http://www.larazon.com.ar/ciudad/Crece-vecinal-proteger-identidad-barrial_0_190500008.html
Cada vez son más las agrupaciones que buscan frenar las construcciones de edificios. Se quejan del cambio de la fisonomía del barrio, de problemas con el colapso de los servicios y del fuerte incremento del tránsito.
“Todos los días nos llegan denuncias por la cantidad de obras que hay en Caballito. Las quejas no sólo vienen por el lado de los problemas que generan las construcciones de edificios, sino también por la pérdida de identidad del barrio”. Gustavo Desplats, de Protocomuna Caballito, una agrupación que nuclea a decenas de vecinos que trabajan por ese barrio, anuncia la problemática. El debate ya está planteado: cada vez son más los vecinos que intentan frenar las construcciones de grandes edificios o torres. El cambio de fisonomía que experimentan esos lugares, sumado a problemas por el aumento de la densidad de la población, caos en el tránsito y hasta pedido de suspensión de construcciones, están al tope de los reclamos.
Según un relevamiento de la Consultora Reporte Inmobiliario, Palermo, Caballito, Belgrano, Puerto Madero y Villa Urquiza encabezan la lista de los barrios en donde más construcciones hubo en los últimos ocho años. Otros sectores, como Villa Pueyrredón, están en pleno crecimiento. “Mucha gente se nos acerca para pedirnos ayuda. Por la saturación de instalaciones, tienen problemas con cloacas, el gas y la presión del agua. Es algo muy común en los barrios donde abundan las construcciones”, cuenta Javier Miglino, un referente de Defendamos Buenos Aires. Y agrega que la postal de aquellos barrios de casas bajas “cambió por un lugar de edificios de altura, con poca luminosidad”. Caballito es el barrio que pinta de cuerpo entero el panorama: hay 101 construcciones de edificios en 54 manzanas.
Esto de “construcciones de altura” genera discordias. Desde Reporte Inmobiliario aseguran que “en un 99 por ciento, las habilitaciones que se consiguen para construir no son de torres, como suelen confundir los vecinos”. Sin embargo, los edificios de 20 pisos, explica Miglino, abundan. Desde Protocomuna Caballito presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Justicia para suspender la entrega de permisos y finales de obras en Urquiza, Villa Pueyrredón, Palermo y Coghlan hasta que se realicen las obras incluidas en el decreto 220/07, que establece que deben realizarse cañerías cloacales y de provisión de agua.
lunes, 29 de noviembre de 2010
lunes, 22 de noviembre de 2010
CAE LA LEY 3056 Y BUENA PARTE DEL PATRIMONIO CAERA CON ELLA
Comunicado de Prensa.
El 31 de diciembre caduca la ley 2548 y su modificatoria 3056, que es la mínima protección que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires le otorgó a los inmuebles construidos antes de 1941.
Es una ley de procedimientos que establece que el interesado en demoler un inmueble de esas características deba someter a un consejo de expertos, el CAAP, la decisión de si tiene valor patrimonial, histórico o forma parte del patrimonio intangible, para así preservarlo o permitir su demolición.
En noviembre de 2007 cuando se promulgó, se vaticinó una avalancha de juicios contra el gobierno. Hoy después de dos prórrogas, nada de eso ha sucedido, lo que equivale a reconocer lo justo de la norma.
La exigencia es mínima, y prácticamente todas las grandes ciudades con patrimonio notable la tienen incorporada; en Rosario es una simple ordenanza y desde hace muchos años.
Hoy en el 2010, la presión para obtener predios donde construir es mucho mayor y esta norma es mas necesaria que nunca.
Los empresarios de la construcción están haciendo pesar su influencia en la Legislatura para que se dilate el tratamiento, ya no de una ley sin fecha de caducidad, sino solo de una simple prórroga.
A pesar de la exigencia constitucional de proteger el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, si esta ley deja de tener efecto, el mes de enero de 2011 nos deparará una bien preparada y triste transformación en toda la ciudad.
Recordemos que el patrimonio es un bien no renovable.
AMIGOS Avda. PUEYRREDON
AMIGOS DEL LAGO DE PALERMO
ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
BASTA DE DEMOLER
COMISION VECINOS CALLE IRALA Y ADYACENCIAS
FUNDACION CIUDAD
MIRADOR DEL COMASTRI
PARQUE CHAS
PROTEGER BARRACAS
PROTOCOMUNA CABALLITO
SALVAR A FLORESTA
SALVEMOS VILLA URQUIZA
SAN TELMO PRESERVA
S.O.S. CABALLITO
S.O.S. URQUIZA
VECINOS AGRUPADOS DE CABALLITO
VECINOS AUTOCONVOCADOS SAN TELMO NO A LA TORRE
El 31 de diciembre caduca la ley 2548 y su modificatoria 3056, que es la mínima protección que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires le otorgó a los inmuebles construidos antes de 1941.
Es una ley de procedimientos que establece que el interesado en demoler un inmueble de esas características deba someter a un consejo de expertos, el CAAP, la decisión de si tiene valor patrimonial, histórico o forma parte del patrimonio intangible, para así preservarlo o permitir su demolición.
En noviembre de 2007 cuando se promulgó, se vaticinó una avalancha de juicios contra el gobierno. Hoy después de dos prórrogas, nada de eso ha sucedido, lo que equivale a reconocer lo justo de la norma.
La exigencia es mínima, y prácticamente todas las grandes ciudades con patrimonio notable la tienen incorporada; en Rosario es una simple ordenanza y desde hace muchos años.
Hoy en el 2010, la presión para obtener predios donde construir es mucho mayor y esta norma es mas necesaria que nunca.
Los empresarios de la construcción están haciendo pesar su influencia en la Legislatura para que se dilate el tratamiento, ya no de una ley sin fecha de caducidad, sino solo de una simple prórroga.
A pesar de la exigencia constitucional de proteger el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, si esta ley deja de tener efecto, el mes de enero de 2011 nos deparará una bien preparada y triste transformación en toda la ciudad.
Recordemos que el patrimonio es un bien no renovable.
AMIGOS Avda. PUEYRREDON
AMIGOS DEL LAGO DE PALERMO
ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
BASTA DE DEMOLER
COMISION VECINOS CALLE IRALA Y ADYACENCIAS
FUNDACION CIUDAD
MIRADOR DEL COMASTRI
PARQUE CHAS
PROTEGER BARRACAS
PROTOCOMUNA CABALLITO
SALVAR A FLORESTA
SALVEMOS VILLA URQUIZA
SAN TELMO PRESERVA
S.O.S. CABALLITO
S.O.S. URQUIZA
VECINOS AGRUPADOS DE CABALLITO
VECINOS AUTOCONVOCADOS SAN TELMO NO A LA TORRE
sábado, 20 de noviembre de 2010
lunes, 15 de noviembre de 2010
Piedra libre atrás de la torre
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1963-2010-11-13.html
Aclaración : se refiere linea "B" de subte
Por Facundo de Almeida *
El editor de este suplemento viene denunciado desde que asumió el gobierno de Macri la complicidad del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y de su subsecretario, Héctor Lostri, con los depredadores inmobiliarios. Es inexplicable, si no, la liviandad con que el Ejecutivo porteño admite la violación sistemática de las leyes de protección patrimonial, permite las demoliciones clandestinas, avala construcciones que superan los metros previstos, aprueba engendros como la Torre Quartier en San Telmo y no envía a la Legislatura el régimen de sanciones para quienes destruyen el patrimonio cultural de la ciudad.
Pero esta semana el diputado Gonzalo Ruanova demostró que no solamente hay complicidad, sino que directamente Chaín y Lostri son ellos mismos depredadores inmobiliarios, y que un mes antes de asumir sus cargos crearon una sociedad anónima para administrar un (sub)desarrollo inmobiliario en Villa Urquiza.
El otro socio es Daniel David Duvinsky, uno de los directores de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), que según los antecedentes que publica la página web de la empresa estatal, “en los últimos años ha gerenciado su propia actividad empresarial, destinada a la construcción de emprendimientos inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Jardines de Roosevelt, así de pomposo es el nombre del emprendimiento, se emplazará en avenida Roosevelt y Aizpurúa, a pocas cuadras de la proyectada estación de subte de la Línea H. Según el diputado Ruanova, esto agravaría la conducta de los funcionarios porque habrían contado con información sensible para llevar a cabo el negocio. Lo cierto es que la Línea H fue proyectada hace ya diez años durante el gobierno de Fernando de la Rúa y la estación más cercana estará a varias cuadras, y probablemente los futuros dueños viajen en auto y no en subterráneo.
Pero lo verdaderamente curioso, y esto sí podría constituir claramente un ilícito, es que el 5 de noviembre fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad el llamado a Licitación Nº 20/10 para la realización del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de la Calle Aizpurúa y Vías del Ex FF.CC. Mitre Ramal José León Suárez (http://www.ausa.com.ar/Licita ciones/Licitacion.aspx?IdLicitacion=q7xQSzLqos.8h3).
Es una obra pública de escasa utilidad o incluso contraproducente, porque como ya ha denunciado el defensor del Pueblo adjunto Gerardo Gómez Coronado, las reducidas dimensiones de estos pasos bajo nivel no permitirán la circulación de colectivos, sólo de autos. Así no reemplazan los pasos a nivel existentes, lo cual contraría los postulados del Plan Urbano Ambiental, que promueve el transporte público por sobre el particular.
Lo extraño no termina allí, porque la obra en la calle Aizpurúa no estaba prevista en Anexo I de la Ley 3528, sancionada hace apenas tres meses por la Legislatura porteña. En el anexo sí figura un paso bajo nivel en la calle Ceretti, exactamente a una cuadra de donde se ubicará ahora. Es decir que, burlando la ley vigente, se relocaliza una obra pública y se la traslada a la calle donde se emplaza el emprendimiento inmobiliario de Chaín, Lostri y Duvinsky, algo realmente llamativo.
Lo grave es que, según dispone el artículo 7º de la ley 3060 –que establece el marco legal para este tipo de obras–, el Ministerio de Desarrollo Urbano, del cual Chaín es titular y Lostri segundo, es “la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública otorgada, estando facultada para reglamentar la concesión, definir el plan de obras e inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias que fueran menester”.
La empresa AUSA, por su parte, de la cual es director Duvinsky, el tercer socio de Jardines de Roosevelt SA, tiene a su cargo la “ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la Autoridad de Aplicación y la ejecución de obras públicas no viales, las que deberán contar con previa autorización de la Legislatura”, según el artículo 1º de la misma ley.
¿El paso a nivel de la calle Aizpurúa tendrá entonces como único objetivo facilitar el acceso de los dueños de los departamentos de Jardines de Roosevelt y sumarle un amenity extra que aumente su valor?
* Lic. en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio en la Universidad Torcuato Di Tella, http://facundodealmeida.wordpress.com
Aclaración : se refiere linea "B" de subte
Por Facundo de Almeida *
El editor de este suplemento viene denunciado desde que asumió el gobierno de Macri la complicidad del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y de su subsecretario, Héctor Lostri, con los depredadores inmobiliarios. Es inexplicable, si no, la liviandad con que el Ejecutivo porteño admite la violación sistemática de las leyes de protección patrimonial, permite las demoliciones clandestinas, avala construcciones que superan los metros previstos, aprueba engendros como la Torre Quartier en San Telmo y no envía a la Legislatura el régimen de sanciones para quienes destruyen el patrimonio cultural de la ciudad.
Pero esta semana el diputado Gonzalo Ruanova demostró que no solamente hay complicidad, sino que directamente Chaín y Lostri son ellos mismos depredadores inmobiliarios, y que un mes antes de asumir sus cargos crearon una sociedad anónima para administrar un (sub)desarrollo inmobiliario en Villa Urquiza.
El otro socio es Daniel David Duvinsky, uno de los directores de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), que según los antecedentes que publica la página web de la empresa estatal, “en los últimos años ha gerenciado su propia actividad empresarial, destinada a la construcción de emprendimientos inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Jardines de Roosevelt, así de pomposo es el nombre del emprendimiento, se emplazará en avenida Roosevelt y Aizpurúa, a pocas cuadras de la proyectada estación de subte de la Línea H. Según el diputado Ruanova, esto agravaría la conducta de los funcionarios porque habrían contado con información sensible para llevar a cabo el negocio. Lo cierto es que la Línea H fue proyectada hace ya diez años durante el gobierno de Fernando de la Rúa y la estación más cercana estará a varias cuadras, y probablemente los futuros dueños viajen en auto y no en subterráneo.
Pero lo verdaderamente curioso, y esto sí podría constituir claramente un ilícito, es que el 5 de noviembre fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad el llamado a Licitación Nº 20/10 para la realización del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de la Calle Aizpurúa y Vías del Ex FF.CC. Mitre Ramal José León Suárez (http://www.ausa.com.ar/Licita ciones/Licitacion.aspx?IdLicitacion=q7xQSzLqos.8h3).
Es una obra pública de escasa utilidad o incluso contraproducente, porque como ya ha denunciado el defensor del Pueblo adjunto Gerardo Gómez Coronado, las reducidas dimensiones de estos pasos bajo nivel no permitirán la circulación de colectivos, sólo de autos. Así no reemplazan los pasos a nivel existentes, lo cual contraría los postulados del Plan Urbano Ambiental, que promueve el transporte público por sobre el particular.
Lo extraño no termina allí, porque la obra en la calle Aizpurúa no estaba prevista en Anexo I de la Ley 3528, sancionada hace apenas tres meses por la Legislatura porteña. En el anexo sí figura un paso bajo nivel en la calle Ceretti, exactamente a una cuadra de donde se ubicará ahora. Es decir que, burlando la ley vigente, se relocaliza una obra pública y se la traslada a la calle donde se emplaza el emprendimiento inmobiliario de Chaín, Lostri y Duvinsky, algo realmente llamativo.
Lo grave es que, según dispone el artículo 7º de la ley 3060 –que establece el marco legal para este tipo de obras–, el Ministerio de Desarrollo Urbano, del cual Chaín es titular y Lostri segundo, es “la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública otorgada, estando facultada para reglamentar la concesión, definir el plan de obras e inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias que fueran menester”.
La empresa AUSA, por su parte, de la cual es director Duvinsky, el tercer socio de Jardines de Roosevelt SA, tiene a su cargo la “ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la Autoridad de Aplicación y la ejecución de obras públicas no viales, las que deberán contar con previa autorización de la Legislatura”, según el artículo 1º de la misma ley.
¿El paso a nivel de la calle Aizpurúa tendrá entonces como único objetivo facilitar el acceso de los dueños de los departamentos de Jardines de Roosevelt y sumarle un amenity extra que aumente su valor?
* Lic. en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio en la Universidad Torcuato Di Tella, http://facundodealmeida.wordpress.com
miércoles, 10 de noviembre de 2010
La delgada linea entre negocios y politica apunta a dos funcionarios pro
http://agrupaciondemos.com.ar/2010/11/10/la-delgada-linea-entre-negocios-y-politica-apunta-a-dos-funcionarios-pro/
Compartimos la nota de Claudio Mardones, publicada el sábado en Tiempo Argentino sobre la investigación del diputado Gonzalo Ruanova y el video de la sesión sobre el presupuesto 2011 .
Se trata del ministro de desarrollo urbano, Daniel Chain, y su subsecretario, Héctor Lostri. Ambos integraron el directorio de dos empresas vinculadas a la cartera que controlan. Una de ellas, Roosevelt, fue denunciada en la Legislatura. La otra es un estudio de arquitectura que diseñó y dirigió un complejo para la UOCRA.
Los vacíos legales pueden ser un gran negocio, pero también una enorme oportunidad para que la función pública se cruce con los negocios privados y nadie lo detecte. Esa práctica está prohibida por la Ley Nacional de Ética Pública (25.188), pero todavía sucede en la Ciudad de Buenos Aires gracias a la ausencia de una norma local que la impida. Falta un mes para que la gestión de Mauricio Macri cumpla tres años al frente del Estado porteño, y uno de los funcionarios que lo acompaña desde que asumió podría transformarse en el paradigma de esa zona gris. Es el caso del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain y de su subsecretario de Planeamiento Urbano Héctor Lostri. Ambos son arquitectos, macristas desde la primera hora y especialistas en obra pública, pero no sólo los une la función dentro del Estado capitalino, sino su paso por las empresas 3S Arquitectura SRL y Roosevelt Emprendimientos Inmobiliarios.
La primera, según documentación a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, fue creada para diseñar y dirigir la obra de un edificio de departamentos para la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) con fondos de sus afiliados y de las arcas nacionales y de la ciudad. La segunda fue denunciada esta semana por el legislador Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), ante todos los miembros de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, quien le planteó su preocupación a Chain porque “no se puede estar a los lados del mostrador”. Según el diputado, lo que demostraría ese doble papel es la participación accionaria que mantuvo junto a Lostri dentro de Roosevelt, una empresa que constituyeron en mayo de 2007, que abandonaron en octubre y a la que le inyectaron 3 millones de pesos, el 17 de diciembre del 2007, justo siete días después de asumir”, explicó Ruanova a Tiempo.
De acuerdo a la información que recopiló el legislador sabbatellista, “esa empresa luego compró un terreno en Aizpurúa y Roosevelt, muy cerca de donde funcionará la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, en Villa Urquiza, sobre Monroe entre Triunvirato y la calle que tiene el mismo nombre de la inmobiliaria”.
Para el legislador, la operación habría sido planeada para aprovechar el aumento de precios que impacta en todas las zonas donde llegará el metro porteño. Villa Urquiza es uno de los casos paradigmáticos de la relación entre la revalorización inmobiliaria y la extensión del subte. Sus bienes raíces registraron un aumento del 20% desde que se confirmó le llegada de los trenes bajo tierra.
Cuando Ruanova le enrostró la presunta incompatibilidad y le recordó que se trataría de un hecho “antiético”, Chain lo desafió: “Si quiere, denúncieme: sólo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada. Si le tengo que contestar, le contestaré donde corresponda”, disparó el encargado de las obras públicas del gobierno PRO, aunque su rostro no pudo ocultar una profunda molestia. Podría haber una razón para el escozor: en el área de Chain funciona la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la encargada de ampliar la red y licitar las obras de su extensión. El ente estatal está presidido por el ex ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo, su vicepresidente es Luis Jahn y uno de sus directores es Daniel Dubinsky. Según el acta societaria de Roosevelt, publicada en el Boletín Oficial en mayo de 2007, Jahn y Dubinsky integraban parte del directorio de esa inmobiliaria junto a Chain y Lostri. Casi un año después, en marzo de 2008, y luego de asumir como funcionarios del gobierno macrista, los dos arquitectos le dejaron la presidencia de la inmobiliaria a Dubinsky y designaron director suplente a Rodrigo Cruz, la misma persona que, junto a su mujer, María Teresa Fleitas, quedó a cargo del estudio de arquitectura 3S SRL. La renuncia de ambos funcionarios y la venta de sus acciones ocurrió el 10 de enero de 2008, cuando la gestión PRO todavía no cumplía su primer mes. El capital social fue establecido en 21 mil pesos y la mayoría de sus acciones quedó en manos de Cruz.
Tiempo investigó el pasado del enigmático estudio de arquitectura ubicado en Tres Sargentos 421, piso 4, oficina 8. Esa dirección y la firma de Chain, Lostri y Cruz, aparecen en los contratos de proyecto constructivo y dirección de obra que los tres arquitectos firmaron en 2005, cuando el Instituto de Emprendimientos Constructivos (IDECSA), los contrató para diseñar y dirigir la construcción de las Torres San Jorge, un proyecto de la UOCRA para sus afiliados. Los honorarios por los trabajos superaron el millón de pesos y habrían sido cancelados recién en 2009. El monto supera ampliamente el capital social de 21 mil pesos por el que Chain y Lostri vendieron su estudio en 2008. La operación de las torres, ubicadas en Condarco, Terrada y Beláustegui, de Paternal, fue acordada un mes después de que Chain dejara su cargo en el Instituto de Vivienda de la ciudad, uno de los entes que financió la construcción de las torres. El actual ministro, se desempeñó en el ente dedicado a enfrentar la crisis habitacional porteña entre febrero de 2004 y abril de 2005, para volver en julio de 2005. Al mes siguiente, firmó junto a Lostri sendos contratos con la empresa vinculada a la UOCRA. Eran los primeros pasos de un hombre que entre enero de 1980 y julio de 2001 se dedicó en forma exclusiva en el Grupo SOCMA, holding que presidió Mauricio Macri antes de ser jefe de gobierno.
Compartimos la nota de Claudio Mardones, publicada el sábado en Tiempo Argentino sobre la investigación del diputado Gonzalo Ruanova y el video de la sesión sobre el presupuesto 2011 .
Se trata del ministro de desarrollo urbano, Daniel Chain, y su subsecretario, Héctor Lostri. Ambos integraron el directorio de dos empresas vinculadas a la cartera que controlan. Una de ellas, Roosevelt, fue denunciada en la Legislatura. La otra es un estudio de arquitectura que diseñó y dirigió un complejo para la UOCRA.
Los vacíos legales pueden ser un gran negocio, pero también una enorme oportunidad para que la función pública se cruce con los negocios privados y nadie lo detecte. Esa práctica está prohibida por la Ley Nacional de Ética Pública (25.188), pero todavía sucede en la Ciudad de Buenos Aires gracias a la ausencia de una norma local que la impida. Falta un mes para que la gestión de Mauricio Macri cumpla tres años al frente del Estado porteño, y uno de los funcionarios que lo acompaña desde que asumió podría transformarse en el paradigma de esa zona gris. Es el caso del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain y de su subsecretario de Planeamiento Urbano Héctor Lostri. Ambos son arquitectos, macristas desde la primera hora y especialistas en obra pública, pero no sólo los une la función dentro del Estado capitalino, sino su paso por las empresas 3S Arquitectura SRL y Roosevelt Emprendimientos Inmobiliarios.
La primera, según documentación a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, fue creada para diseñar y dirigir la obra de un edificio de departamentos para la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) con fondos de sus afiliados y de las arcas nacionales y de la ciudad. La segunda fue denunciada esta semana por el legislador Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), ante todos los miembros de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, quien le planteó su preocupación a Chain porque “no se puede estar a los lados del mostrador”. Según el diputado, lo que demostraría ese doble papel es la participación accionaria que mantuvo junto a Lostri dentro de Roosevelt, una empresa que constituyeron en mayo de 2007, que abandonaron en octubre y a la que le inyectaron 3 millones de pesos, el 17 de diciembre del 2007, justo siete días después de asumir”, explicó Ruanova a Tiempo.
De acuerdo a la información que recopiló el legislador sabbatellista, “esa empresa luego compró un terreno en Aizpurúa y Roosevelt, muy cerca de donde funcionará la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, en Villa Urquiza, sobre Monroe entre Triunvirato y la calle que tiene el mismo nombre de la inmobiliaria”.
Para el legislador, la operación habría sido planeada para aprovechar el aumento de precios que impacta en todas las zonas donde llegará el metro porteño. Villa Urquiza es uno de los casos paradigmáticos de la relación entre la revalorización inmobiliaria y la extensión del subte. Sus bienes raíces registraron un aumento del 20% desde que se confirmó le llegada de los trenes bajo tierra.
Cuando Ruanova le enrostró la presunta incompatibilidad y le recordó que se trataría de un hecho “antiético”, Chain lo desafió: “Si quiere, denúncieme: sólo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada. Si le tengo que contestar, le contestaré donde corresponda”, disparó el encargado de las obras públicas del gobierno PRO, aunque su rostro no pudo ocultar una profunda molestia. Podría haber una razón para el escozor: en el área de Chain funciona la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la encargada de ampliar la red y licitar las obras de su extensión. El ente estatal está presidido por el ex ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo, su vicepresidente es Luis Jahn y uno de sus directores es Daniel Dubinsky. Según el acta societaria de Roosevelt, publicada en el Boletín Oficial en mayo de 2007, Jahn y Dubinsky integraban parte del directorio de esa inmobiliaria junto a Chain y Lostri. Casi un año después, en marzo de 2008, y luego de asumir como funcionarios del gobierno macrista, los dos arquitectos le dejaron la presidencia de la inmobiliaria a Dubinsky y designaron director suplente a Rodrigo Cruz, la misma persona que, junto a su mujer, María Teresa Fleitas, quedó a cargo del estudio de arquitectura 3S SRL. La renuncia de ambos funcionarios y la venta de sus acciones ocurrió el 10 de enero de 2008, cuando la gestión PRO todavía no cumplía su primer mes. El capital social fue establecido en 21 mil pesos y la mayoría de sus acciones quedó en manos de Cruz.
Tiempo investigó el pasado del enigmático estudio de arquitectura ubicado en Tres Sargentos 421, piso 4, oficina 8. Esa dirección y la firma de Chain, Lostri y Cruz, aparecen en los contratos de proyecto constructivo y dirección de obra que los tres arquitectos firmaron en 2005, cuando el Instituto de Emprendimientos Constructivos (IDECSA), los contrató para diseñar y dirigir la construcción de las Torres San Jorge, un proyecto de la UOCRA para sus afiliados. Los honorarios por los trabajos superaron el millón de pesos y habrían sido cancelados recién en 2009. El monto supera ampliamente el capital social de 21 mil pesos por el que Chain y Lostri vendieron su estudio en 2008. La operación de las torres, ubicadas en Condarco, Terrada y Beláustegui, de Paternal, fue acordada un mes después de que Chain dejara su cargo en el Instituto de Vivienda de la ciudad, uno de los entes que financió la construcción de las torres. El actual ministro, se desempeñó en el ente dedicado a enfrentar la crisis habitacional porteña entre febrero de 2004 y abril de 2005, para volver en julio de 2005. Al mes siguiente, firmó junto a Lostri sendos contratos con la empresa vinculada a la UOCRA. Eran los primeros pasos de un hombre que entre enero de 1980 y julio de 2001 se dedicó en forma exclusiva en el Grupo SOCMA, holding que presidió Mauricio Macri antes de ser jefe de gobierno.
martes, 9 de noviembre de 2010
lunes, 8 de noviembre de 2010
Crecen los grupos “antitorres” en los barrios de Buenos Aires
http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0521/articulo.php?art=25360&ed=0521
Hay más de 15 organizaciones vecinales. Se quejan porque los barrios cambian “para mal”, pierden identidad y colapsan los servicios públicos.
Por Gustavo Ajzenman
“No queremos que nuestro barrio pierda su identidad”, se quejan casi a coro los representantes de las agrupaciones vecinales que se oponen al boom inmobiliario, desde hace más de cinco años. SOS Caballito, Vecinos por las Casas Bajas, San Telmo Preserva y Proteger Barracas son sólo algunas de las que proliferaron casi tan rápido como los edificios contra los que luchan.
Mientras que muchos desarrolladores consideran que la construcción en altura representa el progreso, los vecinos temen que el patrimonio, la tranquilidad e incluso la estabilidad infraestructural de sus barrios se pierdan por la especulación inmobiliaria.
El origen de estas agrupaciones puede rastrearse tras la recuperación económica luego de 2003, cuando, ante la falta de opciones, muchos inversores y desarrolladores se volcaron a los ladrillos.
“En realidad, no hubo un aumento importante en la cantidad de metros construidos con respecto a otros años. La diferencia es que toda la actividad se concentró en cuatro barrios”, explica Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario.
Carlos “Lito” Grisafi es canillita y conoce Villa Urquiza como pocos. Desde su quiosco en Monroe y Triunvirato, vio cómo los edificios fueron barriendo las casas con jardín de lo que alguna vez fue una zona residencial. Aunque admite que el aumento en la cantidad de habitantes lo beneficia económicamente, comenzó a militar en Salvemos Villa Urquiza (SVU), motivado por la pérdida de calidad de vida que, para él, traen los nuevos edificios para los viejos residentes. “Antes eran todas casitas bajas, había luz y aire, pero ahora se está transformando en un barrio triste, gris”, se lamenta.
El movimiento, que congrega a otras agrupaciones como Juntos por Urquiza y SOS Parque Chas, tomó mayor impulso a partir del derrumbe del gimnasio que causó tres muertes hace tres meses, por problemas infraestructurales de una construcción contigua. Con léxico de arquitecto, que admite que tuvo que aprender a la fuerza, Lito asegura que la agrupación cuenta con 4.500 firmas para pedir el cambio de zonificación y que no se pueda construir más de nueve metros de alto en algunas zonas de Villa Urquiza.
Otra de las quejas que se repiten se relaciona con la incapacidad del barrio de absorber nuevos vecinos: “La infraestructura no alcanza, el agua tiene menos presión y el gas viene más diluido”, se queja Susana Gutman, miembro de SOS Caballito. Gustavo Desplats, presidente de la ONG Proto Comuna Caballito, otra de las agrupaciones que se disputan la iniciativa en la lucha contra las moles de hormigón, explica: “Antes, en una manzana vivían 600 personas, hoy vive el doble”.
Aunque todas las organizaciones cuentan con abogados y arquitectos, Basta de Demoler, una de las más importantes que abarca muchos barrios, está comandada por un músico. “Viví dos años en Alemania y cuando volví me di cuenta de que la ciudad había cambiado”, se queja Santiago Pusso, presidente de la ONG. Director coral de profesión, militó en Vida Silvestre y en la Fundación Ciudad y apoya el leitmotiv de la organización: la defensa del patrimonio. “Se demuelen construcciones con valor patrimonial de forma clandestina, total, la multa no llega a los 10 mil pesos”, denuncia.
Los vecinos apuntan sus reclamos a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano y a la acción del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), ente que autoriza las demoliciones de edificios antiguos. “Como está compuesto por la coorporación de constructores, desestiman la mayor parte de los casos. Por eso, queremos que el consejo tenga participación vecinal”, reclamo Pusso.
Según el subsecretario de Planeamiento Urbano porteño, Héctor Lostri, todas las construcciones se realizan de acuerdo al marco legal. “Es muy difícil hablarle con racionalidad a la gente que está angustiada”, se queja y agrega: “Cuando empezamos en diciembre de 2007, había 1.200 edificios históricos protegidos y ahora estamos arriba de los 12 mil”.
Hay más de 15 organizaciones vecinales. Se quejan porque los barrios cambian “para mal”, pierden identidad y colapsan los servicios públicos.
Por Gustavo Ajzenman
“No queremos que nuestro barrio pierda su identidad”, se quejan casi a coro los representantes de las agrupaciones vecinales que se oponen al boom inmobiliario, desde hace más de cinco años. SOS Caballito, Vecinos por las Casas Bajas, San Telmo Preserva y Proteger Barracas son sólo algunas de las que proliferaron casi tan rápido como los edificios contra los que luchan.
Mientras que muchos desarrolladores consideran que la construcción en altura representa el progreso, los vecinos temen que el patrimonio, la tranquilidad e incluso la estabilidad infraestructural de sus barrios se pierdan por la especulación inmobiliaria.
El origen de estas agrupaciones puede rastrearse tras la recuperación económica luego de 2003, cuando, ante la falta de opciones, muchos inversores y desarrolladores se volcaron a los ladrillos.
“En realidad, no hubo un aumento importante en la cantidad de metros construidos con respecto a otros años. La diferencia es que toda la actividad se concentró en cuatro barrios”, explica Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario.
Carlos “Lito” Grisafi es canillita y conoce Villa Urquiza como pocos. Desde su quiosco en Monroe y Triunvirato, vio cómo los edificios fueron barriendo las casas con jardín de lo que alguna vez fue una zona residencial. Aunque admite que el aumento en la cantidad de habitantes lo beneficia económicamente, comenzó a militar en Salvemos Villa Urquiza (SVU), motivado por la pérdida de calidad de vida que, para él, traen los nuevos edificios para los viejos residentes. “Antes eran todas casitas bajas, había luz y aire, pero ahora se está transformando en un barrio triste, gris”, se lamenta.
El movimiento, que congrega a otras agrupaciones como Juntos por Urquiza y SOS Parque Chas, tomó mayor impulso a partir del derrumbe del gimnasio que causó tres muertes hace tres meses, por problemas infraestructurales de una construcción contigua. Con léxico de arquitecto, que admite que tuvo que aprender a la fuerza, Lito asegura que la agrupación cuenta con 4.500 firmas para pedir el cambio de zonificación y que no se pueda construir más de nueve metros de alto en algunas zonas de Villa Urquiza.
Otra de las quejas que se repiten se relaciona con la incapacidad del barrio de absorber nuevos vecinos: “La infraestructura no alcanza, el agua tiene menos presión y el gas viene más diluido”, se queja Susana Gutman, miembro de SOS Caballito. Gustavo Desplats, presidente de la ONG Proto Comuna Caballito, otra de las agrupaciones que se disputan la iniciativa en la lucha contra las moles de hormigón, explica: “Antes, en una manzana vivían 600 personas, hoy vive el doble”.
Aunque todas las organizaciones cuentan con abogados y arquitectos, Basta de Demoler, una de las más importantes que abarca muchos barrios, está comandada por un músico. “Viví dos años en Alemania y cuando volví me di cuenta de que la ciudad había cambiado”, se queja Santiago Pusso, presidente de la ONG. Director coral de profesión, militó en Vida Silvestre y en la Fundación Ciudad y apoya el leitmotiv de la organización: la defensa del patrimonio. “Se demuelen construcciones con valor patrimonial de forma clandestina, total, la multa no llega a los 10 mil pesos”, denuncia.
Los vecinos apuntan sus reclamos a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano y a la acción del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), ente que autoriza las demoliciones de edificios antiguos. “Como está compuesto por la coorporación de constructores, desestiman la mayor parte de los casos. Por eso, queremos que el consejo tenga participación vecinal”, reclamo Pusso.
Según el subsecretario de Planeamiento Urbano porteño, Héctor Lostri, todas las construcciones se realizan de acuerdo al marco legal. “Es muy difícil hablarle con racionalidad a la gente que está angustiada”, se queja y agrega: “Cuando empezamos en diciembre de 2007, había 1.200 edificios históricos protegidos y ahora estamos arriba de los 12 mil”.
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