Estos son los 23 derrumbes que denunciaron los legisladores porteños:
Dos obreros estuvieron atrapados y fueron rescatados tras un derrumbe en una obra en demolición en el barrio de Caballito, Valle al 1100. Fue en septiembre de 2008.
Cuatro meses más tarde, en Billinghurts 1153, seis personas sufrieron lesiones al caerse un encofrado de un edificio.
Durante febrero, en la calle Chacabuco al 1000, en el barrio de San Telmo, se derrumba una medianera que separaba una panadería de una residencia universitaria. Sin víctimas.
El 16 de mayo, en el barrio de Floresta, dos heridos deja un derrumbe en una obra en construcción. Fue en la calle San Nicolás al 800.
El obrero Gustavo Lescano, paraguayo de 28 años, fallece el 27 de octubre de 2009 cuando una medianera se derrumba en una obra en construcción en la calle Sánchez de Loria 1100. Dos meses antes se habían solicitado las inspecciones correspondientes.
En diciembre de ese mismo año, un hombre murió y otro resultó herido al derrumbarse una losa de una vivienda refaccionado en Córdoba y Pringles.
Esa misma semana, se desploma el techo de una obra en construcción en Mataderos con el resultados de seis personas heridas.
Ya en el 2010, no se registraron heridos en un local comercial en el barrio de Colegiales. Se derrumbó mientras estaba siendo refaccionado.
Nuevamente en Caballito, pero en marzo de 2010, se derrumba una medianera de un edificio lindero a una obra en construcción en la calle Calasanz. Tampoco hubo víctimas.
Días más tarde, mientras una familia esta comiendo en su casa se derrumba una medianera en la calle José Mármol al 800, en Boedo. Ninguno resultó herido.
Tres pisos de un edificio que estaba siendo refaccionado caen entre las calles Viamonte y Esmeralda, en pleno centro porteño, sin ocasionar heridos en julio de 2010.
El 8 de agosto mueren tres personas en el derrumbe del gimnasio ubicado en la calle Mendoza 5030, en el barrio de Villa Urquiza.
Tres días más tarde, una nena resulta herida al desplomarse una obra en construcción en Villa del Parque, en las calles Alvarez Jonte y Condarco.
El 10 de septiembre de 2010 se derrumba el boliche Beara, lleno de jóvenes en ese momento de la noche. Dos muertos y 36 heridos graves.
Vuelve a derrumbarse una vivienda en Villa Urquiza, esta vez sin heridos, en Roosevelt y Triunvirato.
En enero de 2011, fallece un obrero de 42 años. El derrumbe se produjo por las vibraciones de un tractor que estaba trabajando en Lacarra y Riestra.
El mismo mes, vecinos de Parque Chas denunciaron inestabilidad en una obra, pero fueron ignorados: cedió la medianera.
Detrozos y graves daños materiales se produjeron cuando una grúa cae desde 35 metros de alto en Las Cañitas, en la calle Báez al 500.
En abril de 2011, se registran tres heridos al derrumbarse una medianera en Lafinur al 3.000.
En agosto de este año, un obrero quedo herido con el derrumbe de un encofrado en una obra en construcción en el barrio de Floresta, en las calles Campana y Bacacay.
El mismo mes, cede el cielorraso de cuatro aulas de la Escuela n°3 B. Irigoyen, ubicada en Montes de Oca al 400, Barracas.
Hace apenas poco más de un mes, en Directorio 428, fallece un obrero de 23 años al ceder el techo de una edificación a punto de ser demolida.
Se derrumba el edificio ubicado en Bartolomé Mitre al 1200. Hay un muerto y varios damnificados. Los vecinos también habían hecho la denuncia de una obra vecina.
miércoles, 30 de noviembre de 2011
miércoles, 23 de noviembre de 2011
El precio del descontrol
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2171-2011-11-12.html
En menos de tres años ya hubo ocho muertos y 47 heridos en obras en construcción. En ninguno de esos casos hubo algún problema técnico real, sólo los efectos de la garantía de impunidad del gobierno porteño.
Por Sergio Kiernan
La vida de Isidoro Madueña es apenas otro costo para los especuladores inmobiliarios. El señor vivía en el edificio que se derrumbó en la calle Bartolomé Mitre y no escuchó que había que evacuar. Este jueves, los perros encontraron su cadáver aplastado en lo que quedaba del tercer piso. Habían pasado seis días y lo habían buscado sólo por el creciente escándalo y desesperación de su hijo. De hecho, el gobierno porteño había decidido demoler de inmediato el edificio y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, hasta había dicho que encontrarían a Madueña cuando demolieran todo.
Esta actitud de frialdad ante la vida de los otros muestra el centro exacto de la política macrista, que es la garantía a los negocios más especulativos de la industria de la construcción. Lo que ocurrió en la calle Bartolomé Mitre no es un accidente, una desgracia, sino la consecuencia de una oferta bien recibida de impunidad y protección. Es que Mauricio Macri sólo se ganó la vida en la construcción, como su ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, el subsecretario de Planeamiento Héctor Lostri y absolutamente todos los funcionarios relevantes que pudieron nombrar desde 2007. Otros sectores deben envidiar la red protectora que el gobierno porteño brinda a sus colegas.
Buenos Aires tiene un terreno suave y allanado, sin problemas sísmicos y apenas aguas de más allá abajo. Pero los viejos arroyos están mapeados desde siempre y todo el mundo sabe que en la costa se encuentran los esponjosos terrenos de los rellenos, con lo que se toman las precauciones técnicas necesarias. La razón excluyente para este tipo de accidentes es ahorrarse costos: las construcciones caen porque es más barato tirarse el lance de acortar la obra o evitarse gastos en terraplenados o submuraciones. Técnicamente, no hay ninguna justificación.
Macri asumió en diciembre de 2007 y prontamente empezaron a llover edificios. El 28 de abril de 2008 hubo seis heridos en Palermo cuando se derrumbó una obra recién empezada. En 2009 no hubo heridos ni muertos, pero para el año pasado se empezó a notar la maduración del sistema. Los derrumbes y accidentes comenzaron a acelerarse y el 8 de agosto ocurrió el de Villa Urquiza, idéntico al de la calle Bartolomé Mitre, que dejó tres muertos en el gimnasio vecino. Tres días después se cayó un pedazo de mampostería en Jonte y Condarco que hirió a una nena, y el 10 de noviembre hubo dos muertos y tres docenas de heridos en el boliche Beara. El 13 de febrero de este año se cayó una grúa en la obra de Las Cañitas, y exactamente dos meses después se derrumbaba una obra en la calle Lafinur, con tres heridos. El 3 de mayo moría una persona en Mataderos, el 19 de julio ocurrió otro milagro en Viamonte y Esmeralda –un derrumbe cinematográfico– y el 12 de agosto había un herido en Campana y Bacacay. El 27 de octubre los obreros salían corriendo de Independencia 2547, pero el primero de noviembre murió uno en la calle Directorio, Y ahora el señor Madueña. Ocho muertos y 47 heridos en tres años.
La respuesta del gobierno porteño en cada caso es idéntica, afirmar que no pueden poner un inspector en cada obra. Este aparente sentido común es falso por partida doble. Primero porque los inspectores sí van a las obras –y a boliches como Beara– y nunca ven nada fuera de lugar. Segundo porque nunca hubo ni habrá un policía en cada esquina, pero hasta los porteños no pasan los semáforos en rojo. Es que con las multas, las cámaras y el sistema de puntaje, hay “ambiente” de que tarde o temprano se paga la infracción y duramente.
Esa es justamente la garantía del macrismo a la industria, que no va a pagar ni mucho menos. Ahora la ciudad va a expropiar el edificio destruido y les pagará a los damnificados “a valor de mercado”, como dijeron los funcionarios. Esto toca la solidaridad de todos los que piensan en la desgracia bíblica de perderlo todo, pero transfiere el costo a los ciudadanos. ¿Y la empresa? ¿Y el arquitecto responsable? ¿Les harán juicio? ¿El CPAU llamará a un tribunal de ética?
Una curiosidad de toda esta desgracia es que el vocero del gobierno terminó siendo el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y no el de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que estrictamente hablando es el jefe de permisos, inspecciones y habilitaciones de la Ciudad. Que nadie mire a Chaín demuestra su poder real. El es quien se encarga de que no se reglamenten las leyes que afectarían a la industria de la construcción, como la 1227 de patrimonio o la más reciente que ordena inspeccionar los pozos de obra. Y es quien permite que se violen regularmente leyes aprobadas y reglamentadas de años, como la que impide construir torres al lado de inmuebles catalogados como patrimonio. Chaín se ocupó además en sus cuatro años de ministerio, de no hacer cosas como invertir en un cuerpo de inspección realmente capaz.
Una historia sin muertos ni heridos permite ver en detalle el nivel minucioso de impotencia a la que el macrismo redujo nuestra ciudad. Es la que cuenta la construcción de un edificio en French 2809, que arrancó hace menos de dos años y ya produjo un aluvión de denuncias, incluyendo penales, y un verdadero expediente administrativo de los gordos, sin resultado alguno. En Junín 2809 había un petit hotel afrancesado y de lo más “petit”, una planta baja y primer piso en un terreno irregular de algo menos de 100 metros cuadrados. A mano derecha, visto de enfrente, la casita tenía de vecino un sólido edificio racionalista. A mano izquierda, dos edificios notables y catalogados, la casa del artista Guillermo Klemm y un precioso edificio Déco. No sólo el lote era pequeño, sino que tenía los límites legales del entorno de edificios catalogados.
Pero las irregularidades empezaron desde el primer día. La casita comenzó a demolerse en julio de 2009, con un cartelito ilegible allá en las alturas. Luego apareció el permiso de demolición, fechado en diciembre de 2009. Resulta que el caso, aunque la casita era anterior a 1941, no pasó por el CAAP y tampoco se tuvo en cuenta aquello del entorno de las catalogadas. Para el verano de 2010 empezaron los trabajos y los problemas. Para empezar, el edificio no tenía cuatro pisos, como se permitía, sino ocho de doble altura. ¿Cómo se aprobó semejante cosa? Pues resulta que al ser de doble altura no se superaba la superficie máxima permitida y parece que nadie se acordó de la altura máxima permitida. El plano hasta tiene la observación oficial de que los empresarios prometen no hacer entrepisos y aumentar la superficie...
La obra fue un desastre para los vecinos. La casa Klemm presenta su frente carcomido sin piedad, con molduras rotas, y los vitrales de la claraboya fueron arruinados. El edificio del otro lado hasta se inundó en la tormenta de mayo del año pasado, porque le habían hecho unos puentes de madera a su espacio de escaleras por los que corrió el agua. El 17 de febrero la cosa se empezó a poner seria cuando de un mazazo alguien rompió la medianera y derramó ladrillos sobre la cama de una vecina, que por suerte se había levantado temprano. Terminó la policía presente, un acta de escribano con fotos, una denuncia en el CGP derivada a la autoridad competente, la dirección general de Fiscalización de Obras y Catastros, dependiente del ministro Chaín. Allí le dijeron a la vecina que “los papeles están en orden” y no quisieron entender que no era un problema de documentos sino de ladrillos cayendo.
La saga que siguió incluyó decenas de llamados al 147, el número de atención al público de la Ciudad, una fuerte recomendación de la Defensoría del Pueblo, amenazas verbales a la vecina –que incluyeron que la fotografiaran desde un auto y les dijeran a los albañiles que por culpa de ella se iban a quedar todos sin trabajo– y varias visitas de la policía. También hubo descubrimientos como que los ruidos eran fortísimos y las vibraciones tan destructivas porque el edificio se estaba ganando algún centímetro recortando las estructuras de sus vecinos. Según parece, el ancho del lote era algo menor de lo que figuraba en la escritura y querían “recuperar” la diferencia.
Las libertades que se tomaron los empresarios hasta incluyeron abrir ventanales –y no ventiletes de baños– en un par de pisos sobre la medianera a la casa Klemm. Los inspectores porteños comprobaron todo esto y no hicieron nada. Absolutamente nada: el edificio ya está terminado sin mayores problemas. Sólo la emperrada obstinación de la vecina logró que se abra hasta un sumario administrativo de la Agencia de Control, lo que hará más difícil la habilitación final. O no, porque siempre hay una solución.
El defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado, un hombre de frases certeras, suele decir que el principio que rige al gobierno porteño en estas cosas parece ser “in dubio, pro constructores”. Esto es, que son inocentes hasta cuando se demuestre su culpabilidad.
En menos de tres años ya hubo ocho muertos y 47 heridos en obras en construcción. En ninguno de esos casos hubo algún problema técnico real, sólo los efectos de la garantía de impunidad del gobierno porteño.
Por Sergio Kiernan
La vida de Isidoro Madueña es apenas otro costo para los especuladores inmobiliarios. El señor vivía en el edificio que se derrumbó en la calle Bartolomé Mitre y no escuchó que había que evacuar. Este jueves, los perros encontraron su cadáver aplastado en lo que quedaba del tercer piso. Habían pasado seis días y lo habían buscado sólo por el creciente escándalo y desesperación de su hijo. De hecho, el gobierno porteño había decidido demoler de inmediato el edificio y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, hasta había dicho que encontrarían a Madueña cuando demolieran todo.
Esta actitud de frialdad ante la vida de los otros muestra el centro exacto de la política macrista, que es la garantía a los negocios más especulativos de la industria de la construcción. Lo que ocurrió en la calle Bartolomé Mitre no es un accidente, una desgracia, sino la consecuencia de una oferta bien recibida de impunidad y protección. Es que Mauricio Macri sólo se ganó la vida en la construcción, como su ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, el subsecretario de Planeamiento Héctor Lostri y absolutamente todos los funcionarios relevantes que pudieron nombrar desde 2007. Otros sectores deben envidiar la red protectora que el gobierno porteño brinda a sus colegas.
Buenos Aires tiene un terreno suave y allanado, sin problemas sísmicos y apenas aguas de más allá abajo. Pero los viejos arroyos están mapeados desde siempre y todo el mundo sabe que en la costa se encuentran los esponjosos terrenos de los rellenos, con lo que se toman las precauciones técnicas necesarias. La razón excluyente para este tipo de accidentes es ahorrarse costos: las construcciones caen porque es más barato tirarse el lance de acortar la obra o evitarse gastos en terraplenados o submuraciones. Técnicamente, no hay ninguna justificación.
Macri asumió en diciembre de 2007 y prontamente empezaron a llover edificios. El 28 de abril de 2008 hubo seis heridos en Palermo cuando se derrumbó una obra recién empezada. En 2009 no hubo heridos ni muertos, pero para el año pasado se empezó a notar la maduración del sistema. Los derrumbes y accidentes comenzaron a acelerarse y el 8 de agosto ocurrió el de Villa Urquiza, idéntico al de la calle Bartolomé Mitre, que dejó tres muertos en el gimnasio vecino. Tres días después se cayó un pedazo de mampostería en Jonte y Condarco que hirió a una nena, y el 10 de noviembre hubo dos muertos y tres docenas de heridos en el boliche Beara. El 13 de febrero de este año se cayó una grúa en la obra de Las Cañitas, y exactamente dos meses después se derrumbaba una obra en la calle Lafinur, con tres heridos. El 3 de mayo moría una persona en Mataderos, el 19 de julio ocurrió otro milagro en Viamonte y Esmeralda –un derrumbe cinematográfico– y el 12 de agosto había un herido en Campana y Bacacay. El 27 de octubre los obreros salían corriendo de Independencia 2547, pero el primero de noviembre murió uno en la calle Directorio, Y ahora el señor Madueña. Ocho muertos y 47 heridos en tres años.
La respuesta del gobierno porteño en cada caso es idéntica, afirmar que no pueden poner un inspector en cada obra. Este aparente sentido común es falso por partida doble. Primero porque los inspectores sí van a las obras –y a boliches como Beara– y nunca ven nada fuera de lugar. Segundo porque nunca hubo ni habrá un policía en cada esquina, pero hasta los porteños no pasan los semáforos en rojo. Es que con las multas, las cámaras y el sistema de puntaje, hay “ambiente” de que tarde o temprano se paga la infracción y duramente.
Esa es justamente la garantía del macrismo a la industria, que no va a pagar ni mucho menos. Ahora la ciudad va a expropiar el edificio destruido y les pagará a los damnificados “a valor de mercado”, como dijeron los funcionarios. Esto toca la solidaridad de todos los que piensan en la desgracia bíblica de perderlo todo, pero transfiere el costo a los ciudadanos. ¿Y la empresa? ¿Y el arquitecto responsable? ¿Les harán juicio? ¿El CPAU llamará a un tribunal de ética?
Una curiosidad de toda esta desgracia es que el vocero del gobierno terminó siendo el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y no el de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que estrictamente hablando es el jefe de permisos, inspecciones y habilitaciones de la Ciudad. Que nadie mire a Chaín demuestra su poder real. El es quien se encarga de que no se reglamenten las leyes que afectarían a la industria de la construcción, como la 1227 de patrimonio o la más reciente que ordena inspeccionar los pozos de obra. Y es quien permite que se violen regularmente leyes aprobadas y reglamentadas de años, como la que impide construir torres al lado de inmuebles catalogados como patrimonio. Chaín se ocupó además en sus cuatro años de ministerio, de no hacer cosas como invertir en un cuerpo de inspección realmente capaz.
Una historia sin muertos ni heridos permite ver en detalle el nivel minucioso de impotencia a la que el macrismo redujo nuestra ciudad. Es la que cuenta la construcción de un edificio en French 2809, que arrancó hace menos de dos años y ya produjo un aluvión de denuncias, incluyendo penales, y un verdadero expediente administrativo de los gordos, sin resultado alguno. En Junín 2809 había un petit hotel afrancesado y de lo más “petit”, una planta baja y primer piso en un terreno irregular de algo menos de 100 metros cuadrados. A mano derecha, visto de enfrente, la casita tenía de vecino un sólido edificio racionalista. A mano izquierda, dos edificios notables y catalogados, la casa del artista Guillermo Klemm y un precioso edificio Déco. No sólo el lote era pequeño, sino que tenía los límites legales del entorno de edificios catalogados.
Pero las irregularidades empezaron desde el primer día. La casita comenzó a demolerse en julio de 2009, con un cartelito ilegible allá en las alturas. Luego apareció el permiso de demolición, fechado en diciembre de 2009. Resulta que el caso, aunque la casita era anterior a 1941, no pasó por el CAAP y tampoco se tuvo en cuenta aquello del entorno de las catalogadas. Para el verano de 2010 empezaron los trabajos y los problemas. Para empezar, el edificio no tenía cuatro pisos, como se permitía, sino ocho de doble altura. ¿Cómo se aprobó semejante cosa? Pues resulta que al ser de doble altura no se superaba la superficie máxima permitida y parece que nadie se acordó de la altura máxima permitida. El plano hasta tiene la observación oficial de que los empresarios prometen no hacer entrepisos y aumentar la superficie...
La obra fue un desastre para los vecinos. La casa Klemm presenta su frente carcomido sin piedad, con molduras rotas, y los vitrales de la claraboya fueron arruinados. El edificio del otro lado hasta se inundó en la tormenta de mayo del año pasado, porque le habían hecho unos puentes de madera a su espacio de escaleras por los que corrió el agua. El 17 de febrero la cosa se empezó a poner seria cuando de un mazazo alguien rompió la medianera y derramó ladrillos sobre la cama de una vecina, que por suerte se había levantado temprano. Terminó la policía presente, un acta de escribano con fotos, una denuncia en el CGP derivada a la autoridad competente, la dirección general de Fiscalización de Obras y Catastros, dependiente del ministro Chaín. Allí le dijeron a la vecina que “los papeles están en orden” y no quisieron entender que no era un problema de documentos sino de ladrillos cayendo.
La saga que siguió incluyó decenas de llamados al 147, el número de atención al público de la Ciudad, una fuerte recomendación de la Defensoría del Pueblo, amenazas verbales a la vecina –que incluyeron que la fotografiaran desde un auto y les dijeran a los albañiles que por culpa de ella se iban a quedar todos sin trabajo– y varias visitas de la policía. También hubo descubrimientos como que los ruidos eran fortísimos y las vibraciones tan destructivas porque el edificio se estaba ganando algún centímetro recortando las estructuras de sus vecinos. Según parece, el ancho del lote era algo menor de lo que figuraba en la escritura y querían “recuperar” la diferencia.
Las libertades que se tomaron los empresarios hasta incluyeron abrir ventanales –y no ventiletes de baños– en un par de pisos sobre la medianera a la casa Klemm. Los inspectores porteños comprobaron todo esto y no hicieron nada. Absolutamente nada: el edificio ya está terminado sin mayores problemas. Sólo la emperrada obstinación de la vecina logró que se abra hasta un sumario administrativo de la Agencia de Control, lo que hará más difícil la habilitación final. O no, porque siempre hay una solución.
El defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado, un hombre de frases certeras, suele decir que el principio que rige al gobierno porteño en estas cosas parece ser “in dubio, pro constructores”. Esto es, que son inocentes hasta cuando se demuestre su culpabilidad.
La retroexcavadora de la precariedad
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-56553-2011-11-12.html
Por Rafael Gentili *
A decir verdad, la ciudad de Buenos Aires en los últimos años no ha sido pobre en acontecimientos y “accidentes” que nos ponen frente a una realidad que, creo, debemos pensar como precariedad. En general, este término ha sido asociado a la precariedad laboral, a las condiciones de pobreza. Pero debemos ampliar las situaciones que englobamos bajo este término y, a la vez, mostrar las relaciones entre ellas. Se trata de pensar la precariedad como un rasgo que atraviesa una multiplicidad de situaciones cotidianas donde se instala la incertidumbre como horizonte.
El neoliberalismo como momento de destrucción de lo público y desguace del Estado fue un modelo que arrojó a vastos sectores de la población a condiciones de vulnerabilidad por la pérdida del empleo y del valor de sus ingresos. Pero existe otra dimensión de la precariedad, quizá más invisible, pero tan estrechamente vinculada con la destrucción del Estado como la anterior, y que parece no ser objeto de políticas tendientes a ponerle fin. Incluso no se ha colocado aún como tema de la agenda pública. Cromañón fue uno de esos acontecimientos que logró en su momento colocar el debate acerca de la ausencia del Estado como agente regulador y las múltiples maneras en que corrupción, negligencia de funcionarios e intereses privados, se mezclan. Pero existe otra serie de hechos, también con víctimas fatales, que dan cuenta de esta precariedad vinculada con la falta de controles y regulaciones imprescindibles para garantizar horizontes de certidumbre.
Los derrumbes en distintos barrios, que se vienen sucediendo hace por lo menos cuatro años y que mostró en Villa Urquiza una de sus versiones más dolorosas, no son accidentes. Son hechos que se producen por ausencia de controles efectivos y de dispositivos diseñados para evitarlos. Eso es una tarea básica del Gobierno de la Ciudad que la gestión actual parece no poder garantizar o quizá no querer hacerlo. Con esa ausencia de controles, algunos pocos ganan, pero la mayoría perdemos. Esta problemática debe formar parte de una agenda de seguridad ciudadana, porque el sentimiento de inseguridad y desprotección no sólo se vincula con el delito, sino también con estos hechos que muestran la fragilidad de una institucionalidad que no es capaz de producir horizontes de previsibilidad e instala la precariedad de la vida como certeza.
Pensando en soluciones, las comunas pueden sernos útiles. Entre sus facultades está la fiscalización y el poder de policía de las normas de uso de los espacios públicos, del suelo, de las obras y proyectos que tengan impacto comunal, con un cuerpo de inspectores y con la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y el control de los asuntos públicos.
* Presidente de la Comisión de Descentralización de la Legislatura porteña (Proyecto Sur).
Por Rafael Gentili *
A decir verdad, la ciudad de Buenos Aires en los últimos años no ha sido pobre en acontecimientos y “accidentes” que nos ponen frente a una realidad que, creo, debemos pensar como precariedad. En general, este término ha sido asociado a la precariedad laboral, a las condiciones de pobreza. Pero debemos ampliar las situaciones que englobamos bajo este término y, a la vez, mostrar las relaciones entre ellas. Se trata de pensar la precariedad como un rasgo que atraviesa una multiplicidad de situaciones cotidianas donde se instala la incertidumbre como horizonte.
El neoliberalismo como momento de destrucción de lo público y desguace del Estado fue un modelo que arrojó a vastos sectores de la población a condiciones de vulnerabilidad por la pérdida del empleo y del valor de sus ingresos. Pero existe otra dimensión de la precariedad, quizá más invisible, pero tan estrechamente vinculada con la destrucción del Estado como la anterior, y que parece no ser objeto de políticas tendientes a ponerle fin. Incluso no se ha colocado aún como tema de la agenda pública. Cromañón fue uno de esos acontecimientos que logró en su momento colocar el debate acerca de la ausencia del Estado como agente regulador y las múltiples maneras en que corrupción, negligencia de funcionarios e intereses privados, se mezclan. Pero existe otra serie de hechos, también con víctimas fatales, que dan cuenta de esta precariedad vinculada con la falta de controles y regulaciones imprescindibles para garantizar horizontes de certidumbre.
Los derrumbes en distintos barrios, que se vienen sucediendo hace por lo menos cuatro años y que mostró en Villa Urquiza una de sus versiones más dolorosas, no son accidentes. Son hechos que se producen por ausencia de controles efectivos y de dispositivos diseñados para evitarlos. Eso es una tarea básica del Gobierno de la Ciudad que la gestión actual parece no poder garantizar o quizá no querer hacerlo. Con esa ausencia de controles, algunos pocos ganan, pero la mayoría perdemos. Esta problemática debe formar parte de una agenda de seguridad ciudadana, porque el sentimiento de inseguridad y desprotección no sólo se vincula con el delito, sino también con estos hechos que muestran la fragilidad de una institucionalidad que no es capaz de producir horizontes de previsibilidad e instala la precariedad de la vida como certeza.
Pensando en soluciones, las comunas pueden sernos útiles. Entre sus facultades está la fiscalización y el poder de policía de las normas de uso de los espacios públicos, del suelo, de las obras y proyectos que tengan impacto comunal, con un cuerpo de inspectores y con la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y el control de los asuntos públicos.
* Presidente de la Comisión de Descentralización de la Legislatura porteña (Proyecto Sur).
lunes, 7 de noviembre de 2011
MAS DERRUMBES Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD SIGUE MIRANDO PARA OTRO LADO
http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/ataca-creciente-inseguridad_0_586141510.html
No se ataca la creciente inseguridad
06/11/11
PorDaniel Fernández Quinti
Esta vez el edificio avisó y hubo suerte. No siempre es así. El viernes, si el edificio no hubiera crujido, la historia hubiera sido otra. ¿Acaso, debe cambiar nuestra mirada sobre lo que no se puede tolerar más a partir de los muertos? Cuando el 9 de agosto cayó el gimnasio en Villa Urquiza no hubo aviso. Fue trágico: Maximiliano Salgado, Luis Lu y Guillermo Fede estaban entrenando y murieron. Colapsó la medianera del edificio de Mendoza al 5000 mientras una excavadora trabajaba en el lote vecino. Acusan al ingeniero a cargo de no haber cumplido con las medidas de seguridad y apuntalamiento del pozo.
En Bartolomé Mitre la investigación deberá determinar cómo y por qué la excavación terminó afectando los cimientos del edificio que se desplomó por falta de sostén por su propio peso.
Pero en general lo que no se ataca es la creciente inseguridad de las obras en construcción, principalmente por negligencias. La búsqueda de maximización de ganancias provoca la minimización de las condiciones de seguridad, entre otras cosas. No por nada las crónicas periodísticas viven destacando accidentes en la fase previa o en la primera fase de las obras: excavaciones de pozos –el momento del mayor riesgo– y colocación de las primeras losas. Lo mínimo que se reproduce son los casos de obreros lastimados. La excavación se hace rápido para pagar menos el alquiler de la máquina.
Tampoco alcanza con decir: “se controló”. Hay inspecciones ineficaces, a destiempo (50 días después de la denuncia), van y no encuentran a nadie, o llegan cuando la excavación ya ha terminado. Y hasta funcionarios que sostienen públicamente que en estas cuestiones los profesionales “se tienen que autoregular” tampoco ayudan a que el panorama cambie. Todo eso sucede en una Ciudad que promulga leyes que nadie cumple, salvo la antitabaco.
Hay quejas por las obras: lógicamente molestan, pero eso sería menor. Las negligencias no son castigadas. En Palermo, un aventurero hizo un edificio de doble ancho de frente sin cocheras –debía hacerlas– y tras el final de obra agregó un piso. El Gobierno porteño obligó a demolerlo pero una jueza lo negó. No pasó nada porque el sistema está armado para eso, garantiza negocio con impunidad, como en los juicios por accidentes de tránsito.
Y mientras no hay respuestas, hay gente que muere, otra queda herida, otros pierden sus casas. La industria avanza innecesariamente como una topadora y las víctimas, a los costados. Esperando reclamar.
No se ataca la creciente inseguridad
06/11/11
PorDaniel Fernández Quinti
Esta vez el edificio avisó y hubo suerte. No siempre es así. El viernes, si el edificio no hubiera crujido, la historia hubiera sido otra. ¿Acaso, debe cambiar nuestra mirada sobre lo que no se puede tolerar más a partir de los muertos? Cuando el 9 de agosto cayó el gimnasio en Villa Urquiza no hubo aviso. Fue trágico: Maximiliano Salgado, Luis Lu y Guillermo Fede estaban entrenando y murieron. Colapsó la medianera del edificio de Mendoza al 5000 mientras una excavadora trabajaba en el lote vecino. Acusan al ingeniero a cargo de no haber cumplido con las medidas de seguridad y apuntalamiento del pozo.
En Bartolomé Mitre la investigación deberá determinar cómo y por qué la excavación terminó afectando los cimientos del edificio que se desplomó por falta de sostén por su propio peso.
Pero en general lo que no se ataca es la creciente inseguridad de las obras en construcción, principalmente por negligencias. La búsqueda de maximización de ganancias provoca la minimización de las condiciones de seguridad, entre otras cosas. No por nada las crónicas periodísticas viven destacando accidentes en la fase previa o en la primera fase de las obras: excavaciones de pozos –el momento del mayor riesgo– y colocación de las primeras losas. Lo mínimo que se reproduce son los casos de obreros lastimados. La excavación se hace rápido para pagar menos el alquiler de la máquina.
Tampoco alcanza con decir: “se controló”. Hay inspecciones ineficaces, a destiempo (50 días después de la denuncia), van y no encuentran a nadie, o llegan cuando la excavación ya ha terminado. Y hasta funcionarios que sostienen públicamente que en estas cuestiones los profesionales “se tienen que autoregular” tampoco ayudan a que el panorama cambie. Todo eso sucede en una Ciudad que promulga leyes que nadie cumple, salvo la antitabaco.
Hay quejas por las obras: lógicamente molestan, pero eso sería menor. Las negligencias no son castigadas. En Palermo, un aventurero hizo un edificio de doble ancho de frente sin cocheras –debía hacerlas– y tras el final de obra agregó un piso. El Gobierno porteño obligó a demolerlo pero una jueza lo negó. No pasó nada porque el sistema está armado para eso, garantiza negocio con impunidad, como en los juicios por accidentes de tránsito.
Y mientras no hay respuestas, hay gente que muere, otra queda herida, otros pierden sus casas. La industria avanza innecesariamente como una topadora y las víctimas, a los costados. Esperando reclamar.
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