http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/ataca-creciente-inseguridad_0_586141510.html
No se ataca la creciente inseguridad
06/11/11
PorDaniel Fernández Quinti
Esta vez el edificio avisó y hubo suerte. No siempre es así. El viernes, si el edificio no hubiera crujido, la historia hubiera sido otra. ¿Acaso, debe cambiar nuestra mirada sobre lo que no se puede tolerar más a partir de los muertos? Cuando el 9 de agosto cayó el gimnasio en Villa Urquiza no hubo aviso. Fue trágico: Maximiliano Salgado, Luis Lu y Guillermo Fede estaban entrenando y murieron. Colapsó la medianera del edificio de Mendoza al 5000 mientras una excavadora trabajaba en el lote vecino. Acusan al ingeniero a cargo de no haber cumplido con las medidas de seguridad y apuntalamiento del pozo.
En Bartolomé Mitre la investigación deberá determinar cómo y por qué la excavación terminó afectando los cimientos del edificio que se desplomó por falta de sostén por su propio peso.
Pero en general lo que no se ataca es la creciente inseguridad de las obras en construcción, principalmente por negligencias. La búsqueda de maximización de ganancias provoca la minimización de las condiciones de seguridad, entre otras cosas. No por nada las crónicas periodísticas viven destacando accidentes en la fase previa o en la primera fase de las obras: excavaciones de pozos –el momento del mayor riesgo– y colocación de las primeras losas. Lo mínimo que se reproduce son los casos de obreros lastimados. La excavación se hace rápido para pagar menos el alquiler de la máquina.
Tampoco alcanza con decir: “se controló”. Hay inspecciones ineficaces, a destiempo (50 días después de la denuncia), van y no encuentran a nadie, o llegan cuando la excavación ya ha terminado. Y hasta funcionarios que sostienen públicamente que en estas cuestiones los profesionales “se tienen que autoregular” tampoco ayudan a que el panorama cambie. Todo eso sucede en una Ciudad que promulga leyes que nadie cumple, salvo la antitabaco.
Hay quejas por las obras: lógicamente molestan, pero eso sería menor. Las negligencias no son castigadas. En Palermo, un aventurero hizo un edificio de doble ancho de frente sin cocheras –debía hacerlas– y tras el final de obra agregó un piso. El Gobierno porteño obligó a demolerlo pero una jueza lo negó. No pasó nada porque el sistema está armado para eso, garantiza negocio con impunidad, como en los juicios por accidentes de tránsito.
Y mientras no hay respuestas, hay gente que muere, otra queda herida, otros pierden sus casas. La industria avanza innecesariamente como una topadora y las víctimas, a los costados. Esperando reclamar.
lunes, 7 de noviembre de 2011
domingo, 16 de octubre de 2011
NUEVO TRIUNFO DE LOS VECINOS DE VILLA PUEYRREDON
Ponen límites a los edificios en más barrios de casas bajas
15/10/11
Lo decidió la Legislatura porteña en unas 50 manzanas de Villa Pueyrredón y en otras de Barracas. Fue tras los reclamos vecinales. Para preservar la identidad barrial no se podrá construir más de tres pisos.
PorEinat Rozenwasser
El jueves, la Legislatura porteña aprobó dos proyectos de rezonificación para sectores de Villa Pueyrredón y de Barracas, tal como se había hecho antes en Coghlan, Colegiales, Palermo y Caballito. Básicamente, pasaron de ser “Residencial General de Densidad Alta” a “Residencial General de Densidad Media Baja”, lo que significa que sólo se pueden construir edificios de hasta 12 metros .
La situación es parte de un circuito que se repite ante la falta de un Código Urbanístico actualizado que regule la construcción en la Ciudad, tal como establece el Plan Urbano Ambiental que entró en vigencia a principios de 2009. En un contexto que favorece el avance de la edificación en altura en los barrios de perfil residencial, los vecinos recurren a la Justicia o a la Legislatura para que intervengan en cuestiones que exceden al Código de Planeamiento Urbano vigente, sancionado en 1977 durante la Dictadura.
“La rezonificación propuesta permite una altura máxima sobre la línea oficial de 9 metros más un retiro hasta un pleno de 12 metros, que se asemeja al predominante en la zona. De esta manera se está desalentando la sustitución indiscriminada y se propone una densificación razonable que respeta el estilo paisajístico del barrio”, explicó el diputado Alvaro González (PRO), autor del proyecto para Villa Pueyrredón. La modificación afecta a unas 50 manzanas –la Ciudad tiene más de 12 mil– en el área entre las calles Gavilán, Mosconi, Condarco, Griveo, Av. San Martín, Carlos Antonio López, Llavallol, Mosconi, Campana y Vallejos. Es decir que incluye siete cuadras de la avenida Salvador María del Carril, donde la Justicia frenó la construcción de 13 torres.
Para Barracas se trabajó a partir de tres iniciativas que contemplaban diferentes polígonos con foco principal en las calles aledañas a las avenidas Montes de Oca y Martín García, donde las normas actuales permiten la construcción de edificios entre medianeras de planta baja y siete pisos sobre la línea oficial y se pone foco en preservar los ejemplos arquitectónicos de valor patrimonial , que representan diversas épocas, estilos y tipologías. En definitiva, proteger la identidad barrial .
“El del código es un planteo histórico, especialmente después de haber votado un Plan Urbano Ambiental que funciona como marco para tener una ciudad programada e integrada. Es la herramienta para no estar corriendo detrás de las situaciones individuales que se van multiplicando”, sostuvo Silvina Pedreira (PJ), presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.
La mejora económica tras la crisis de 2001 potenció la cantidad de obras. En los últimos diez años se duplicó la superficie construida (Ver página 6) y desbordó la estructura de la Ciudad. Al punto que, a fines de 2006, el entonces Jefe de Gobierno Jorge Telerman suspendió temporalmente los permisos de obra en zonas de Caballito, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo y Villa Pueyrredón.
“El código vigente toma toda la Ciudad de la misma manera. Entonces, en los barrios se dan situaciones particulares. En Villa Pueyrredón, donde hay muchos pasajes, hay zonas sin centro de manzana y vecinos que se encuentran con una torre de siete pisos contra su jardín”, describió el legislador Eduardo Epszteyn, del Frente Progresista y Popular.
Ayer, durante la reunión con la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain informó que “se desarrolló el Modelo Territorial, que sienta las bases del proyecto de Código Urbanístico morfológico, que próximamente se elevará a consideración del Poder Legislativo”. Y el subsecretario de Planeamiento Héctor Lostri agregó que su área “finalizó la construcción de 84 indicadores de desarrollo urbano y de gestión”, que constituirán los ejes de este plan
15/10/11
Lo decidió la Legislatura porteña en unas 50 manzanas de Villa Pueyrredón y en otras de Barracas. Fue tras los reclamos vecinales. Para preservar la identidad barrial no se podrá construir más de tres pisos.
PorEinat Rozenwasser
El jueves, la Legislatura porteña aprobó dos proyectos de rezonificación para sectores de Villa Pueyrredón y de Barracas, tal como se había hecho antes en Coghlan, Colegiales, Palermo y Caballito. Básicamente, pasaron de ser “Residencial General de Densidad Alta” a “Residencial General de Densidad Media Baja”, lo que significa que sólo se pueden construir edificios de hasta 12 metros .
La situación es parte de un circuito que se repite ante la falta de un Código Urbanístico actualizado que regule la construcción en la Ciudad, tal como establece el Plan Urbano Ambiental que entró en vigencia a principios de 2009. En un contexto que favorece el avance de la edificación en altura en los barrios de perfil residencial, los vecinos recurren a la Justicia o a la Legislatura para que intervengan en cuestiones que exceden al Código de Planeamiento Urbano vigente, sancionado en 1977 durante la Dictadura.
“La rezonificación propuesta permite una altura máxima sobre la línea oficial de 9 metros más un retiro hasta un pleno de 12 metros, que se asemeja al predominante en la zona. De esta manera se está desalentando la sustitución indiscriminada y se propone una densificación razonable que respeta el estilo paisajístico del barrio”, explicó el diputado Alvaro González (PRO), autor del proyecto para Villa Pueyrredón. La modificación afecta a unas 50 manzanas –la Ciudad tiene más de 12 mil– en el área entre las calles Gavilán, Mosconi, Condarco, Griveo, Av. San Martín, Carlos Antonio López, Llavallol, Mosconi, Campana y Vallejos. Es decir que incluye siete cuadras de la avenida Salvador María del Carril, donde la Justicia frenó la construcción de 13 torres.
Para Barracas se trabajó a partir de tres iniciativas que contemplaban diferentes polígonos con foco principal en las calles aledañas a las avenidas Montes de Oca y Martín García, donde las normas actuales permiten la construcción de edificios entre medianeras de planta baja y siete pisos sobre la línea oficial y se pone foco en preservar los ejemplos arquitectónicos de valor patrimonial , que representan diversas épocas, estilos y tipologías. En definitiva, proteger la identidad barrial .
“El del código es un planteo histórico, especialmente después de haber votado un Plan Urbano Ambiental que funciona como marco para tener una ciudad programada e integrada. Es la herramienta para no estar corriendo detrás de las situaciones individuales que se van multiplicando”, sostuvo Silvina Pedreira (PJ), presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.
La mejora económica tras la crisis de 2001 potenció la cantidad de obras. En los últimos diez años se duplicó la superficie construida (Ver página 6) y desbordó la estructura de la Ciudad. Al punto que, a fines de 2006, el entonces Jefe de Gobierno Jorge Telerman suspendió temporalmente los permisos de obra en zonas de Caballito, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo y Villa Pueyrredón.
“El código vigente toma toda la Ciudad de la misma manera. Entonces, en los barrios se dan situaciones particulares. En Villa Pueyrredón, donde hay muchos pasajes, hay zonas sin centro de manzana y vecinos que se encuentran con una torre de siete pisos contra su jardín”, describió el legislador Eduardo Epszteyn, del Frente Progresista y Popular.
Ayer, durante la reunión con la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain informó que “se desarrolló el Modelo Territorial, que sienta las bases del proyecto de Código Urbanístico morfológico, que próximamente se elevará a consideración del Poder Legislativo”. Y el subsecretario de Planeamiento Héctor Lostri agregó que su área “finalizó la construcción de 84 indicadores de desarrollo urbano y de gestión”, que constituirán los ejes de este plan
viernes, 23 de septiembre de 2011
Derrumbes: vecinos denunciarán a Macri por negligencia
http://www.elargentino.com/nota-159200-Derrumbes-vecinos-denunciaran-a-Macri-por-negligencia.html
Damnificados por desmoronamientos en edificios porteños convocaron a legisladores a una reunión en Palermo para las 18 de este viernes. “Queremos que los que estén pasando por esto se unan a nosotros”, afirmó Mariana Bustos, vecina de Palermo, en una entrevista con ElArgentino.com.
Por Diego Pintos
@diegopintos
Después de los casos de derrumbe en la ciudad de Buenos Aires, tanto en el expendio de comida rápida de McDonalds de Once, el boliche Beara y el Gimnasio de Villa Urquiza, entre otros casos, varios de los vecinos damnificados decidieron reunirse para encontrar una solución política, ante la falta de respuestas del Gobierno Porteño.
“La idea es convocar a los damnificados. Es una iniciativa nuestra, como ciudadanos, sin ningún interés político, y trataremos de darle difusión a este problema que hasta ahora no tiene solución por parte del gobierno de Macri. Y esta denuncia busca que los políticos puedan saber qué es lo que ocurre en realidad, y que puedan actuar en consecuencia, tanto en la Legislatura, como en el Congreso”, dijo Mariana Bustos, vecina de Palermo, y damnificada por derrumbes en su propio hogar.
“Yo tengo mi casa con peligro de derrumbe, incendio y electrificación de las paredes, todo certificado por el gobierno de la ciudad, a causa de una obra lindera en construcción, en Palermo”, sostuvo, y agregó: ¿Qué pasa con las habilitaciones y controles en esta ciudad? ¡Vas a un gimnasio y se te viene encima! ¡Vas a comer una hamburguesa y se te derrumba todo! Y después salen los funcionarios y dicen su modus operandi: estaba perfectamente habilitado”.
Algunos de los políticos que participarán de la reunión pactada para este viernes a las 18 en la esquina de Humboldt y Costa Rica, en Palermo, serán la diputada Delia Bisutti, María José Lubertino, Sergio Abrevaya, Julio Raffo, Samuel Cabanchik, Daniel Filmus, Pablo Pimentel por Derechos Humanos y Gerardo Gómez Coronado, Defensor del Pueblo adjunto.
“Lamentablemente hay una negligencia tremenda por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo la vecina en una entrevista con ElArgentino.com. “A raíz de mi problema y de otras causas abiertas nos empezamos a juntar los damnificados del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, los del derrumbe del boliche Beara y Fabián Rodríguez, marido de Nazarena Vélez, socios propietarios del ex cine Los Ángeles, al que pretendían habilitar como teatro”.
Bustos denunció que cuando los denunciantes se reunieron y compararon los casos, advirtieron que “los que firman en las tres causas, son los mismos funcionarios, que dan o no las habilitaciones. Si bien los procesos son diferentes, para nuestra sorpresa, los firmantes están metidos en todas estas causas, y pertenecen al gobierno de Macri”.
El caso de Fabián Rodríguez está siendo investigado por la Justicia Federal, “porque él pudo probar el pedido de coimas a través de escuchas telefónicas. Y cuando Nazarena Vélez cuenta en una entrevista, cuáles son los nombres de los funcionarios denunciados, me di cuenta que eran los mismos con los que yo había hablado por mi problema. Y ahora se está pidiendo –a nivel judicial- conexión entre las causas”, explicó Bustos.
La Legislatura porteña interpeló hace dos semanas a Javier Ibáñez, titular de la Agencia Gubernamental de Control, para que diese explicaciones sobre las irregularidades denunciadas en la AGC. “En esa reunión estuvimos, como invitados. Y después de escuchar la sarta de mentiras que dijo, decidimos convocar a todos los políticos para contarles la realidad de las cosas que estamos viviendo, y no esas mentiras que dijo Ibáñez. Porque al fin y al cabo ellos hacen pedidos de informes y quien responde es el Gobierno de la Ciudad que está imputado en todas las causas”.
“Después está el caso de Martín Farrell, que está imputado como funcionario público por el caso Beara y ahora quiere ser juez. ¡Y el que lo nombraría juez sería su propio padre! Entonces, en esta reunión, vamos a pedir que eso no pase”. Farrell -ex director de Habilitaciones y Permisos- está acusado por una presunta estafa en el trámite de habilitación del cine teatro Los Angeles. Farrell ahora tiene un cargo en la Procuración General de la Ciudad y aspira a ocupar un puesto como juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. “Los damnificados lo único que tenemos en común es la tragedia, nada menos”, lamentó Bustos.
Damnificados por desmoronamientos en edificios porteños convocaron a legisladores a una reunión en Palermo para las 18 de este viernes. “Queremos que los que estén pasando por esto se unan a nosotros”, afirmó Mariana Bustos, vecina de Palermo, en una entrevista con ElArgentino.com.
Por Diego Pintos
@diegopintos
Después de los casos de derrumbe en la ciudad de Buenos Aires, tanto en el expendio de comida rápida de McDonalds de Once, el boliche Beara y el Gimnasio de Villa Urquiza, entre otros casos, varios de los vecinos damnificados decidieron reunirse para encontrar una solución política, ante la falta de respuestas del Gobierno Porteño.
“La idea es convocar a los damnificados. Es una iniciativa nuestra, como ciudadanos, sin ningún interés político, y trataremos de darle difusión a este problema que hasta ahora no tiene solución por parte del gobierno de Macri. Y esta denuncia busca que los políticos puedan saber qué es lo que ocurre en realidad, y que puedan actuar en consecuencia, tanto en la Legislatura, como en el Congreso”, dijo Mariana Bustos, vecina de Palermo, y damnificada por derrumbes en su propio hogar.
“Yo tengo mi casa con peligro de derrumbe, incendio y electrificación de las paredes, todo certificado por el gobierno de la ciudad, a causa de una obra lindera en construcción, en Palermo”, sostuvo, y agregó: ¿Qué pasa con las habilitaciones y controles en esta ciudad? ¡Vas a un gimnasio y se te viene encima! ¡Vas a comer una hamburguesa y se te derrumba todo! Y después salen los funcionarios y dicen su modus operandi: estaba perfectamente habilitado”.
Algunos de los políticos que participarán de la reunión pactada para este viernes a las 18 en la esquina de Humboldt y Costa Rica, en Palermo, serán la diputada Delia Bisutti, María José Lubertino, Sergio Abrevaya, Julio Raffo, Samuel Cabanchik, Daniel Filmus, Pablo Pimentel por Derechos Humanos y Gerardo Gómez Coronado, Defensor del Pueblo adjunto.
“Lamentablemente hay una negligencia tremenda por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo la vecina en una entrevista con ElArgentino.com. “A raíz de mi problema y de otras causas abiertas nos empezamos a juntar los damnificados del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, los del derrumbe del boliche Beara y Fabián Rodríguez, marido de Nazarena Vélez, socios propietarios del ex cine Los Ángeles, al que pretendían habilitar como teatro”.
Bustos denunció que cuando los denunciantes se reunieron y compararon los casos, advirtieron que “los que firman en las tres causas, son los mismos funcionarios, que dan o no las habilitaciones. Si bien los procesos son diferentes, para nuestra sorpresa, los firmantes están metidos en todas estas causas, y pertenecen al gobierno de Macri”.
El caso de Fabián Rodríguez está siendo investigado por la Justicia Federal, “porque él pudo probar el pedido de coimas a través de escuchas telefónicas. Y cuando Nazarena Vélez cuenta en una entrevista, cuáles son los nombres de los funcionarios denunciados, me di cuenta que eran los mismos con los que yo había hablado por mi problema. Y ahora se está pidiendo –a nivel judicial- conexión entre las causas”, explicó Bustos.
La Legislatura porteña interpeló hace dos semanas a Javier Ibáñez, titular de la Agencia Gubernamental de Control, para que diese explicaciones sobre las irregularidades denunciadas en la AGC. “En esa reunión estuvimos, como invitados. Y después de escuchar la sarta de mentiras que dijo, decidimos convocar a todos los políticos para contarles la realidad de las cosas que estamos viviendo, y no esas mentiras que dijo Ibáñez. Porque al fin y al cabo ellos hacen pedidos de informes y quien responde es el Gobierno de la Ciudad que está imputado en todas las causas”.
“Después está el caso de Martín Farrell, que está imputado como funcionario público por el caso Beara y ahora quiere ser juez. ¡Y el que lo nombraría juez sería su propio padre! Entonces, en esta reunión, vamos a pedir que eso no pase”. Farrell -ex director de Habilitaciones y Permisos- está acusado por una presunta estafa en el trámite de habilitación del cine teatro Los Angeles. Farrell ahora tiene un cargo en la Procuración General de la Ciudad y aspira a ocupar un puesto como juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. “Los damnificados lo único que tenemos en común es la tragedia, nada menos”, lamentó Bustos.
viernes, 16 de septiembre de 2011
Un escape descontrolado
http://www.ciudad1.com/Notas-16121-Un-escape-descontrolado
http://www.larazon.com.ar/ciudad/fuga-tener-planos-construccion_0_277500016.html
El responsable de una obra en construcción se fugó cuando fue intimado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a presentar los planos correspondientes.
En un hecho sin precedentes, el arquitecto responsable de una obra ubicada sobre la calle Pacheco al 2725, en el barrio porteño de Villa Urquiza, simuló ir al estudio a buscar los planos exigidos por el inspector de la AGC y nunca volvió para presentarlos.
Luego de más de una hora de espera el Director de Obras de Dirección de Fiscalización y Control realizó la clausura inmediata y ordenó a quien estaba manejando la máquina excavadora que vuelva a colocar la tierra en el lugar, por razones de seguridad.
El martes, un equipo de inspectores se presentó en el lugar para constatar la clausura, y la misma seguía paralizada y sin actividad.
Al respecto, el Director Ejecutivo de la AGC, Ing. Javier Ibáñez, manifestó: "es inentendible e irracional cómo después de una tragedia como la del gimnasio de Villa Urquiza, del año pasado, a pocas cuadras del lugar realicen otra excavación en la que un supuesto profesional responsable evade impunemente los controles" y agregó: "vamos a seguir insistiendo con la prevención y los móviles de obras para que cada actor asuma y entienda las responsabilidades de cada uno en los roles que desempeñamos"
A raíz de denuncias recibidas, la AGC realizó un operativo de control en los barrios de Boedo y Balvanera, dónde se detectaron dos demoliciones sin permiso y una obra que funcionaba de manera ilegal.
Una obra sobre la calle Colombres al 1300 había sido intimada a paralizar los trabajos por no exhibir permiso ni los planos pertinentes. En una nueva inspección, se constató que seguían trabajando de manera ilegal (sin el cartel reglamentario) construyendo además 3 pisos que excedían a lo permitido en el aviso de obra, por lo que se procedió a la clausura.
A pocos metros del lugar (Colombres 1349) los inspectores labraron un acta de intimación a fin de "paralizar" una demolición que no contaba con el permiso respectivo. La medida es hasta que los responsables presenten la debida documentación, extremando las medidas de seguridad propias y hacia los linderos.
Por último, al 3050 de la Avenida Rivadavia se detectó otra demolición sin permiso y sin cartel, por lo cual se los intimó también a paralizar la obra bajo apercibimiento de clausura.
Cabe destacar que la sanción económica ante una clausura, va desde los 2.400 hasta los 24.000 pesos, según la magnitud de la obra y de los antecedentes del profesional o la empresa responsable.
http://www.larazon.com.ar/ciudad/fuga-tener-planos-construccion_0_277500016.html
El responsable de una obra en construcción se fugó cuando fue intimado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a presentar los planos correspondientes.
En un hecho sin precedentes, el arquitecto responsable de una obra ubicada sobre la calle Pacheco al 2725, en el barrio porteño de Villa Urquiza, simuló ir al estudio a buscar los planos exigidos por el inspector de la AGC y nunca volvió para presentarlos.
Luego de más de una hora de espera el Director de Obras de Dirección de Fiscalización y Control realizó la clausura inmediata y ordenó a quien estaba manejando la máquina excavadora que vuelva a colocar la tierra en el lugar, por razones de seguridad.
El martes, un equipo de inspectores se presentó en el lugar para constatar la clausura, y la misma seguía paralizada y sin actividad.
Al respecto, el Director Ejecutivo de la AGC, Ing. Javier Ibáñez, manifestó: "es inentendible e irracional cómo después de una tragedia como la del gimnasio de Villa Urquiza, del año pasado, a pocas cuadras del lugar realicen otra excavación en la que un supuesto profesional responsable evade impunemente los controles" y agregó: "vamos a seguir insistiendo con la prevención y los móviles de obras para que cada actor asuma y entienda las responsabilidades de cada uno en los roles que desempeñamos"
A raíz de denuncias recibidas, la AGC realizó un operativo de control en los barrios de Boedo y Balvanera, dónde se detectaron dos demoliciones sin permiso y una obra que funcionaba de manera ilegal.
Una obra sobre la calle Colombres al 1300 había sido intimada a paralizar los trabajos por no exhibir permiso ni los planos pertinentes. En una nueva inspección, se constató que seguían trabajando de manera ilegal (sin el cartel reglamentario) construyendo además 3 pisos que excedían a lo permitido en el aviso de obra, por lo que se procedió a la clausura.
A pocos metros del lugar (Colombres 1349) los inspectores labraron un acta de intimación a fin de "paralizar" una demolición que no contaba con el permiso respectivo. La medida es hasta que los responsables presenten la debida documentación, extremando las medidas de seguridad propias y hacia los linderos.
Por último, al 3050 de la Avenida Rivadavia se detectó otra demolición sin permiso y sin cartel, por lo cual se los intimó también a paralizar la obra bajo apercibimiento de clausura.
Cabe destacar que la sanción económica ante una clausura, va desde los 2.400 hasta los 24.000 pesos, según la magnitud de la obra y de los antecedentes del profesional o la empresa responsable.
martes, 13 de septiembre de 2011
Más requisitos para el Letrero de Obra
http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=366c95d81c503e6fa26d235bcdca3145
Deberán identificar una serie de aspectos que establecieron los legisladores porteños en la última sesión parlamentaria.
Por María José Pérez Insúa
"Al frente de una obra es obligatorio colocar un letrero que contenga...." así comienza la modificación al artículo 5.1.2.1 del Código de Edificación que se aprobó en la última sesión parlamentaria de la Legislatura de la Ciudad.
La norma, cuyo proyecto fue presentado por el diputado Juan Cabandié (EPpV), modifica el artículo que establece la obligación de la colocación del letrero al frente de una obra y la leyenda que debe contener. De esta forma y en relación a la empresa, ésta deberá incorporar los nombres de los "respectivos representantes técnicos, que intervengan con su firma en el expediente de permiso y número de registro otorgado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)".
También deberá constar el nombre de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada, el número de póliza vigente y el nombre y matrícula del responsable en la temática de seguridad e higiene. Para aquellas obras en las que exista más de un contratista, estos datos serán los correspondientes al contratista principal y, en caso de no existir éste, del que a tal efecto se designe. Deberán incluirse, además, el número de contacto del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de denuncias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, o del/los organismos que en el futuro los reemplacen.
La norma, sancionada con 50 votos, había recibido aprobación inicial el 13 de diciembre del 2010, y el 13 de abril del corriente fue considerada en Audiencia Pública, tal como lo establecen los artículos 89 y 90 de la Constitución para este tipo de leyes.
En los fundamentos de la iniciativa impulsada por Cabandié se explica, además, que motivó la modificación el gran crecimiento inmobiliario que en los últimos años se dio en varios barrios de la ciudad "sin ningún criterio por parte del Gobierno de la Ciudad".
"Esta ausencia de criterio inmobiliario del gobierno porteño lleva a barrios como Villa Urquiza, Caballito, San Telmo, Palermo y otros a perder la fisonomía del barrio y trae aparejada problemas estructurales con el agua, las cloacas, cocheras, etc. Esta falta de criterio del Gobierno de la Ciudad es acompañada por un sistema de control de obra insuficiente e ineficaz, que no garantiza la seguridad de los trabajadores ni la de los vecinos", agrega.
Y resalta: "Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad ejercer el poder de policía en materia de fiscalización y control de las normas relativas al trabajo, la salud, seguridad e higiene y seguridad social, que le es propio por el artículo Nº 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires".
Deberán identificar una serie de aspectos que establecieron los legisladores porteños en la última sesión parlamentaria.
Por María José Pérez Insúa
"Al frente de una obra es obligatorio colocar un letrero que contenga...." así comienza la modificación al artículo 5.1.2.1 del Código de Edificación que se aprobó en la última sesión parlamentaria de la Legislatura de la Ciudad.
La norma, cuyo proyecto fue presentado por el diputado Juan Cabandié (EPpV), modifica el artículo que establece la obligación de la colocación del letrero al frente de una obra y la leyenda que debe contener. De esta forma y en relación a la empresa, ésta deberá incorporar los nombres de los "respectivos representantes técnicos, que intervengan con su firma en el expediente de permiso y número de registro otorgado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)".
También deberá constar el nombre de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada, el número de póliza vigente y el nombre y matrícula del responsable en la temática de seguridad e higiene. Para aquellas obras en las que exista más de un contratista, estos datos serán los correspondientes al contratista principal y, en caso de no existir éste, del que a tal efecto se designe. Deberán incluirse, además, el número de contacto del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de denuncias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, o del/los organismos que en el futuro los reemplacen.
La norma, sancionada con 50 votos, había recibido aprobación inicial el 13 de diciembre del 2010, y el 13 de abril del corriente fue considerada en Audiencia Pública, tal como lo establecen los artículos 89 y 90 de la Constitución para este tipo de leyes.
En los fundamentos de la iniciativa impulsada por Cabandié se explica, además, que motivó la modificación el gran crecimiento inmobiliario que en los últimos años se dio en varios barrios de la ciudad "sin ningún criterio por parte del Gobierno de la Ciudad".
"Esta ausencia de criterio inmobiliario del gobierno porteño lleva a barrios como Villa Urquiza, Caballito, San Telmo, Palermo y otros a perder la fisonomía del barrio y trae aparejada problemas estructurales con el agua, las cloacas, cocheras, etc. Esta falta de criterio del Gobierno de la Ciudad es acompañada por un sistema de control de obra insuficiente e ineficaz, que no garantiza la seguridad de los trabajadores ni la de los vecinos", agrega.
Y resalta: "Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad ejercer el poder de policía en materia de fiscalización y control de las normas relativas al trabajo, la salud, seguridad e higiene y seguridad social, que le es propio por el artículo Nº 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires".
lunes, 5 de septiembre de 2011
Inmobiliarias de villa pueyrredon quieren voltear una ley
http://www.lacomuna12.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1458:qinmobiliarias-de-villa-pueyrredon-quieren-voltear-una-ley-que-reduce-las-alturas-de-futuros-edificios-en-el-barrioq&catid=50:sociedad&Itemid=
La agrupación vecinos de las casas bajas es una agrupación independiente que hace años viene luchando contra la construcción indiscriminada en los barrios de la Comuna 12. En una misiva enviada a los medios denuncian a las inmobiliarias de Villla Pueyrredón ya que sostien que están haciendo "lobby inmobiliario"para terminar con la ley 27671 que busca poner un límite a la construcción indiscriminada en altura sobre en Villa Pueyyredón.
A continuación la nota completa de los Vecinos de las Casas Bajas:
El lobby inmobiliario se está haciendo sentir más fuerte que nunca en el barrio de Villa Pueyrredón, y pretende voltear un proyecto de ley aprobado en primera lectura por la Legislatura porteña. Primero fue contra la ley 3447, que ponía un límite para la construcción en altura sobre la traza Av. Salvador María del Carril, límite de Agronomía y Villa Pueyrredón, cuyos vecinos agrupados en la asociación Salvemos al Barrio aún están luchando para que se respete la ley. Ahora es contra la ley 2767, que necesita de su aprobación en segunda lectura para preservar la identidad barrial y el perfil paisajístico.
Villa Pueyrredón, un barrio de casas bajas, está siendo invadida por edificios en altura de pésima calidad, aprovechando que la ley 2767-D-2009 impulsada por el legislador Alvaro González del PRO en el año 2009 y que fue aprobada en primera lectura en agosto de 2010, ha venido sufriendo reiteradas demoras desde la primera audiencia pública.
La agrupación "Vecinos de las Casas Bajas" ha hecho uso del derecho de petición ante la Legislatura porteña ingresando el proyecto de ley 2767-D-2009, avalado por 3000 firmas de vecinos que reclaman que se termine con la construcción indiscriminada en altura y luchan por un crecimiento más acorde con la historia del barrio.
Ahora que los muertos del derrumbe de Villa Urquiza y el boliche Beara han desaparecido de los titulares de los grandes medios, las inmobiliarias vuelven al ataque aprovechando la aversión de pequeños y medianos inversores al riesgo bancario, para ofrecerles "un refugio de valor" en los ladrillos. A pesar de existir innumerables unidades que no se venden, o que salen de la venta para volver a entrar, se sigue construyendo casi exclusivamente unidades monoambientes para aquellos que no quieren dejar su dinero en los bancos, aunque su venta futura sea incierta.
El negocio no es tanto para las constructoras, que hasta podrían salir perdiendo si ponen sus unidades en alquiler debido a la sobreoferta y al poco margen para subir el valor de los alquileres, esto sumado a la vacancia. El verdadero negocio es para las inmobiliarias quienes reciben su 4% de comisión casi sin hacer nada, ya que a la hora de conflicto entre comprador y constructora, esgrimen el argumento que ellas sólo se ocupan de la publicidad.
Así se entiende el porqué del interés en que la ley para el polígono Vallejos no salga nunca (proyecto que desestima el reemplazo de edificios de una y dos plantas por otros de más de diez pisos) la reducción de altura impide la construcción de edificios mastondónticos con altísima rentabilidad que nunca se van a habitar: mientras la venta sea de inversor a inversor, ellas cobran su Comisión y la rueda del negocio sigue girando.
Cifre, Laurenzano, Bonillo, Mingrino, Galleli entre otras, ensayaron una maniobra artera mediante una queja en la Legislatura aduciendo falta de quórum en la primera audiencia pública llevada a cabo en noviembre de 2010. Este intento, que en ningún organismo público hubiese prosperado, logró que desde la Comisión de Planeamiento Urbano se remitiera el expediente para una segunda audiencia en mayo de 2011, logrando dilatar de esta forma en seis meses el tratamiento de la ley.
Las inmobiliaras demostraron lo poco que les interesa la opinión de los residentes del barrio cuando mediante amenazas a los legisladores y acciones violentas del mismo tener provocaron a los vecinos presentes para tratar de romper la segunda audiencia como último resurso.
Otro hecho singular ocurrió luego de la segunda audiencia pública, cuando desapareció por un mes la versión taquigráfica remitida por el cuerpo de taquígrafos a Participación Ciudadana. Este hecho despertó suspicacias en los vecinos que vieron agitarse a los viejos fantasmas de las peores épocas del Consejo Deliberante.
La Legisladora Silvina Pedreira del bloque Peronista del FPV, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, junto con el autor del proyecto Alvaro González son los que tienen la llave para que el proyecto avance rápidamente para que ingrese en el temario de la Comisión y sea aprobada en el recinto, ya que fue votada en primera lectura sin disidencias.
Lo insólito es que la asesora de Silvina Pedreira, la arquitecta Bárbara Rosen, esgrime como argumento para el tratamiento de la ley en Comisión que se necesita un salón más grande porque es una “ley con conflictos”. En realidad, los vecinos en disidencia fueron minoría, y a representantes de las inmobiliarias se les permitió hablar como si fuesen vecinos, cuando la mayoría no demostró tener residencia en la Ciudad; uno de ellos se encargó el mismo de confesar que vivía en la provincia y tenía un negocio en el barrio que se le estaba demorando y no sabía por qué.
Sobre el fin del 2010 la ley debería haber estado aprobada pero no el expediente no llegó al recinto con la excusa de que tenían “miedo que las inmobiliarias fueran a hacer lío”. En realidad, al no ser ellas las que peticionaron, no deberían porqué enterarse de las reuniones de Comisión. Sin embargo, el martes pasado una inmobiliaria estuvo presente y se hizo escuchar como si fuera una audiencia pública. La pregunta que surge es: ¿quién les avisó?
Los vecinos de Villa Pueyrredón tienen planificada una marcha en repudio por la demora en la aprobación de la ley y para que las inmobiliarias sigan haciendo sus negocios pero no a costa de la calidad de vida de los habitantes del barrio, sino con una ley que respete la identidad del mismo.
Existen videos en poder de algunos asesores y de los vecinos que prueban este atropello.
Contacto: vecinosdelascasasbajas@gmail.com
http://vecinosdelascasasbajas.blogspot.com/
La agrupación vecinos de las casas bajas es una agrupación independiente que hace años viene luchando contra la construcción indiscriminada en los barrios de la Comuna 12. En una misiva enviada a los medios denuncian a las inmobiliarias de Villla Pueyrredón ya que sostien que están haciendo "lobby inmobiliario"para terminar con la ley 27671 que busca poner un límite a la construcción indiscriminada en altura sobre en Villa Pueyyredón.
A continuación la nota completa de los Vecinos de las Casas Bajas:
El lobby inmobiliario se está haciendo sentir más fuerte que nunca en el barrio de Villa Pueyrredón, y pretende voltear un proyecto de ley aprobado en primera lectura por la Legislatura porteña. Primero fue contra la ley 3447, que ponía un límite para la construcción en altura sobre la traza Av. Salvador María del Carril, límite de Agronomía y Villa Pueyrredón, cuyos vecinos agrupados en la asociación Salvemos al Barrio aún están luchando para que se respete la ley. Ahora es contra la ley 2767, que necesita de su aprobación en segunda lectura para preservar la identidad barrial y el perfil paisajístico.
Villa Pueyrredón, un barrio de casas bajas, está siendo invadida por edificios en altura de pésima calidad, aprovechando que la ley 2767-D-2009 impulsada por el legislador Alvaro González del PRO en el año 2009 y que fue aprobada en primera lectura en agosto de 2010, ha venido sufriendo reiteradas demoras desde la primera audiencia pública.
La agrupación "Vecinos de las Casas Bajas" ha hecho uso del derecho de petición ante la Legislatura porteña ingresando el proyecto de ley 2767-D-2009, avalado por 3000 firmas de vecinos que reclaman que se termine con la construcción indiscriminada en altura y luchan por un crecimiento más acorde con la historia del barrio.
Ahora que los muertos del derrumbe de Villa Urquiza y el boliche Beara han desaparecido de los titulares de los grandes medios, las inmobiliarias vuelven al ataque aprovechando la aversión de pequeños y medianos inversores al riesgo bancario, para ofrecerles "un refugio de valor" en los ladrillos. A pesar de existir innumerables unidades que no se venden, o que salen de la venta para volver a entrar, se sigue construyendo casi exclusivamente unidades monoambientes para aquellos que no quieren dejar su dinero en los bancos, aunque su venta futura sea incierta.
El negocio no es tanto para las constructoras, que hasta podrían salir perdiendo si ponen sus unidades en alquiler debido a la sobreoferta y al poco margen para subir el valor de los alquileres, esto sumado a la vacancia. El verdadero negocio es para las inmobiliarias quienes reciben su 4% de comisión casi sin hacer nada, ya que a la hora de conflicto entre comprador y constructora, esgrimen el argumento que ellas sólo se ocupan de la publicidad.
Así se entiende el porqué del interés en que la ley para el polígono Vallejos no salga nunca (proyecto que desestima el reemplazo de edificios de una y dos plantas por otros de más de diez pisos) la reducción de altura impide la construcción de edificios mastondónticos con altísima rentabilidad que nunca se van a habitar: mientras la venta sea de inversor a inversor, ellas cobran su Comisión y la rueda del negocio sigue girando.
Cifre, Laurenzano, Bonillo, Mingrino, Galleli entre otras, ensayaron una maniobra artera mediante una queja en la Legislatura aduciendo falta de quórum en la primera audiencia pública llevada a cabo en noviembre de 2010. Este intento, que en ningún organismo público hubiese prosperado, logró que desde la Comisión de Planeamiento Urbano se remitiera el expediente para una segunda audiencia en mayo de 2011, logrando dilatar de esta forma en seis meses el tratamiento de la ley.
Las inmobiliaras demostraron lo poco que les interesa la opinión de los residentes del barrio cuando mediante amenazas a los legisladores y acciones violentas del mismo tener provocaron a los vecinos presentes para tratar de romper la segunda audiencia como último resurso.
Otro hecho singular ocurrió luego de la segunda audiencia pública, cuando desapareció por un mes la versión taquigráfica remitida por el cuerpo de taquígrafos a Participación Ciudadana. Este hecho despertó suspicacias en los vecinos que vieron agitarse a los viejos fantasmas de las peores épocas del Consejo Deliberante.
La Legisladora Silvina Pedreira del bloque Peronista del FPV, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, junto con el autor del proyecto Alvaro González son los que tienen la llave para que el proyecto avance rápidamente para que ingrese en el temario de la Comisión y sea aprobada en el recinto, ya que fue votada en primera lectura sin disidencias.
Lo insólito es que la asesora de Silvina Pedreira, la arquitecta Bárbara Rosen, esgrime como argumento para el tratamiento de la ley en Comisión que se necesita un salón más grande porque es una “ley con conflictos”. En realidad, los vecinos en disidencia fueron minoría, y a representantes de las inmobiliarias se les permitió hablar como si fuesen vecinos, cuando la mayoría no demostró tener residencia en la Ciudad; uno de ellos se encargó el mismo de confesar que vivía en la provincia y tenía un negocio en el barrio que se le estaba demorando y no sabía por qué.
Sobre el fin del 2010 la ley debería haber estado aprobada pero no el expediente no llegó al recinto con la excusa de que tenían “miedo que las inmobiliarias fueran a hacer lío”. En realidad, al no ser ellas las que peticionaron, no deberían porqué enterarse de las reuniones de Comisión. Sin embargo, el martes pasado una inmobiliaria estuvo presente y se hizo escuchar como si fuera una audiencia pública. La pregunta que surge es: ¿quién les avisó?
Los vecinos de Villa Pueyrredón tienen planificada una marcha en repudio por la demora en la aprobación de la ley y para que las inmobiliarias sigan haciendo sus negocios pero no a costa de la calidad de vida de los habitantes del barrio, sino con una ley que respete la identidad del mismo.
Existen videos en poder de algunos asesores y de los vecinos que prueban este atropello.
Contacto: vecinosdelascasasbajas@gmail.com
http://vecinosdelascasasbajas.blogspot.com/
lunes, 22 de agosto de 2011
Funcionaria en la cuerda floja
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-174415-2011-08-13.html
Es Vanesa Bercowski, directora de Fiscalización y Control. Tras la investigación publicada por Página/12, pidió eximición de prisión. Escuchas telefónicas la involucran en una red de tráfico de influencias para habilitar boliches y evitar inspecciones y clausuras.
Por Eduardo Videla
La renuncia de la directora de Fiscalización y Verificaciones, Vanesa Bercowski, o su eventual continuidad en el cargo era debatido ayer en el máximo nivel del Gobierno de la Ciudad. La funcionaria aparece involucrada en la investigación de una red de tráfico de influencias, que agilizaba habilitaciones de comercios o evitaba inspecciones y clausuras a cambio del pago de una cuota de protección. Tras conocer el contenido de las escuchas telefónicas que la comprometen en el hecho, la propia funcionaria presentó un pedido de eximición de prisión, que fue concedido por el juez, previo pago de 350 mil pesos de caución.
Ayer, tanto el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, como su mentor, el diputado del PRO Enzo Pagani, se reunieron con Bercowski para analizar su situación. No hubo declaraciones públicas, pero trascendió que el futuro de la funcionaria era analizado en el máximo nivel del gobierno porteño, por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se encuentra de vacaciones en el exterior.
De producirse el alejamiento de Bercowski, sería la quinta renuncia en la controvertida Agencia Gubernamental de Control –el organismo creado por Mauricio Macri para concentrar las inspecciones y habilitaciones– desde que se inició esta gestión, hace menos de cuatro años.
Bercowski es la encargada del área de control de comercios, entre los que se encuentran bares, pubs, discotecas y otros locales nocturnos. Inició su carrera en el Gobierno de la Ciudad en 2004, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, con un contrato como asesora legal en la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones, luego disuelta. Logró más poder en el área durante la gestión de Diego Gorgal como ministro de Seguridad, cuando el jefe de Gobierno era Jorge Telerman, pero recién con la llegada al poder de Mauricio Macri, el 3 de enero de 2008 fue nombrada directora de Fiscalización y Habilitaciones. Llegó a ese puesto de la mano del diputado Enzo Pagani.
Bercowski quedó comprometida en la causa por los diálogos que mantuvo con Federico Garaglia, un gestor con quien habría tenido una relación personal. Garaglia es socio de Leandro Camani, el marido de Samanta Farjat. Ambos aparecen en numerosas escuchas refiriéndose al cobro de dinero para agilizar habilitaciones o permisos y evitar que inspectores visiten a sus clientes. Sus domicilios fueron allanados la semana pasada por orden del juez Juan Ramos Padilla, a cargo de la causa. A ambos, el juez les concedió la eximición de prisión, con una caución de 250 mil pesos para cada uno. Otro involucrado es el abogado Matías Pantarotto. También aparece en las escuchas y su domicilio fue allanado.
La primera renuncia en la Agencia Gubernamental de Control fue la de su titular, Federico Young, en marzo de 2009. Su sucesor, Pablo Bourlot, no alcanzó el año de gestión: se fue en enero de 2010. Le siguió Raúl Oscar Ríos, un dirigente del club Boca Juniors, quien tuvo que irse en agosto de ese año, después del trágico derrumbe en Villa Urquiza: mientras los rescatistas buscaban víctimas entre los escombros, Ríos participaba de una reunión de la comisión directiva del club para analizar el contrato de Román Riquelme.
Tres meses después renunció Martín Farrell, el director de Habilitaciones y Permisos. Venía siendo cuestionado por la habilitación de locales y de espectáculos masivos, pero la gota que rebasó el vaso fue la tragedia de Beara, donde murieron dos chicas por el derrumbe de un entrepiso. Farrell quedó comprometido con la habilitación irregular del local, después de que la propia Bercowski había recomendado no otorgar el permiso. El fiscal Andrés Madrea, incluso había pedido su declaración indagatoria como imputado en esa causa, pero la jueza Alicia Iermini aún no lo citó.
Días después de la tragedia de Beara, Farrell fue a la Legislatura a brindar un informe. En esa ocasión, el diputado Eduardo Epszteyn le preguntó si tenía conocimiento de la actividad del abogado Matías Pantarotto como habitual contacto con funcionarios del área para gestionar habilitaciones. Pantarotto es abogado de los empresarios imputados por el derrumbe en Beara.
Farrell se fue de la Agencia Gubernamental de Control, pero fue recompensado por Macri por los servicios prestados con un cargo en la Procuración General de la Ciudad.
Es Vanesa Bercowski, directora de Fiscalización y Control. Tras la investigación publicada por Página/12, pidió eximición de prisión. Escuchas telefónicas la involucran en una red de tráfico de influencias para habilitar boliches y evitar inspecciones y clausuras.
Por Eduardo Videla
La renuncia de la directora de Fiscalización y Verificaciones, Vanesa Bercowski, o su eventual continuidad en el cargo era debatido ayer en el máximo nivel del Gobierno de la Ciudad. La funcionaria aparece involucrada en la investigación de una red de tráfico de influencias, que agilizaba habilitaciones de comercios o evitaba inspecciones y clausuras a cambio del pago de una cuota de protección. Tras conocer el contenido de las escuchas telefónicas que la comprometen en el hecho, la propia funcionaria presentó un pedido de eximición de prisión, que fue concedido por el juez, previo pago de 350 mil pesos de caución.
Ayer, tanto el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, como su mentor, el diputado del PRO Enzo Pagani, se reunieron con Bercowski para analizar su situación. No hubo declaraciones públicas, pero trascendió que el futuro de la funcionaria era analizado en el máximo nivel del gobierno porteño, por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se encuentra de vacaciones en el exterior.
De producirse el alejamiento de Bercowski, sería la quinta renuncia en la controvertida Agencia Gubernamental de Control –el organismo creado por Mauricio Macri para concentrar las inspecciones y habilitaciones– desde que se inició esta gestión, hace menos de cuatro años.
Bercowski es la encargada del área de control de comercios, entre los que se encuentran bares, pubs, discotecas y otros locales nocturnos. Inició su carrera en el Gobierno de la Ciudad en 2004, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, con un contrato como asesora legal en la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones, luego disuelta. Logró más poder en el área durante la gestión de Diego Gorgal como ministro de Seguridad, cuando el jefe de Gobierno era Jorge Telerman, pero recién con la llegada al poder de Mauricio Macri, el 3 de enero de 2008 fue nombrada directora de Fiscalización y Habilitaciones. Llegó a ese puesto de la mano del diputado Enzo Pagani.
Bercowski quedó comprometida en la causa por los diálogos que mantuvo con Federico Garaglia, un gestor con quien habría tenido una relación personal. Garaglia es socio de Leandro Camani, el marido de Samanta Farjat. Ambos aparecen en numerosas escuchas refiriéndose al cobro de dinero para agilizar habilitaciones o permisos y evitar que inspectores visiten a sus clientes. Sus domicilios fueron allanados la semana pasada por orden del juez Juan Ramos Padilla, a cargo de la causa. A ambos, el juez les concedió la eximición de prisión, con una caución de 250 mil pesos para cada uno. Otro involucrado es el abogado Matías Pantarotto. También aparece en las escuchas y su domicilio fue allanado.
La primera renuncia en la Agencia Gubernamental de Control fue la de su titular, Federico Young, en marzo de 2009. Su sucesor, Pablo Bourlot, no alcanzó el año de gestión: se fue en enero de 2010. Le siguió Raúl Oscar Ríos, un dirigente del club Boca Juniors, quien tuvo que irse en agosto de ese año, después del trágico derrumbe en Villa Urquiza: mientras los rescatistas buscaban víctimas entre los escombros, Ríos participaba de una reunión de la comisión directiva del club para analizar el contrato de Román Riquelme.
Tres meses después renunció Martín Farrell, el director de Habilitaciones y Permisos. Venía siendo cuestionado por la habilitación de locales y de espectáculos masivos, pero la gota que rebasó el vaso fue la tragedia de Beara, donde murieron dos chicas por el derrumbe de un entrepiso. Farrell quedó comprometido con la habilitación irregular del local, después de que la propia Bercowski había recomendado no otorgar el permiso. El fiscal Andrés Madrea, incluso había pedido su declaración indagatoria como imputado en esa causa, pero la jueza Alicia Iermini aún no lo citó.
Días después de la tragedia de Beara, Farrell fue a la Legislatura a brindar un informe. En esa ocasión, el diputado Eduardo Epszteyn le preguntó si tenía conocimiento de la actividad del abogado Matías Pantarotto como habitual contacto con funcionarios del área para gestionar habilitaciones. Pantarotto es abogado de los empresarios imputados por el derrumbe en Beara.
Farrell se fue de la Agencia Gubernamental de Control, pero fue recompensado por Macri por los servicios prestados con un cargo en la Procuración General de la Ciudad.
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