http://www.ciudad1.com/Notas-16121-Un-escape-descontrolado
http://www.larazon.com.ar/ciudad/fuga-tener-planos-construccion_0_277500016.html
El responsable de una obra en construcción se fugó cuando fue intimado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a presentar los planos correspondientes.
En un hecho sin precedentes, el arquitecto responsable de una obra ubicada sobre la calle Pacheco al 2725, en el barrio porteño de Villa Urquiza, simuló ir al estudio a buscar los planos exigidos por el inspector de la AGC y nunca volvió para presentarlos.
Luego de más de una hora de espera el Director de Obras de Dirección de Fiscalización y Control realizó la clausura inmediata y ordenó a quien estaba manejando la máquina excavadora que vuelva a colocar la tierra en el lugar, por razones de seguridad.
El martes, un equipo de inspectores se presentó en el lugar para constatar la clausura, y la misma seguía paralizada y sin actividad.
Al respecto, el Director Ejecutivo de la AGC, Ing. Javier Ibáñez, manifestó: "es inentendible e irracional cómo después de una tragedia como la del gimnasio de Villa Urquiza, del año pasado, a pocas cuadras del lugar realicen otra excavación en la que un supuesto profesional responsable evade impunemente los controles" y agregó: "vamos a seguir insistiendo con la prevención y los móviles de obras para que cada actor asuma y entienda las responsabilidades de cada uno en los roles que desempeñamos"
A raíz de denuncias recibidas, la AGC realizó un operativo de control en los barrios de Boedo y Balvanera, dónde se detectaron dos demoliciones sin permiso y una obra que funcionaba de manera ilegal.
Una obra sobre la calle Colombres al 1300 había sido intimada a paralizar los trabajos por no exhibir permiso ni los planos pertinentes. En una nueva inspección, se constató que seguían trabajando de manera ilegal (sin el cartel reglamentario) construyendo además 3 pisos que excedían a lo permitido en el aviso de obra, por lo que se procedió a la clausura.
A pocos metros del lugar (Colombres 1349) los inspectores labraron un acta de intimación a fin de "paralizar" una demolición que no contaba con el permiso respectivo. La medida es hasta que los responsables presenten la debida documentación, extremando las medidas de seguridad propias y hacia los linderos.
Por último, al 3050 de la Avenida Rivadavia se detectó otra demolición sin permiso y sin cartel, por lo cual se los intimó también a paralizar la obra bajo apercibimiento de clausura.
Cabe destacar que la sanción económica ante una clausura, va desde los 2.400 hasta los 24.000 pesos, según la magnitud de la obra y de los antecedentes del profesional o la empresa responsable.
viernes, 16 de septiembre de 2011
martes, 13 de septiembre de 2011
Más requisitos para el Letrero de Obra
http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=366c95d81c503e6fa26d235bcdca3145
Deberán identificar una serie de aspectos que establecieron los legisladores porteños en la última sesión parlamentaria.
Por María José Pérez Insúa
"Al frente de una obra es obligatorio colocar un letrero que contenga...." así comienza la modificación al artículo 5.1.2.1 del Código de Edificación que se aprobó en la última sesión parlamentaria de la Legislatura de la Ciudad.
La norma, cuyo proyecto fue presentado por el diputado Juan Cabandié (EPpV), modifica el artículo que establece la obligación de la colocación del letrero al frente de una obra y la leyenda que debe contener. De esta forma y en relación a la empresa, ésta deberá incorporar los nombres de los "respectivos representantes técnicos, que intervengan con su firma en el expediente de permiso y número de registro otorgado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)".
También deberá constar el nombre de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada, el número de póliza vigente y el nombre y matrícula del responsable en la temática de seguridad e higiene. Para aquellas obras en las que exista más de un contratista, estos datos serán los correspondientes al contratista principal y, en caso de no existir éste, del que a tal efecto se designe. Deberán incluirse, además, el número de contacto del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de denuncias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, o del/los organismos que en el futuro los reemplacen.
La norma, sancionada con 50 votos, había recibido aprobación inicial el 13 de diciembre del 2010, y el 13 de abril del corriente fue considerada en Audiencia Pública, tal como lo establecen los artículos 89 y 90 de la Constitución para este tipo de leyes.
En los fundamentos de la iniciativa impulsada por Cabandié se explica, además, que motivó la modificación el gran crecimiento inmobiliario que en los últimos años se dio en varios barrios de la ciudad "sin ningún criterio por parte del Gobierno de la Ciudad".
"Esta ausencia de criterio inmobiliario del gobierno porteño lleva a barrios como Villa Urquiza, Caballito, San Telmo, Palermo y otros a perder la fisonomía del barrio y trae aparejada problemas estructurales con el agua, las cloacas, cocheras, etc. Esta falta de criterio del Gobierno de la Ciudad es acompañada por un sistema de control de obra insuficiente e ineficaz, que no garantiza la seguridad de los trabajadores ni la de los vecinos", agrega.
Y resalta: "Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad ejercer el poder de policía en materia de fiscalización y control de las normas relativas al trabajo, la salud, seguridad e higiene y seguridad social, que le es propio por el artículo Nº 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires".
Deberán identificar una serie de aspectos que establecieron los legisladores porteños en la última sesión parlamentaria.
Por María José Pérez Insúa
"Al frente de una obra es obligatorio colocar un letrero que contenga...." así comienza la modificación al artículo 5.1.2.1 del Código de Edificación que se aprobó en la última sesión parlamentaria de la Legislatura de la Ciudad.
La norma, cuyo proyecto fue presentado por el diputado Juan Cabandié (EPpV), modifica el artículo que establece la obligación de la colocación del letrero al frente de una obra y la leyenda que debe contener. De esta forma y en relación a la empresa, ésta deberá incorporar los nombres de los "respectivos representantes técnicos, que intervengan con su firma en el expediente de permiso y número de registro otorgado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)".
También deberá constar el nombre de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada, el número de póliza vigente y el nombre y matrícula del responsable en la temática de seguridad e higiene. Para aquellas obras en las que exista más de un contratista, estos datos serán los correspondientes al contratista principal y, en caso de no existir éste, del que a tal efecto se designe. Deberán incluirse, además, el número de contacto del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de denuncias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, o del/los organismos que en el futuro los reemplacen.
La norma, sancionada con 50 votos, había recibido aprobación inicial el 13 de diciembre del 2010, y el 13 de abril del corriente fue considerada en Audiencia Pública, tal como lo establecen los artículos 89 y 90 de la Constitución para este tipo de leyes.
En los fundamentos de la iniciativa impulsada por Cabandié se explica, además, que motivó la modificación el gran crecimiento inmobiliario que en los últimos años se dio en varios barrios de la ciudad "sin ningún criterio por parte del Gobierno de la Ciudad".
"Esta ausencia de criterio inmobiliario del gobierno porteño lleva a barrios como Villa Urquiza, Caballito, San Telmo, Palermo y otros a perder la fisonomía del barrio y trae aparejada problemas estructurales con el agua, las cloacas, cocheras, etc. Esta falta de criterio del Gobierno de la Ciudad es acompañada por un sistema de control de obra insuficiente e ineficaz, que no garantiza la seguridad de los trabajadores ni la de los vecinos", agrega.
Y resalta: "Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad ejercer el poder de policía en materia de fiscalización y control de las normas relativas al trabajo, la salud, seguridad e higiene y seguridad social, que le es propio por el artículo Nº 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires".
lunes, 5 de septiembre de 2011
Inmobiliarias de villa pueyrredon quieren voltear una ley
http://www.lacomuna12.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1458:qinmobiliarias-de-villa-pueyrredon-quieren-voltear-una-ley-que-reduce-las-alturas-de-futuros-edificios-en-el-barrioq&catid=50:sociedad&Itemid=
La agrupación vecinos de las casas bajas es una agrupación independiente que hace años viene luchando contra la construcción indiscriminada en los barrios de la Comuna 12. En una misiva enviada a los medios denuncian a las inmobiliarias de Villla Pueyrredón ya que sostien que están haciendo "lobby inmobiliario"para terminar con la ley 27671 que busca poner un límite a la construcción indiscriminada en altura sobre en Villa Pueyyredón.
A continuación la nota completa de los Vecinos de las Casas Bajas:
El lobby inmobiliario se está haciendo sentir más fuerte que nunca en el barrio de Villa Pueyrredón, y pretende voltear un proyecto de ley aprobado en primera lectura por la Legislatura porteña. Primero fue contra la ley 3447, que ponía un límite para la construcción en altura sobre la traza Av. Salvador María del Carril, límite de Agronomía y Villa Pueyrredón, cuyos vecinos agrupados en la asociación Salvemos al Barrio aún están luchando para que se respete la ley. Ahora es contra la ley 2767, que necesita de su aprobación en segunda lectura para preservar la identidad barrial y el perfil paisajístico.
Villa Pueyrredón, un barrio de casas bajas, está siendo invadida por edificios en altura de pésima calidad, aprovechando que la ley 2767-D-2009 impulsada por el legislador Alvaro González del PRO en el año 2009 y que fue aprobada en primera lectura en agosto de 2010, ha venido sufriendo reiteradas demoras desde la primera audiencia pública.
La agrupación "Vecinos de las Casas Bajas" ha hecho uso del derecho de petición ante la Legislatura porteña ingresando el proyecto de ley 2767-D-2009, avalado por 3000 firmas de vecinos que reclaman que se termine con la construcción indiscriminada en altura y luchan por un crecimiento más acorde con la historia del barrio.
Ahora que los muertos del derrumbe de Villa Urquiza y el boliche Beara han desaparecido de los titulares de los grandes medios, las inmobiliarias vuelven al ataque aprovechando la aversión de pequeños y medianos inversores al riesgo bancario, para ofrecerles "un refugio de valor" en los ladrillos. A pesar de existir innumerables unidades que no se venden, o que salen de la venta para volver a entrar, se sigue construyendo casi exclusivamente unidades monoambientes para aquellos que no quieren dejar su dinero en los bancos, aunque su venta futura sea incierta.
El negocio no es tanto para las constructoras, que hasta podrían salir perdiendo si ponen sus unidades en alquiler debido a la sobreoferta y al poco margen para subir el valor de los alquileres, esto sumado a la vacancia. El verdadero negocio es para las inmobiliarias quienes reciben su 4% de comisión casi sin hacer nada, ya que a la hora de conflicto entre comprador y constructora, esgrimen el argumento que ellas sólo se ocupan de la publicidad.
Así se entiende el porqué del interés en que la ley para el polígono Vallejos no salga nunca (proyecto que desestima el reemplazo de edificios de una y dos plantas por otros de más de diez pisos) la reducción de altura impide la construcción de edificios mastondónticos con altísima rentabilidad que nunca se van a habitar: mientras la venta sea de inversor a inversor, ellas cobran su Comisión y la rueda del negocio sigue girando.
Cifre, Laurenzano, Bonillo, Mingrino, Galleli entre otras, ensayaron una maniobra artera mediante una queja en la Legislatura aduciendo falta de quórum en la primera audiencia pública llevada a cabo en noviembre de 2010. Este intento, que en ningún organismo público hubiese prosperado, logró que desde la Comisión de Planeamiento Urbano se remitiera el expediente para una segunda audiencia en mayo de 2011, logrando dilatar de esta forma en seis meses el tratamiento de la ley.
Las inmobiliaras demostraron lo poco que les interesa la opinión de los residentes del barrio cuando mediante amenazas a los legisladores y acciones violentas del mismo tener provocaron a los vecinos presentes para tratar de romper la segunda audiencia como último resurso.
Otro hecho singular ocurrió luego de la segunda audiencia pública, cuando desapareció por un mes la versión taquigráfica remitida por el cuerpo de taquígrafos a Participación Ciudadana. Este hecho despertó suspicacias en los vecinos que vieron agitarse a los viejos fantasmas de las peores épocas del Consejo Deliberante.
La Legisladora Silvina Pedreira del bloque Peronista del FPV, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, junto con el autor del proyecto Alvaro González son los que tienen la llave para que el proyecto avance rápidamente para que ingrese en el temario de la Comisión y sea aprobada en el recinto, ya que fue votada en primera lectura sin disidencias.
Lo insólito es que la asesora de Silvina Pedreira, la arquitecta Bárbara Rosen, esgrime como argumento para el tratamiento de la ley en Comisión que se necesita un salón más grande porque es una “ley con conflictos”. En realidad, los vecinos en disidencia fueron minoría, y a representantes de las inmobiliarias se les permitió hablar como si fuesen vecinos, cuando la mayoría no demostró tener residencia en la Ciudad; uno de ellos se encargó el mismo de confesar que vivía en la provincia y tenía un negocio en el barrio que se le estaba demorando y no sabía por qué.
Sobre el fin del 2010 la ley debería haber estado aprobada pero no el expediente no llegó al recinto con la excusa de que tenían “miedo que las inmobiliarias fueran a hacer lío”. En realidad, al no ser ellas las que peticionaron, no deberían porqué enterarse de las reuniones de Comisión. Sin embargo, el martes pasado una inmobiliaria estuvo presente y se hizo escuchar como si fuera una audiencia pública. La pregunta que surge es: ¿quién les avisó?
Los vecinos de Villa Pueyrredón tienen planificada una marcha en repudio por la demora en la aprobación de la ley y para que las inmobiliarias sigan haciendo sus negocios pero no a costa de la calidad de vida de los habitantes del barrio, sino con una ley que respete la identidad del mismo.
Existen videos en poder de algunos asesores y de los vecinos que prueban este atropello.
Contacto: vecinosdelascasasbajas@gmail.com
http://vecinosdelascasasbajas.blogspot.com/
La agrupación vecinos de las casas bajas es una agrupación independiente que hace años viene luchando contra la construcción indiscriminada en los barrios de la Comuna 12. En una misiva enviada a los medios denuncian a las inmobiliarias de Villla Pueyrredón ya que sostien que están haciendo "lobby inmobiliario"para terminar con la ley 27671 que busca poner un límite a la construcción indiscriminada en altura sobre en Villa Pueyyredón.
A continuación la nota completa de los Vecinos de las Casas Bajas:
El lobby inmobiliario se está haciendo sentir más fuerte que nunca en el barrio de Villa Pueyrredón, y pretende voltear un proyecto de ley aprobado en primera lectura por la Legislatura porteña. Primero fue contra la ley 3447, que ponía un límite para la construcción en altura sobre la traza Av. Salvador María del Carril, límite de Agronomía y Villa Pueyrredón, cuyos vecinos agrupados en la asociación Salvemos al Barrio aún están luchando para que se respete la ley. Ahora es contra la ley 2767, que necesita de su aprobación en segunda lectura para preservar la identidad barrial y el perfil paisajístico.
Villa Pueyrredón, un barrio de casas bajas, está siendo invadida por edificios en altura de pésima calidad, aprovechando que la ley 2767-D-2009 impulsada por el legislador Alvaro González del PRO en el año 2009 y que fue aprobada en primera lectura en agosto de 2010, ha venido sufriendo reiteradas demoras desde la primera audiencia pública.
La agrupación "Vecinos de las Casas Bajas" ha hecho uso del derecho de petición ante la Legislatura porteña ingresando el proyecto de ley 2767-D-2009, avalado por 3000 firmas de vecinos que reclaman que se termine con la construcción indiscriminada en altura y luchan por un crecimiento más acorde con la historia del barrio.
Ahora que los muertos del derrumbe de Villa Urquiza y el boliche Beara han desaparecido de los titulares de los grandes medios, las inmobiliarias vuelven al ataque aprovechando la aversión de pequeños y medianos inversores al riesgo bancario, para ofrecerles "un refugio de valor" en los ladrillos. A pesar de existir innumerables unidades que no se venden, o que salen de la venta para volver a entrar, se sigue construyendo casi exclusivamente unidades monoambientes para aquellos que no quieren dejar su dinero en los bancos, aunque su venta futura sea incierta.
El negocio no es tanto para las constructoras, que hasta podrían salir perdiendo si ponen sus unidades en alquiler debido a la sobreoferta y al poco margen para subir el valor de los alquileres, esto sumado a la vacancia. El verdadero negocio es para las inmobiliarias quienes reciben su 4% de comisión casi sin hacer nada, ya que a la hora de conflicto entre comprador y constructora, esgrimen el argumento que ellas sólo se ocupan de la publicidad.
Así se entiende el porqué del interés en que la ley para el polígono Vallejos no salga nunca (proyecto que desestima el reemplazo de edificios de una y dos plantas por otros de más de diez pisos) la reducción de altura impide la construcción de edificios mastondónticos con altísima rentabilidad que nunca se van a habitar: mientras la venta sea de inversor a inversor, ellas cobran su Comisión y la rueda del negocio sigue girando.
Cifre, Laurenzano, Bonillo, Mingrino, Galleli entre otras, ensayaron una maniobra artera mediante una queja en la Legislatura aduciendo falta de quórum en la primera audiencia pública llevada a cabo en noviembre de 2010. Este intento, que en ningún organismo público hubiese prosperado, logró que desde la Comisión de Planeamiento Urbano se remitiera el expediente para una segunda audiencia en mayo de 2011, logrando dilatar de esta forma en seis meses el tratamiento de la ley.
Las inmobiliaras demostraron lo poco que les interesa la opinión de los residentes del barrio cuando mediante amenazas a los legisladores y acciones violentas del mismo tener provocaron a los vecinos presentes para tratar de romper la segunda audiencia como último resurso.
Otro hecho singular ocurrió luego de la segunda audiencia pública, cuando desapareció por un mes la versión taquigráfica remitida por el cuerpo de taquígrafos a Participación Ciudadana. Este hecho despertó suspicacias en los vecinos que vieron agitarse a los viejos fantasmas de las peores épocas del Consejo Deliberante.
La Legisladora Silvina Pedreira del bloque Peronista del FPV, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, junto con el autor del proyecto Alvaro González son los que tienen la llave para que el proyecto avance rápidamente para que ingrese en el temario de la Comisión y sea aprobada en el recinto, ya que fue votada en primera lectura sin disidencias.
Lo insólito es que la asesora de Silvina Pedreira, la arquitecta Bárbara Rosen, esgrime como argumento para el tratamiento de la ley en Comisión que se necesita un salón más grande porque es una “ley con conflictos”. En realidad, los vecinos en disidencia fueron minoría, y a representantes de las inmobiliarias se les permitió hablar como si fuesen vecinos, cuando la mayoría no demostró tener residencia en la Ciudad; uno de ellos se encargó el mismo de confesar que vivía en la provincia y tenía un negocio en el barrio que se le estaba demorando y no sabía por qué.
Sobre el fin del 2010 la ley debería haber estado aprobada pero no el expediente no llegó al recinto con la excusa de que tenían “miedo que las inmobiliarias fueran a hacer lío”. En realidad, al no ser ellas las que peticionaron, no deberían porqué enterarse de las reuniones de Comisión. Sin embargo, el martes pasado una inmobiliaria estuvo presente y se hizo escuchar como si fuera una audiencia pública. La pregunta que surge es: ¿quién les avisó?
Los vecinos de Villa Pueyrredón tienen planificada una marcha en repudio por la demora en la aprobación de la ley y para que las inmobiliarias sigan haciendo sus negocios pero no a costa de la calidad de vida de los habitantes del barrio, sino con una ley que respete la identidad del mismo.
Existen videos en poder de algunos asesores y de los vecinos que prueban este atropello.
Contacto: vecinosdelascasasbajas@gmail.com
http://vecinosdelascasasbajas.blogspot.com/
lunes, 22 de agosto de 2011
Funcionaria en la cuerda floja
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-174415-2011-08-13.html
Es Vanesa Bercowski, directora de Fiscalización y Control. Tras la investigación publicada por Página/12, pidió eximición de prisión. Escuchas telefónicas la involucran en una red de tráfico de influencias para habilitar boliches y evitar inspecciones y clausuras.
Por Eduardo Videla
La renuncia de la directora de Fiscalización y Verificaciones, Vanesa Bercowski, o su eventual continuidad en el cargo era debatido ayer en el máximo nivel del Gobierno de la Ciudad. La funcionaria aparece involucrada en la investigación de una red de tráfico de influencias, que agilizaba habilitaciones de comercios o evitaba inspecciones y clausuras a cambio del pago de una cuota de protección. Tras conocer el contenido de las escuchas telefónicas que la comprometen en el hecho, la propia funcionaria presentó un pedido de eximición de prisión, que fue concedido por el juez, previo pago de 350 mil pesos de caución.
Ayer, tanto el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, como su mentor, el diputado del PRO Enzo Pagani, se reunieron con Bercowski para analizar su situación. No hubo declaraciones públicas, pero trascendió que el futuro de la funcionaria era analizado en el máximo nivel del gobierno porteño, por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se encuentra de vacaciones en el exterior.
De producirse el alejamiento de Bercowski, sería la quinta renuncia en la controvertida Agencia Gubernamental de Control –el organismo creado por Mauricio Macri para concentrar las inspecciones y habilitaciones– desde que se inició esta gestión, hace menos de cuatro años.
Bercowski es la encargada del área de control de comercios, entre los que se encuentran bares, pubs, discotecas y otros locales nocturnos. Inició su carrera en el Gobierno de la Ciudad en 2004, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, con un contrato como asesora legal en la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones, luego disuelta. Logró más poder en el área durante la gestión de Diego Gorgal como ministro de Seguridad, cuando el jefe de Gobierno era Jorge Telerman, pero recién con la llegada al poder de Mauricio Macri, el 3 de enero de 2008 fue nombrada directora de Fiscalización y Habilitaciones. Llegó a ese puesto de la mano del diputado Enzo Pagani.
Bercowski quedó comprometida en la causa por los diálogos que mantuvo con Federico Garaglia, un gestor con quien habría tenido una relación personal. Garaglia es socio de Leandro Camani, el marido de Samanta Farjat. Ambos aparecen en numerosas escuchas refiriéndose al cobro de dinero para agilizar habilitaciones o permisos y evitar que inspectores visiten a sus clientes. Sus domicilios fueron allanados la semana pasada por orden del juez Juan Ramos Padilla, a cargo de la causa. A ambos, el juez les concedió la eximición de prisión, con una caución de 250 mil pesos para cada uno. Otro involucrado es el abogado Matías Pantarotto. También aparece en las escuchas y su domicilio fue allanado.
La primera renuncia en la Agencia Gubernamental de Control fue la de su titular, Federico Young, en marzo de 2009. Su sucesor, Pablo Bourlot, no alcanzó el año de gestión: se fue en enero de 2010. Le siguió Raúl Oscar Ríos, un dirigente del club Boca Juniors, quien tuvo que irse en agosto de ese año, después del trágico derrumbe en Villa Urquiza: mientras los rescatistas buscaban víctimas entre los escombros, Ríos participaba de una reunión de la comisión directiva del club para analizar el contrato de Román Riquelme.
Tres meses después renunció Martín Farrell, el director de Habilitaciones y Permisos. Venía siendo cuestionado por la habilitación de locales y de espectáculos masivos, pero la gota que rebasó el vaso fue la tragedia de Beara, donde murieron dos chicas por el derrumbe de un entrepiso. Farrell quedó comprometido con la habilitación irregular del local, después de que la propia Bercowski había recomendado no otorgar el permiso. El fiscal Andrés Madrea, incluso había pedido su declaración indagatoria como imputado en esa causa, pero la jueza Alicia Iermini aún no lo citó.
Días después de la tragedia de Beara, Farrell fue a la Legislatura a brindar un informe. En esa ocasión, el diputado Eduardo Epszteyn le preguntó si tenía conocimiento de la actividad del abogado Matías Pantarotto como habitual contacto con funcionarios del área para gestionar habilitaciones. Pantarotto es abogado de los empresarios imputados por el derrumbe en Beara.
Farrell se fue de la Agencia Gubernamental de Control, pero fue recompensado por Macri por los servicios prestados con un cargo en la Procuración General de la Ciudad.
Es Vanesa Bercowski, directora de Fiscalización y Control. Tras la investigación publicada por Página/12, pidió eximición de prisión. Escuchas telefónicas la involucran en una red de tráfico de influencias para habilitar boliches y evitar inspecciones y clausuras.
Por Eduardo Videla
La renuncia de la directora de Fiscalización y Verificaciones, Vanesa Bercowski, o su eventual continuidad en el cargo era debatido ayer en el máximo nivel del Gobierno de la Ciudad. La funcionaria aparece involucrada en la investigación de una red de tráfico de influencias, que agilizaba habilitaciones de comercios o evitaba inspecciones y clausuras a cambio del pago de una cuota de protección. Tras conocer el contenido de las escuchas telefónicas que la comprometen en el hecho, la propia funcionaria presentó un pedido de eximición de prisión, que fue concedido por el juez, previo pago de 350 mil pesos de caución.
Ayer, tanto el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, como su mentor, el diputado del PRO Enzo Pagani, se reunieron con Bercowski para analizar su situación. No hubo declaraciones públicas, pero trascendió que el futuro de la funcionaria era analizado en el máximo nivel del gobierno porteño, por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se encuentra de vacaciones en el exterior.
De producirse el alejamiento de Bercowski, sería la quinta renuncia en la controvertida Agencia Gubernamental de Control –el organismo creado por Mauricio Macri para concentrar las inspecciones y habilitaciones– desde que se inició esta gestión, hace menos de cuatro años.
Bercowski es la encargada del área de control de comercios, entre los que se encuentran bares, pubs, discotecas y otros locales nocturnos. Inició su carrera en el Gobierno de la Ciudad en 2004, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, con un contrato como asesora legal en la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones, luego disuelta. Logró más poder en el área durante la gestión de Diego Gorgal como ministro de Seguridad, cuando el jefe de Gobierno era Jorge Telerman, pero recién con la llegada al poder de Mauricio Macri, el 3 de enero de 2008 fue nombrada directora de Fiscalización y Habilitaciones. Llegó a ese puesto de la mano del diputado Enzo Pagani.
Bercowski quedó comprometida en la causa por los diálogos que mantuvo con Federico Garaglia, un gestor con quien habría tenido una relación personal. Garaglia es socio de Leandro Camani, el marido de Samanta Farjat. Ambos aparecen en numerosas escuchas refiriéndose al cobro de dinero para agilizar habilitaciones o permisos y evitar que inspectores visiten a sus clientes. Sus domicilios fueron allanados la semana pasada por orden del juez Juan Ramos Padilla, a cargo de la causa. A ambos, el juez les concedió la eximición de prisión, con una caución de 250 mil pesos para cada uno. Otro involucrado es el abogado Matías Pantarotto. También aparece en las escuchas y su domicilio fue allanado.
La primera renuncia en la Agencia Gubernamental de Control fue la de su titular, Federico Young, en marzo de 2009. Su sucesor, Pablo Bourlot, no alcanzó el año de gestión: se fue en enero de 2010. Le siguió Raúl Oscar Ríos, un dirigente del club Boca Juniors, quien tuvo que irse en agosto de ese año, después del trágico derrumbe en Villa Urquiza: mientras los rescatistas buscaban víctimas entre los escombros, Ríos participaba de una reunión de la comisión directiva del club para analizar el contrato de Román Riquelme.
Tres meses después renunció Martín Farrell, el director de Habilitaciones y Permisos. Venía siendo cuestionado por la habilitación de locales y de espectáculos masivos, pero la gota que rebasó el vaso fue la tragedia de Beara, donde murieron dos chicas por el derrumbe de un entrepiso. Farrell quedó comprometido con la habilitación irregular del local, después de que la propia Bercowski había recomendado no otorgar el permiso. El fiscal Andrés Madrea, incluso había pedido su declaración indagatoria como imputado en esa causa, pero la jueza Alicia Iermini aún no lo citó.
Días después de la tragedia de Beara, Farrell fue a la Legislatura a brindar un informe. En esa ocasión, el diputado Eduardo Epszteyn le preguntó si tenía conocimiento de la actividad del abogado Matías Pantarotto como habitual contacto con funcionarios del área para gestionar habilitaciones. Pantarotto es abogado de los empresarios imputados por el derrumbe en Beara.
Farrell se fue de la Agencia Gubernamental de Control, pero fue recompensado por Macri por los servicios prestados con un cargo en la Procuración General de la Ciudad.
martes, 9 de agosto de 2011
Dos de las sobrevivientes recuerdan el trágico hecho que dejó tres víctimas fatales.
http://www.perfil.com/contenidos/2011/08/09/noticia_0040.html
Somos Maria José y Alejandra Rutilo, hermanas, víctimas y sobrevivientes del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, ocurrido el pasado 9 de agosto de 2010.
Así empezamos nuestra carta el año pasado. Ahora la continuamos con otras vivencias, sumándose personas al agradecimiento, muchas de ellas ya incorporadas a nuestra vida cotidiana: El equipo que nos atiende por nuestro estrés pos-traumático del hospital Alvear, los médicos de la rehabilitación de Maria José, los abogados, y muchas personas desconocidas que se fueron solidarizando a lo largo de nuestra situación de sobrevivientes. De más está mencionar a nuestros familiares y amigos a esta lista, ellos son presencias permanentes e incondicionales. Seguimos sosteniendo que nos hubiera gustado que el resultado sea mas equitativo: todos vivos, festejando cada mes el reencuentro y nuestros nuevos cumpleaños el 9 de Agosto. Y llegó el 9 de Agosto. El balance no fue tan parejo como esperabamos. Nuestras vidas cambiaron mucho, se agregaron miedos, llantos, inseguridades, tristezas. Un año de vida casi paralizado por el temor a cualquier ruido, a pasar por debajo de las obras en construcción, al olor a humedad de las demoliciones de las casas, al ulular de las sirenas, a los ruidos, y lo peor de todo, el miedo a recordar la experiencia, que se agiganta al momento de dormir. Pero dispuestas a seguir hacia delante, a seguir con lo nuevo que nos toca. Porque estamos vivas.
Dicen que cuando te compras un coche azul, lo único que ves por la calles son coches azules. Nosotras decimos que la cantidad de obras en construcción se multiplican diariamente, o ¿será que siempre estuvieron? ¿Será que no las veíamos por que no nos interesaban los coches azules?
Hoy vimos una cámara de televisión cubriendo una nota en un jardin de infantes, en Villa Urquiza. Denunciaban grietas en una de sus paredes: La obra descomunal que estan edificando en el terreno lindero, las está generando. Seguimos caminando con miedo, e inevitablemente, nos remontamos, abstraida cada una en su pensamiento, al 9 de Agosto.
Sabemos que las cosas no volverán a ser como antes, cada beso y abrazo que no damos con mi hermana Maria José es volver a salir de abajo de los escombros, es abrazar a nuestros tres compañeros Maxi Fede y Lu y recordarlos como cada dia que los veíamos en el gimnasio, con sus rutinas cotidianas.
Y llegó el 9 de Agosto. Los padres y familares de nuestros compañeros deberán armarse de valor y saber que seguirán sumandose los aniversarios, deberán aprender a convivir con eso, sin ellos.
Nosotros deberemos aprender a convivir con la tristeza, fobias, angustias y dolores físico, con la sombra del sobreviviente sobre nuestras cabezas y conscientes de lo que quedo enterrado en Mendoza y Triunvirato a las 16.10 hs hace justo un año. Lo que sí hace un año no imaginábamos era que gente como Miguel Ledesma, (quien iluminó la cara de Maria José con la linterna después de cuatro horas de estar enterrada y la rescató) mi bombero Guido, que los rescatistas de Saavedra, la Policia Federal y Metropolitana, los bomberos de Belgrano y Urquiza la guardia de Auxilio, el SAME que nuestras psicólogas, psiquiatras y kinesiólogas existían y serían tan importantes de ahora en adelante en nuestras vidas. Cada palabra de esta carta son un homenaje a nuestros tres compañeros, a sus familias y a las familias de los once supervivientes, y a los 14 que estuvimos a punto de morir. Por eso no queremos quedarnos en la queja. Queremos el progreso de la ciudad, bien hecho, con controles, multas, castigos, clausuras, todo es bienvenido si sirve para evitar otra tragedia.
Nuestros compañeros murieron por que la indiferencia mata. Esperamos que los indiferentes paguen.
(*) Sobrevivientes del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza.
Alejandra Marcela Rutilo DNI 17.331.176
Maria José Rutilo DNI 23.372.150
Somos Maria José y Alejandra Rutilo, hermanas, víctimas y sobrevivientes del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, ocurrido el pasado 9 de agosto de 2010.
Así empezamos nuestra carta el año pasado. Ahora la continuamos con otras vivencias, sumándose personas al agradecimiento, muchas de ellas ya incorporadas a nuestra vida cotidiana: El equipo que nos atiende por nuestro estrés pos-traumático del hospital Alvear, los médicos de la rehabilitación de Maria José, los abogados, y muchas personas desconocidas que se fueron solidarizando a lo largo de nuestra situación de sobrevivientes. De más está mencionar a nuestros familiares y amigos a esta lista, ellos son presencias permanentes e incondicionales. Seguimos sosteniendo que nos hubiera gustado que el resultado sea mas equitativo: todos vivos, festejando cada mes el reencuentro y nuestros nuevos cumpleaños el 9 de Agosto. Y llegó el 9 de Agosto. El balance no fue tan parejo como esperabamos. Nuestras vidas cambiaron mucho, se agregaron miedos, llantos, inseguridades, tristezas. Un año de vida casi paralizado por el temor a cualquier ruido, a pasar por debajo de las obras en construcción, al olor a humedad de las demoliciones de las casas, al ulular de las sirenas, a los ruidos, y lo peor de todo, el miedo a recordar la experiencia, que se agiganta al momento de dormir. Pero dispuestas a seguir hacia delante, a seguir con lo nuevo que nos toca. Porque estamos vivas.
Dicen que cuando te compras un coche azul, lo único que ves por la calles son coches azules. Nosotras decimos que la cantidad de obras en construcción se multiplican diariamente, o ¿será que siempre estuvieron? ¿Será que no las veíamos por que no nos interesaban los coches azules?
Hoy vimos una cámara de televisión cubriendo una nota en un jardin de infantes, en Villa Urquiza. Denunciaban grietas en una de sus paredes: La obra descomunal que estan edificando en el terreno lindero, las está generando. Seguimos caminando con miedo, e inevitablemente, nos remontamos, abstraida cada una en su pensamiento, al 9 de Agosto.
Sabemos que las cosas no volverán a ser como antes, cada beso y abrazo que no damos con mi hermana Maria José es volver a salir de abajo de los escombros, es abrazar a nuestros tres compañeros Maxi Fede y Lu y recordarlos como cada dia que los veíamos en el gimnasio, con sus rutinas cotidianas.
Y llegó el 9 de Agosto. Los padres y familares de nuestros compañeros deberán armarse de valor y saber que seguirán sumandose los aniversarios, deberán aprender a convivir con eso, sin ellos.
Nosotros deberemos aprender a convivir con la tristeza, fobias, angustias y dolores físico, con la sombra del sobreviviente sobre nuestras cabezas y conscientes de lo que quedo enterrado en Mendoza y Triunvirato a las 16.10 hs hace justo un año. Lo que sí hace un año no imaginábamos era que gente como Miguel Ledesma, (quien iluminó la cara de Maria José con la linterna después de cuatro horas de estar enterrada y la rescató) mi bombero Guido, que los rescatistas de Saavedra, la Policia Federal y Metropolitana, los bomberos de Belgrano y Urquiza la guardia de Auxilio, el SAME que nuestras psicólogas, psiquiatras y kinesiólogas existían y serían tan importantes de ahora en adelante en nuestras vidas. Cada palabra de esta carta son un homenaje a nuestros tres compañeros, a sus familias y a las familias de los once supervivientes, y a los 14 que estuvimos a punto de morir. Por eso no queremos quedarnos en la queja. Queremos el progreso de la ciudad, bien hecho, con controles, multas, castigos, clausuras, todo es bienvenido si sirve para evitar otra tragedia.
Nuestros compañeros murieron por que la indiferencia mata. Esperamos que los indiferentes paguen.
(*) Sobrevivientes del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza.
Alejandra Marcela Rutilo DNI 17.331.176
Maria José Rutilo DNI 23.372.150
A un año del derrumbe de Orión, no hay control de las excavaciones
http://tiempo.elargentino.com/notas/ano-del-derrumbe-de-orion-no-hay-control-de-las-excavaciones
Por Lucía Álvarez y Gustavo Sarmiento
El gobierno porteño aún no reglamentó la Ley 3562, creada especialmente para verificar obras y evitar tragedias como la que ocasionó el desplome del gimnasio de Villa Urquiza. La responsabilidad recae actualmente en la AGC.
A un año del derrumbe del gimnasio Orión en Villa Urquiza, que dejó tres muertos y una decena heridos, la causa judicial sigue abierta y sin procesamientos. En este tiempo, al menos otras seis personas fallecieron y unas 30 terminaron lesionadas por falta de controles a las obras impulsadas por el boom inmobiliario. Pero el síntoma más grave es la desidia del gobierno porteño para modificar el problema de raíz: la gestión PRO continúa sin aplicar la Ley 3562 que regula las inspecciones en demoliciones y excavaciones, y que fue sancionada por la Legislatura en septiembre del año pasado, tras el derrumbe del boliche Beara, en el barrio de Palermo. La norma significó una respuesta expeditiva de los diputados porteños ante la situación de emergencia, pero tal como explicaron a este diario desde la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la autoridad de aplicación, a casi un año de su publicación en el Boletín Oficial, todavía está sin reglamentar. “Se está convocando a los consejos de profesionales”, argumentaron.
La ley determina cuándo y cuántas inspecciones deben realizarse y crea un Registro Público de Demoledores y Excavadores que nunca se puso en marcha. Además detalla responsabilidades del representante técnico en la supervisión de la obra, incorpora sanciones para los propietarios en caso de no contratar una empresa inscripta en el registro y obliga a la AGC a publicar en su sitio web los expedientes de cada construcción.
Como un modo de compensar el retraso, voceros de la agencia alegaron haber ampliado los controles y subrayaron la creación de un móvil barrial de obras cuyo objetivo es recolectar las denuncias de vecinos. Sin embargo, la eficacia de este sistema está en duda. Desde abril de 2011, el único vehículo a disposición recorrió construcciones sólo de las comunas 5, 6, 12, 14 y 15, clausuró 16 de ellas y labró casi 30 actas de infracción
“El problema es el mismo. El ejecutivo no ha implementado medidas transcendentes y no consigue ordenar la recepción de denuncias, que siguen dispersas”, aclaró la presidenta de la Comisión de Planeamiento urbano de la legislatura porteña, la diputada Silvina Pedreira. Por su parte, Stella Romero, de la asociación “Salvemos Villa Urquiza” alertó: “Hace un mes hice una denuncia de una obra que no tiene pantalla de protección, por lo que le cabe clausura automática. Saqué fotos, mandé el mail, y al día de hoy sigue igual. Como esa hay miles”.
Días después del derrumbe del Gimnasio Orión, esa ONG presentó en la Legislatura, junto con la Defensoría del Pueblo, un pedido de informes sobre permisos de construcción y controles, que se respondió recién la semana pasada. “El nivel de comunicaciones y coordinación de la AGC es un desastre. Por ejemplo, en Ceretti al 2000 clausuraron una obra por falta de pantallas de protección. En abril violaron la norma y siguieron entrando materiales. Llamé a la fiscalía y vino la policía, que levantó un acta. Cuando estábamos todos en la puerta vino un inspector de la AGC. Dijo que venía a ver la obra por la denuncia que yo había hecho meses atrás y que ya estaba clausurada”, contó.
La Ley 3610 creó la comisión que preside Pedreira, para la reforma del Código de Edificación. De esa revisión, que busca soluciones en el largo plazo, participan la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Consejos de Profesionales, funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y la Defensoría del Pueblo, que impulsó esa reforma.
La UOCRA informó a Tiempo Argentino que cada semana denuncia, con carácter de urgente, unas cinco obras de demolición y excavación. Las advertencias son enviadas al gobierno porteño, aunque no reciben respuesta. “El Ejecutivo no tiene estructura dinámica ni coordinación entre las áreas. Nosotros somos sólo 13 personas, que llegamos a ver la totalidad de las obras en Capital, de forma permanente, cosa que ellos no hacen”, indicó a este diario una fuente sindical. “Ciudad sacó gran propaganda diciendo que habilitaba un teléfono para denuncias, pero el problema no es recibirlas, sino qué se hace con eso. El tema está en que las cajonean”, agregó. <
Por Lucía Álvarez y Gustavo Sarmiento
El gobierno porteño aún no reglamentó la Ley 3562, creada especialmente para verificar obras y evitar tragedias como la que ocasionó el desplome del gimnasio de Villa Urquiza. La responsabilidad recae actualmente en la AGC.
A un año del derrumbe del gimnasio Orión en Villa Urquiza, que dejó tres muertos y una decena heridos, la causa judicial sigue abierta y sin procesamientos. En este tiempo, al menos otras seis personas fallecieron y unas 30 terminaron lesionadas por falta de controles a las obras impulsadas por el boom inmobiliario. Pero el síntoma más grave es la desidia del gobierno porteño para modificar el problema de raíz: la gestión PRO continúa sin aplicar la Ley 3562 que regula las inspecciones en demoliciones y excavaciones, y que fue sancionada por la Legislatura en septiembre del año pasado, tras el derrumbe del boliche Beara, en el barrio de Palermo. La norma significó una respuesta expeditiva de los diputados porteños ante la situación de emergencia, pero tal como explicaron a este diario desde la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la autoridad de aplicación, a casi un año de su publicación en el Boletín Oficial, todavía está sin reglamentar. “Se está convocando a los consejos de profesionales”, argumentaron.
La ley determina cuándo y cuántas inspecciones deben realizarse y crea un Registro Público de Demoledores y Excavadores que nunca se puso en marcha. Además detalla responsabilidades del representante técnico en la supervisión de la obra, incorpora sanciones para los propietarios en caso de no contratar una empresa inscripta en el registro y obliga a la AGC a publicar en su sitio web los expedientes de cada construcción.
Como un modo de compensar el retraso, voceros de la agencia alegaron haber ampliado los controles y subrayaron la creación de un móvil barrial de obras cuyo objetivo es recolectar las denuncias de vecinos. Sin embargo, la eficacia de este sistema está en duda. Desde abril de 2011, el único vehículo a disposición recorrió construcciones sólo de las comunas 5, 6, 12, 14 y 15, clausuró 16 de ellas y labró casi 30 actas de infracción
“El problema es el mismo. El ejecutivo no ha implementado medidas transcendentes y no consigue ordenar la recepción de denuncias, que siguen dispersas”, aclaró la presidenta de la Comisión de Planeamiento urbano de la legislatura porteña, la diputada Silvina Pedreira. Por su parte, Stella Romero, de la asociación “Salvemos Villa Urquiza” alertó: “Hace un mes hice una denuncia de una obra que no tiene pantalla de protección, por lo que le cabe clausura automática. Saqué fotos, mandé el mail, y al día de hoy sigue igual. Como esa hay miles”.
Días después del derrumbe del Gimnasio Orión, esa ONG presentó en la Legislatura, junto con la Defensoría del Pueblo, un pedido de informes sobre permisos de construcción y controles, que se respondió recién la semana pasada. “El nivel de comunicaciones y coordinación de la AGC es un desastre. Por ejemplo, en Ceretti al 2000 clausuraron una obra por falta de pantallas de protección. En abril violaron la norma y siguieron entrando materiales. Llamé a la fiscalía y vino la policía, que levantó un acta. Cuando estábamos todos en la puerta vino un inspector de la AGC. Dijo que venía a ver la obra por la denuncia que yo había hecho meses atrás y que ya estaba clausurada”, contó.
La Ley 3610 creó la comisión que preside Pedreira, para la reforma del Código de Edificación. De esa revisión, que busca soluciones en el largo plazo, participan la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Consejos de Profesionales, funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y la Defensoría del Pueblo, que impulsó esa reforma.
La UOCRA informó a Tiempo Argentino que cada semana denuncia, con carácter de urgente, unas cinco obras de demolición y excavación. Las advertencias son enviadas al gobierno porteño, aunque no reciben respuesta. “El Ejecutivo no tiene estructura dinámica ni coordinación entre las áreas. Nosotros somos sólo 13 personas, que llegamos a ver la totalidad de las obras en Capital, de forma permanente, cosa que ellos no hacen”, indicó a este diario una fuente sindical. “Ciudad sacó gran propaganda diciendo que habilitaba un teléfono para denuncias, pero el problema no es recibirlas, sino qué se hace con eso. El tema está en que las cajonean”, agregó. <
miércoles, 3 de agosto de 2011
LA MEMORIA EDILICIA DE LA CIUDAD
http://www.parquechasweb.com.ar/parquechas/notas/Nota_compromiso_pat_290711.htm
Se firmó un “Compromiso para la Conservación y protección del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Cultural de Buenos Aires”
Impulsado por la agrupación Basta de Demoler, con la adhesión de diez organizaciones vecinales; Maria Eugenia Estenssoro, Silvana Giudice, Daniel Filmus, Jorge Telerman, Pino Solanas y Ricardo López Murphy rubricaron con su firma esta iniciativa. El macrismo estuvo ausente.
En este año electoral Basta de Demoler visitó a los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad, para acercarles el listado de propuestas que los vecinos consideran necesarias aplicar, para mejorar las políticas de preservación del patrimonio arquitectónico porteño.
Con la adhesión de diez organizaciones vecinales, se les pidió a los candidatos que se comprometan a firmar un Acta Compromiso por el Patrimonio. Las ONGs son las siguientes: BASTA DE DEMOLER – PROTEGER BARRACAS – PROTOCOMUNA CABALLITOSALVAR FLORESTA – SALVEMOS VILLA URQUIZA – SOS CABALLITO – AMIGOS AVENIDA PUEYRREDON – COMISIÓN VECINOS CALLE IRALA – SAN TELMO PRESERVA – VECINOS PARQUE CHACABUCO – VECINOS PJE. GRANVILLE.
Quienes firmaron el compromiso fueron: Maria Eugenia Estenssoro, Silvana Giudice, Daniel Filmus, Jorge Telerman, Pino Solanas y Ricardo López Murphy rubricaron con su firma esta iniciativa. El macrismo estuvo ausente.
Los firmantes incluyeron en sus plataformas electorales el principio de la preservación del patrimonio arquitectónico, urbano y cultural, entendido como el conducto para vincular a la gente con su historia, encarnar el valor simbólico de las diferentes identidades culturales y permitir la transmisión a las próximas generaciones y a llevarlo a la práctica mediante acciones concretas de gobierno.
Con los alcances antes señalados y conformes los postulados que sean de aplicación contenidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las propuestas de asociaciones vecinales, se considera prioritario el promover políticas de estado y la sanción y cumplimiento de leyes que aseguren:
la preservación del patrimonio urbano, histórico y arquitectónico.
el inventario de todos los inmuebles con valor patrimonial y su inclusión en un catalogo definitivo.
la prioridad y respeto de las características de uso y morfológicas urbanas en la zonificación.
la implementación de proyectos vecinales para la defensa de la morfología de los barrios.
la puesta en marcha de los instrumentos previstos como recursos e incentivos.
la protección y restauración de los bienes patrimoniales pertenecientes a la ciudad.
la protección de los espacios verdes históricos de la ciudad.
la protección de los espacios verdes y la creación de nuevos en espacios no utilizados por la ciudad.
la participación ciudadana en todos los procesos de planificación urbana.
la creación de una conciencia del valor del patrimonio, preventivo y activo a través de la educación.
Basta de Demoler
Asociación Civil Basta de Demoler es una Organización No Gubernamental, sin fines de lucro, establecida formalmente en abril del 2007 por un grupo de vecinos de la ciudad de Buenos Aires unidos con el objeto de defender el patrimonio urbanístico de la ciudad.
Comenzó convocando a los ciudadanos a manifestarse públicamente en contra de las demoliciones de los edificios de valor arquitectónico e histórico; luego emprendió diversas estrategias en defensa del patrimonio y extendió su accionar a los parques, calles y veredas históricas, mobiliario urbano; es decir, todo aquello que forma parte del patrimonio tangible.
Se firmó un “Compromiso para la Conservación y protección del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Cultural de Buenos Aires”
Impulsado por la agrupación Basta de Demoler, con la adhesión de diez organizaciones vecinales; Maria Eugenia Estenssoro, Silvana Giudice, Daniel Filmus, Jorge Telerman, Pino Solanas y Ricardo López Murphy rubricaron con su firma esta iniciativa. El macrismo estuvo ausente.
En este año electoral Basta de Demoler visitó a los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad, para acercarles el listado de propuestas que los vecinos consideran necesarias aplicar, para mejorar las políticas de preservación del patrimonio arquitectónico porteño.
Con la adhesión de diez organizaciones vecinales, se les pidió a los candidatos que se comprometan a firmar un Acta Compromiso por el Patrimonio. Las ONGs son las siguientes: BASTA DE DEMOLER – PROTEGER BARRACAS – PROTOCOMUNA CABALLITOSALVAR FLORESTA – SALVEMOS VILLA URQUIZA – SOS CABALLITO – AMIGOS AVENIDA PUEYRREDON – COMISIÓN VECINOS CALLE IRALA – SAN TELMO PRESERVA – VECINOS PARQUE CHACABUCO – VECINOS PJE. GRANVILLE.
Quienes firmaron el compromiso fueron: Maria Eugenia Estenssoro, Silvana Giudice, Daniel Filmus, Jorge Telerman, Pino Solanas y Ricardo López Murphy rubricaron con su firma esta iniciativa. El macrismo estuvo ausente.
Los firmantes incluyeron en sus plataformas electorales el principio de la preservación del patrimonio arquitectónico, urbano y cultural, entendido como el conducto para vincular a la gente con su historia, encarnar el valor simbólico de las diferentes identidades culturales y permitir la transmisión a las próximas generaciones y a llevarlo a la práctica mediante acciones concretas de gobierno.
Con los alcances antes señalados y conformes los postulados que sean de aplicación contenidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las propuestas de asociaciones vecinales, se considera prioritario el promover políticas de estado y la sanción y cumplimiento de leyes que aseguren:
la preservación del patrimonio urbano, histórico y arquitectónico.
el inventario de todos los inmuebles con valor patrimonial y su inclusión en un catalogo definitivo.
la prioridad y respeto de las características de uso y morfológicas urbanas en la zonificación.
la implementación de proyectos vecinales para la defensa de la morfología de los barrios.
la puesta en marcha de los instrumentos previstos como recursos e incentivos.
la protección y restauración de los bienes patrimoniales pertenecientes a la ciudad.
la protección de los espacios verdes históricos de la ciudad.
la protección de los espacios verdes y la creación de nuevos en espacios no utilizados por la ciudad.
la participación ciudadana en todos los procesos de planificación urbana.
la creación de una conciencia del valor del patrimonio, preventivo y activo a través de la educación.
Basta de Demoler
Asociación Civil Basta de Demoler es una Organización No Gubernamental, sin fines de lucro, establecida formalmente en abril del 2007 por un grupo de vecinos de la ciudad de Buenos Aires unidos con el objeto de defender el patrimonio urbanístico de la ciudad.
Comenzó convocando a los ciudadanos a manifestarse públicamente en contra de las demoliciones de los edificios de valor arquitectónico e histórico; luego emprendió diversas estrategias en defensa del patrimonio y extendió su accionar a los parques, calles y veredas históricas, mobiliario urbano; es decir, todo aquello que forma parte del patrimonio tangible.
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