar permisos de obra en estos barrios, y además sería muy importante que no se entreguen los finales de obra”, explicó.
Además, agregó que “esto está en la normativa legislativa de la ciudad, cada uno de esos edificios que estamos pidiendo que no se entreguen el final de obra tienen su habilitación, en su permiso, un papel que dice que si no están hechas las obras cloacales y de agua, esos edificios no pueden ser habilitados. Estamos pidiendo que se cumpla solamente la Ley”. “En la red general de la ciudad de Buenos Aires hay una pérdida de fluido de agua de 36 y 38 por ciento, ambientalmente es algo terrible, por el esfuerzo que demanda potabilizar toda esa agua”, continuó Desplats.
“Estamos contaminando la tierra, se han encontrado roturas de los caños del orden del 80 por ciento, hay lugares en los cuales el suministro de agua y recolección cloacal queda reducido a un 20 por ciento de lo que estaba planeado en los caños originales, que son de 1911, están a punto de cumplir 100 años”, dijo.
En relación al ministro Chain y al subsecretario Lostri, dijo: “Son parte del problema, es como si tuviéramos al zorro cuidando al gallinero. La dinámica del funcionamiento del gobierno de Macri es dañina para los intereses de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, tienen cercanías con los constructores inmobiliarios, con la gente de la especulación. El año pasado nos dimos cuenta que era todavía mas complicado. Chain, Lostri, resulta que son socios de la construcción inmobiliaria los jardines de Roosvelt, la cual mágicamente después que empieza la construcción, le ponen un boulevard, un paso a nivel, uno puede entender que esas mejoras corresponden a decisiones políticas, que están pensadas pura y exclusivamente para un rédito personal”.
“Si hubiera una ley de ética pública, haría imposible que los primeros y más importantes dos funcionarios de la cartera de planeamiento urbano, sean a la vez socios de una constructora inmobiliaria. Es entendible el enojo de los vecinos de Villa Urquiza. Lostri y chain están obteniendo una rentabilidad, son inversores inmobiliarios, por el hecho de estar especulando con la construcción, se encuentran en ambos lados de la mesa, es imposible que esto ocurra en la democracia”, afirmó Gustavo Desplats. Por otro lado, agregó: “Tanto en Caballito como Villa Urquiza, si uno ve la cantidad de construcciones, se encuentran en la cercanía de donde estarán las estaciones. Hay una desproporción en la cantidad de construcciones”.
“Hay 5 barrios que concentran el 40 por ciento de lo que se construye en Buenos Aires. Hay 11 barrios que concentran el 80 por ciento de todo lo que se construye en la ciudad. Hay edificios en Caballito, al ritmo de crecimiento de Mataderos, por año se tardarían 50 años para construirse lo que se construye un año en caballito. Hay una gran desproporción que obviamente va en contra de los intereses de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Ya desde el año 2008 el gobierno de la ciudad debería haber incluido en el presupuesto partidas para resolver esta problemática, pero no lo ha hecho. Consideramos después la problemática del saneamiento de la cuenca de matanza riachuelo, la problemática medio ambiental más importante de la ciudad de Buenos Aires”, exclamó.
Por último, dijo: “La defensoría del pueblo de la Ciudad ha iniciado un proyecto de ley que ya tiene sanción en la legislatura y se ha integrado una comisión que va a tener representantes de la UOCRA, de la sociedad central de arquitectos, ingenieros, de la facultad de arquitectura de Buenos Aires, ejecutivo y legislativo de la ciudad de Buenos Aires. De acá a 15 días se tendrá que definir quienes son sus representantes, a partir de ahí se hará todo un trabajo a los efectos de modificar el código de planeamiento urbano, que se modifique lo que se pide a los constructores, que hasta este momento, no se los controlaba desde parte del gobierno de la ciudad, hasta cuando hacían el piso del primer piso, mas que la mega presentación formal de planos. Estamos pidiendo que en el momento de la demolición, y dos veces en el momento del pozo, haya inspecciones”.
“Los procedimientos están totalmente claros, el arte de construir hace 2 mil años atrás se sabe, esta escrito. El problema es la avaricia de algunos, que por ganar 15 o 20 días de construcción, trabajan de maneras que no son correctas y no son las que establecen las normas”, concluyó Gustavo Desplats.
Invitado al programa INFORME RESERVADO TV, el coordinador de la Protocomuna del barrio de Caballito, Gustavo Desplats, se refirió a la situación actual de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires y remarcó que “Los procedimientos están totalmente claros, el arte de construir hace 2 mil años atrás se sabe, está escrito. El problema es la avaricia de algunos, que por ganar 15 o 20 días de construcción, trabajan de maneras que no son correctas y no son las que establecen las normas”. “Si hubiera una ley de ética pública, haría imposible que los primeros y más importantes dos funcionarios de la cartera de planeamiento urbano sean a la vez socios de una constructora inmobiliaria. Es entendible el enojo de los vecinos de Villa Urquiza. Lostri y Chaín están obteniendo una rentabilidad, son inversores inmobiliarios, por el hecho de estar especulando con la construcción se encuentran en ambos lados de la mesa, es imposible que esto ocurra en la democracia”. VER: www.informereservado.tv
“Lamentablemente 7 de cada 10 obras son ilegales, clandestinas, que no cumplen con lo que establece el código, con lo cual pone en riesgo la vida de los obreros que están trabajado como la vida y propiedad de los vecinos linderos”, remarcó. “Lamentablemente desde hace 4 años tenemos la certeza de que la empresa AYSA realizara un informe muy completo en el 2007, que después se convirtió en una normativa en la ciudad, que establece claramente que hay 5 barrios de la Ciudad que son Villa Urquiza, Pueyrredon, Palermo, Coghlan y Caballito, que tienen una gran criticidad en la red de provisión de agua y en la red de recolección y saneamiento cloacal”, continuó Desplats.
Según dijo, “Se firmó un convenio y se estableció que había que realizar 320 kilómetros de obras de cañerías cloacales y de provisión de agua en el territorio de esos barrios. Para poder tener una buena calidad de servicios había que hacer esa cantidad de kilómetros pero todavía siguen sin hacerse”. “El convenio establecía que pasado un año, si esas obras no habían sido realizadas, la responsabilidad de hacerlas era del gobierno porteño, eso coincide a dos meses después de la asunción de Macri. Lamentablemente él no tomó las medidas que deberían haberse tomado, ponerse a hacer las obras, o alguna medida paliativa”, recalcó el coordinador de Protocomuna Caballito.
“Esos 5 barrios suman entre el 35 y 40 por ciento de todos lo que se permitió en los últimos 4 años. Estamos en un grave problema, que esperamos en los próximos días nos ayude la justicia, porque nos hemos presentado ante la justicia, y en este momento están a pocos días de decidir si nos dan o no una medida cautelar con la cual lograríamos que se dejaran de entregar permisos de obra en estos barrios, y además sería muy importante que no se entreguen los finales de obra”, explicó.
Además, agregó que “esto está en la normativa legislativa de la ciudad, cada uno de esos edificios que estamos pidiendo que no se entreguen el final de obra tienen su habilitación, en su permiso, un papel que dice que si no están hechas las obras cloacales y de agua, esos edificios no pueden ser habilitados. Estamos pidiendo que se cumpla solamente la Ley”. “En la red general de la ciudad de Buenos Aires hay una pérdida de fluido de agua de 36 y 38 por ciento, ambientalmente es algo terrible, por el esfuerzo que demanda potabilizar toda esa agua”, continuó Desplats.
“Estamos contaminando la tierra, se han encontrado roturas de los caños del orden del 80 por ciento, hay lugares en los cuales el suministro de agua y recolección cloacal queda reducido a un 20 por ciento de lo que estaba planeado en los caños originales, que son de 1911, están a punto de cumplir 100 años”, dijo.
En relación al ministro Chain y al subsecretario Lostri, dijo: “Son parte del problema, es como si tuviéramos al zorro cuidando al gallinero. La dinámica del funcionamiento del gobierno de Macri es dañina para los intereses de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, tienen cercanías con los constructores inmobiliarios, con la gente de la especulación. El año pasado nos dimos cuenta que era todavía mas complicado. Chain, Lostri, resulta que son socios de la construcción inmobiliaria los jardines de Roosvelt, la cual mágicamente después que empieza la construcción, le ponen un boulevard, un paso a nivel, uno puede entender que esas mejoras corresponden a decisiones políticas, que están pensadas pura y exclusivamente para un rédito personal”.
“Si hubiera una ley de ética pública, haría imposible que los primeros y más importantes dos funcionarios de la cartera de planeamiento urbano, sean a la vez socios de una constructora inmobiliaria. Es entendible el enojo de los vecinos de Villa Urquiza. Lostri y chain están obteniendo una rentabilidad, son inversores inmobiliarios, por el hecho de estar especulando con la construcción, se encuentran en ambos lados de la mesa, es imposible que esto ocurra en la democracia”, afirmó Gustavo Desplats. Por otro lado, agregó: “Tanto en Caballito como Villa Urquiza, si uno ve la cantidad de construcciones, se encuentran en la cercanía de donde estarán las estaciones. Hay una desproporción en la cantidad de construcciones”.
“Hay 5 barrios que concentran el 40 por ciento de lo que se construye en Buenos Aires. Hay 11 barrios que concentran el 80 por ciento de todo lo que se construye en la ciudad. Hay edificios en Caballito, al ritmo de crecimiento de Mataderos, por año se tardarían 50 años para construirse lo que se construye un año en caballito. Hay una gran desproporción que obviamente va en contra de los intereses de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Ya desde el año 2008 el gobierno de la ciudad debería haber incluido en el presupuesto partidas para resolver esta problemática, pero no lo ha hecho. Consideramos después la problemática del saneamiento de la cuenca de matanza riachuelo, la problemática medio ambiental más importante de la ciudad de Buenos Aires”, exclamó.
Por último, dijo: “La defensoría del pueblo de la Ciudad ha iniciado un proyecto de ley que ya tiene sanción en la legislatura y se ha integrado una comisión que va a tener representantes de la UOCRA, de la sociedad central de arquitectos, ingenieros, de la facultad de arquitectura de Buenos Aires, ejecutivo y legislativo de la ciudad de Buenos Aires. De acá a 15 días se tendrá que definir quienes son sus representantes, a partir de ahí se hará todo un trabajo a los efectos de modificar el código de planeamiento urbano, que se modifique lo que se pide a los constructores, que hasta este momento, no se los controlaba desde parte del gobierno de la ciudad, hasta cuando hacían el piso del primer piso, mas que la mega presentación formal de planos. Estamos pidiendo que en el momento de la demolición, y dos veces en el momento del pozo, haya inspecciones”.
“Los procedimientos están totalmente claros, el arte de construir hace 2 mil años atrás se sabe, esta escrito. El problema es la avaricia de algunos, que por ganar 15 o 20 días de construcción, trabajan de maneras que no son correctas y no son las que establecen las normas”, concluyó Gustavo Desplats.
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