Acusan al ministro Chaín por tráfico de influencias

El titular de Desarrollo Urbano fue denunciado por integrar una sociedad dedicada a los emprendimientos inmobiliarios que se benefició con la compra de terrenos en una zona de la Ciudad sobre la que luego se decidió la prolongación de la línea del subte B. También está acusado el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri.

La Política Online | 05.11.2010 20:07:00

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“Los Jardines de Roosevelt es un concepto arquitectónico totalmente innovador en la zona. Sus originales pautas de diseño combinan confort y abundantes espacios verdes. Espectaculares duplex y triplex”, dice el anuncio de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la esquina de las calles Aizpurua y Roosevelt, en el barrio de Villa Urquiza.

Lo llamativo es que detrás de este complejo hay una sociedad anónima –Jardines de Roosevelt S.A.- y que sus accionistas son dos integrantes del gobierno porteño: el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín y el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, quienes invirtieron en la obra siendo funcionarios públicos.

“Es muy malo estar de los dos lados del mostrador”, señaló el diputado Gonzalo Ruanova (del sabatellista bloque Nuevo Encuentro) y explicó que Chaín y Lostri participaron de la compra del terreno, poco antes de que el Ejecutivo porteño decidiera que por allí iba a pasar la extensión de la Línea B de subtes.

Es que la construcción de la última estación prevista, llamada “Villa Urquiza”, se emplazará por debajo de la Avenida Triunvirato, en el cruce con las calles Monroe y Roosevelt. Muy cerca del emprendimiento inmobiliario.

La denuncia se planteó en la Legislatura, en el marco de las reuniones de Presupuesto 2011. “Yo no compro ni vendo cosas que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. Sólo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto de vista ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada”, respondió fríamente el ministro.

En tanto, el legislador señaló que evalúa presentar una denuncia judicial y que puede demostrar que esta sociedad “compró un inmueble en un domicilio donde más tarde, y sólo a dos cuadras, se decidió la creación de una estación de subte, que lógicamente incrementa el valor de la propiedad”.

“No se tienen que lanzar este tipo de acusaciones acá, sino en la Justicia”, defendió el diputado Alvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto. Luego de la reunión, el diputado Ruanova precisó que el principal problema con este tipo de cuestiones radica en que “el PRO se niega a tratar la Ley de Etica Pública para la Ciudad, que evitaría estas claras incompatibilidades éticas en el ejercicio de la función pública”.